La sala de vistas de la Audiencia Nacional se abarrotará a partir de este lunes con una representación del poder político, empresarial y sindical, cómplices en el desastre de las cajas de ahorro y la consiguiente sangría de las arcas públicas en el centro de la crisis. Pero ninguno de los 65 acusados responderá en este juicio por ello. O al menos solo lo harán por la guinda del pastel, los 12 millones de euros que gastaron sin control durante una década con sus tarjetas ‘black’, un premio para la mayoría por asentir desde su silla del consejo de administración o un de un puesto directivo, primero de Caja Madrid y después de Bankia, según la acusación popular.
Y al frente de todos los acusados, los dos personajes que la mayoría del Partido Popular en la Comunidad de Madrid aupó al gran despacho de la última planta: Miguel Blesa y Rodrigo Rato. Sus fotos de aquellos años junto a las de ahora conforman un relato ilustrado del declive. Blesa, de íntimo de Aznar con retrato millonario a señor despeinado y con el rostro desencajado, entre empujones de un grupo de jubilados con preferentes. Rato, de registrar a su nombre el supuesto “milagro económico”, vicepresidente del Gobierno, director del FMI, a entrar en un coche policial con la mano de un funcionario en la nuca.
El calvario judicial de ambos no empieza, ni acaba en las tarjetas black, pero serán los plásticos que repartían con alegría entre sus consejeros y directivos los que primero les sienten en el banquillo. Y con una petición de cárcel. Seis años para Blesa y cuatro y medio para Rato, según reclama la Fiscalía Anticorrupción. Diez años de acuerdo a la petición de la acusación popular, la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), que suma al delito continuado de apropiación indebida, atribuido por la Fiscalía, otro de administración desleal, como responsables no solo de los gastos con su tarjeta ‘black’ sino del desfalco que los demás hicieron con el resto de plásticos.
Justo detrás de ellos dos en la pirámide de responsabilidades, Ildefonso Sánchez Barcoj, el puente entre la presidencia de Caja Madrid de Miguel Blesa y la de Rato, mano derecha de ambos en esa entidad, y también del segundo tras la conversión a Bankia. La acusación popular pide cuatro años de cárcel para él. Sus secretarias entregaban el premio en mano, dentro de un sobre, a los afortunados con la tarjeta opaca. Solo quedaba disfrutar.
Ellos tres y los 62 acusados restantes estarán sentados en el banquillo porque participaron, según el fiscal Alejandro Luzón, de “una suerte de sistema retributivo que carecía de todo amparo legal”. Ni estaba previsto en los estatutos de la Caja, ni aparecía en los contratos firmados por consejeros y directivos, ni dejó rastro en los acuerdos del consejo de administración de Caja Madrid.
Y no puede tratarse de un error. Para intentar esconder la práctica fraudulenta, sus responsables emitieron las tarjetas “al margen del circuito ordinario” previsto en Caja Madrid, añade en su escrito de acusación Luzón. Tan escondidas estaban que en destapar las tarjetas ‘black’ influyeron de forma decisiva elementos tan dispares como un magistrado apartado de la carrera judicial y el trabajo periodístico de este joven medio de comunicación.
Los correos de Blesa
Elpidio Silva investigaba a Blesa por otros hechos durante su presidencia de Caja Madrid cuando ordenó a la Guardia Civil requisar los correos electrónicos de la entidad, una de las diligencias por las que fue condenado por prevaricación. Meses después, eldiario.es tuvo acceso los correos y entre más de 8.000 encontró uno que, bajo el epígrafe de “Confidencial”, bautizaba la práctica y la describía a la perfección. El secretario saliente del Consejo de Administración, Enrique de la Torre, informa a su sustituto, Jesús Rodrigo, con copia a Blesa: “Los miembros de la Comisión de Control, conforme a la normativa de Caja Madrid, no pueden pertenecer a Consejos de filiales o participadas. Por tanto, solo cobran dietas por las reuniones de la Comisión (1350 € brutos). Además, tiene cada uno una tarjeta visa de gastos de representación, black a efectos fiscales hasta ahora (…) de 25000 € anuales excepto su Presidente que tiene una cobertura de 50000 €”.
El presidente actual de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, reconoce públicamente que aquella información de eldiario.es publicada el 13 de diciembre de 2013 les puso sobre la pista. Provocó una auditoría interna, el informe al FROB, la actuación de la Fiscalía Anticorrupción y, por fin, la apertura de una pieza separada por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, quien ya investigaba la salida a bolsa de Bankia. La entidad y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria ejercen la acusación particular en la causa.
Durante la instrucción, la mayoría de los 65 acusados le dijeron al juez que pensaban que las tarjetas eran para pagar gastos de su actividad, en muchos casos unas pocas reuniones. Unos gastos que ni ellos, ni la entidad declararon a Hacienda. “La opacidad del sistema retributivo se completó al establecerse que los destinatarios de las tarjetas no debían presentar justificación documental alguna acreditativa del gasto, de lo que expresamente se les advertía al entregárseles la correspondiente tarjeta”, se lee en el escrito de Anticorrupción.
Blesa argumentó que la práctica fue heredada de Miguel Terceiro, su antecesor en el cargo, nombrado por el PSOE. Anticorrupción, sin embargo, sostiene que las tarjetas estaban destinadas en su origen a gastos de representación y que, “se convirtieron bajo el mandato de Miguel Blesa en una retribución cuya improcedencia era perfectamente conocida por sus beneficiarios, que nunca declararon a la Administración Tributaria las percepciones correspondientes al uso de las tarjetas y que hicieron suyas en perjuicio de Caja Madrid”.
Después vino Rato, que restringió la práctica a sus antiguos colegas del consejo de administración de Caja Madrid y a él mismo. Solo quedaban Manuel Fernández Norniella, Matías Amat, el citado Sánchez Barcoj y Francisco Verdú. Aquella decisión se ha revelado como un error con visos de pesar en la decisión final del tribunal. Verdú comparecerá como testigo y reiterará ante sus tres miembros y las decenas de medios acreditados que él es el hombre que dijo no, quien rechazó la tarjeta y ha dejado en evidencia que aceptar la tarjeta y gastar en supermercados, hoteles de lujo, restaurantes o tiendas de ropa el dinero de Caja Madrid no era ninguna obligación.
Sin atenuante para Blesa y Rato
En el escrito de acusación de la Fiscalía, fechado en diciembre pasado, se aplica el atenuante por haber devuelto parte o la totalidad del dinero gastado a once consejeros y directivos. No aparecen en esa lista Rodrigo Rato, que ha devuelto solo una parte de lo que gastó, ni Miguel Blesa, quien ha reintegrado los 436.000 euros de su tarjeta ‘black’ tan solo unos días antes de que comience el juicio.
No se les aplica atenuante porque el Ministerio Público reclama a Rato y Blesa el dinero gastado por ellos mismos, pero también el de sus consejeros y directivos. Así, a Blesa le reclama 9,3 millones de euros, por lo gastado con los plásticos entre 2003 y 2010; y a Rato, un total de 2,6 millones, por las cantidades entre febrero de 2010 y mayo de 2012.
De los 63 acusados restantes [ver aquí nombres, gastos y solicitud de penas], 20 de ellos se enfrentan a una petición de condena de 4 años de cárcel por parte de Anticorrupción. En este apartado aparece el exdirigente de Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid José Antonio Moral Santín, el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán y el exdirigente de CCOO Rodolfo Benito. A partir de ahí, las penas van descendiendo en distintos grados hasta el año de cárcel para los que reciben una petición de cárcel menor, según las cantidades gastadas.