Chaves y Griñán, al final del túnel judicial de los ERE y de una década de ostracismo público

El desmontaje de la pieza política del caso ERE ha llegado esta semana a “la cúspide de la pirámide”, como lo bautizó la primera jueza instructora, Mercedes Alaya, para trazar una línea de continuidad entre el fraude de las ayudas sociolaborales de la Consejería de Empleo y la responsabilidad máxima del presidente de la Junta. Por aquel juzgado de Sevilla, Manuel Chaves y José Antonio Griñán hicieron el 'paseíllo' el 16 de marzo de 2016, pero también por el Tribunal Supremo. Todo ello, y mucho más, antes de la celebración del juicio, que se alargó durante todo 2018. Una “experiencia vital”, según lo definió Chaves. Ahora, el Tribunal Constitucional ha anulado la condena de cárcel de uno y ha rebajado la inhabilitación del otro, ordenando a la Audiencia de Sevilla que revise las condenas dictadas en noviembre de 2019 y ratificadas por el Supremo en junio de 2022.

Jueces, tribunales, escritos de acusación y recursos de defensa de ida y vuelta para los dirigentes del PSOE y de la Junta de Andalucía que durante 23 años consecutivos dirigieron la política andaluza y la política socialista, y que entre 2013 y 2024 han estado inmersos en un procedimiento con tanto recorrido judicial como político y mediático. Con las decisiones de este martes, el Constitucional despeja el camino al PSOE andaluz para recuperar a sus máximos referentes políticos y rehabilitar su pasado: dos décadas de gobiernos socialistas que durante los 15 años de instrucción del caso ERE han sido silenciados u orillados por sus herederos.

Ese 'efecto ERE', salpicado de decisiones de la jueza Alaya en momentos muy puntuales al comienzo de la instrucción, ha perseguido desde entonces a Griñán y Chaves. La jueza pidió su imputación en septiembre de 2013, una decisión difundida por el PP andaluz en el mismo momento de la toma de posesión del nuevo Gobierno de Susana Díaz (luego anulada por la Audiencia). Solo había pasado mes y medio desde que Griñán anunciara que dejaba la presidencia de la Junta. “Me duele el daño del caso de los ERE a la Junta de Andalucía ,y por eso doy un paso atrás”, había esgrimido.

Los dos expresidentes andaluces fueron conminados a abandonar sus cargos públicos y entregar el carné del partido –donde habían militado desde el tardofranquismo– tras ser imputados por corrupción, es decir, antes del momento procesal que establece el código ético del PSOE: la apertura de juicio oral. Quién decidió ir más allá de los propios estatutos del partido fue precisamente la entonces secretaria general del PSOE-A y presidenta de la Junta, Susana Díaz, que había heredado ambos cargos de Griñán. Corría el año 2015, Díaz había roto el Gobierno de coalición con IU, había adelantado las elecciones y logrado una mayoría insuficiente, que precisaba del apoyo de Ciudadanos en su investidura. Decidió anticiparse a la dirección federal del partido y, sin avisar a Pedro Sánchez, anunció por sorpresa –en directo por televisión– que exigiría la dimisión de todos los cargos públicos imputados por delito de corrupción. La cabeza de Chaves y Griñán a cambio del apoyo de Ciudadanos a su investidura.

“Pepe, Susana nos ha matado”

Fue en el verano de 2014 cuando Alaya elevó parte del caso ERE al Tribunal Supremo. Unos meses después, en noviembre de 2014, el alto tribunal comenzaba su investigación. Tras declarar los expresidentes el 9 de abril y el 14 de abril de 2015, el Supremo ponía formalmente por primera vez nombre a la acusación que venía rodeando a los exdirigentes socialistas, también a la mano derecha de Chaves, el exconsejero Gaspar Zarrías: prevaricación administrativa. La misma que ahora ha tumbado el Tribunal Constitucional respecto a Griñán. “Yo no creo que hubiera un gran plan pero hubo un gran fraude”, dijo el expresidente para la posteridad a las puertas del tribunal que luego ratificaría su condenaría de seis años.

Griñán, que había dimitido por la presión de los ERE y cedido el partido y el Gobierno a Susana Díaz, no movió un músculo ni protestó. Chaves la llamó por teléfono: “Me dejas a los pies de los caballos. Tus declaraciones eran innecesarias, ahora has puesto el punto de atención sobre nosotros y esto va a ser un escándalo”, le dijo. Y colgó. Luego telefoneó a Griñán: “Pepe, Susana nos ha matado. Es como si nos hubiera clavado un puñal”, le contó a su viejo amigo.

Han pasado ocho años desde que salieran de los juzgados de Sevilla sin declarar. Se remitieron a lo dicho un año antes en el Supremo, facilitando a la prensa unos escuetos comunicados. Son otros tiempos, y ahora el PSOE ha difundido un audio de Chaves tras el fallo del TC: “Por fin se ha hecho justicia. No había trama política”, ha celebrado. Fue poco después aquella no-declaración judicial, el 1 de junio de 2016, cuando el juez Álvaro Martín (el tercer instructor de la macrocausa) transformó definitivamente las diligencias previas en procedimiento abreviado contra los expresidentes de la Junta y otros 24 ex altos cargos del Gobierno andaluz.

De la Audiencia de Sevilla al Constitucional

Todo eso pasó antes del juicio, que arrancó el 13 de diciembre de 2017 y que quedó visto para sentencia el 17 de diciembre de 2018, apenas 15 días después de las elecciones que, por primera vez en la historia, daban el poder al PP en Andalucía. También un poco antes, aquel mes de noviembre, tanto Chaves como Griñán guardaron silencio en el Senado sobre los ERE para “preservar” su “derecho de defensa” en el juicio. Susana Díaz compareció también (el 8 de noviembre) y argumentó que aquello era “un juicio político” y que su presencia en dicha comisión obedecía a que era la candidata del PSOE. Otra vez la causa de los ERE y unas elecciones discurrían de manera casi paralela.

Otro año después llegaría la esperada y conocida sentencia de la Audiencia de Sevilla, el 19 de noviembre de 2019. La caída de los expresidentes andaluces, su dimisión en el Congreso y en el Senado, su salida del partido y su ostracismo público confluyeron hacia un punto de combustión irreversible el 22 de junio de 2022, cuando el Supremo ratifica la condena a Chaves por prevaricación y la condena a Griñán por prevaricación y malversación.

Ambos estaban convencidos de que el Alto Tribunal desarmaría la teoría de que detrás del fraude de ayudas había un plan urdido desde el Consejo de Gobierno, mandatado por el presidente y sus consejeros, que diseñaron una arquitectura legal para eludir el control de gasto, pintada en los Presupuestos Autonómicos, y engañando al Parlamento andaluz.

El estado anímico del PSOE-A, entonces ya en manos de Juan Espadas, se hundió aún más. Los socialistas vagaban por el desierto de la oposición ante un nuevo Gobierno de Juan Manuel Moreno con mayoría absoluta. “Acatamos, pero no compartimos”, dijo Espadas aquel día, insistiendo en que los expresidentes eran “personas honestas, que no se habían llevado un solo euro”.

Dos reacciones

La reacción de los dos expresidentes a este calvario judicial no ha sido la misma. Chaves no ha dejado de asistir a actos públicos, aunque se ha cuidado mucho de no dejarse ver en campañas, mítines o convocatorias del PSOE. Sí ha asistido a presentaciones de libros, a homenajes, a efemérides promovidas por algún agente social y, en todo momento, ha defendido con vehemencia su tesis, su profunda discrepancia con el relato jurídico-político que le había condenado, y el convencimiento de que el PP había pilotado una operación para darle muerte política porque durante 19 años fue incapaz de ganarle en las urnas.

El camino de Griñán fue otro: se apartó de la vida pública, se recluyó en su casa, se encerró con su familia y limitó el contacto con un puñado de amigos y excolaboradores. Escribió una biografía –Cuando ya nada se espera, de Galaxia Gutenberg– que concluye con un epílogo sobre el caso ERE, señalando como inductores de una cacería política a quienes dirigieron aquel PP andaluz, personado como acusación particular, con los nombres de Javier Arenas y Juan Ignacio Zoido.

El tono de las memorias es un reflejo del estado anímico de Griñán estos últimos años: abatido, triste, solo, “decepcionado” con la política. El expresidente andaluz arrastra serios problemas de salud, incluido un cáncer de próstata cuyo tratamiento severo le permitió, apenas hace un año, sortear el ingreso en prisión.

El Constitucional ha abierto la puerta a la rehabilitación política de Chaves y Griñán, sacando al PSOE andaluz de la orfandad que ha arrastrado todos estos años. Espadas quiere rendirles un gran homenaje, les ha ofrecido ya devolverles el carné del partido y ha conminado a todos los alcaldes, concejales, dirigentes y cargos medios del partido de este a oeste de Andalucía a “levantar la cabeza”, defender sin fisuras el legado de los expresidentes y el nombre del PSOE-A.

Califican el caso ERE de “montaje” y acusan al PP de impulsar una “cacería política” contra los socialistas, “sin la cual Moreno hoy no sería presidente”. Los populares se ha revuelto contra el nuevo paisaje judicial, desacreditando al Constitucional, al que han calificado desde la Junta de Andalucía de “instrumento de Moncloa”.

Ruptura in extremis

El PP denuncia la vinculación de algunos de los magistrados con el PSOE –el juez Juan Carlos Campo fue ministro de Justicia de Sánchez y director general de Relaciones con la Administración de Justicia de la Junta de Andalucía entre 1997 y 2001–, pero no pidió su recusación al conocer la composición que iba a deliberar sobre los recursos interpuestos por los condenados de los ERE. Lo hizo la semana pasada, pero el TC ha tumbado su solicitud por “extemporánea”, como recoge la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En el Parlamento andaluz, la contraofensiva del PP de Moreno sí ha tenido una consecuencia inmediata: la ruptura in extremis del pacto que cerraron con el PSOE hace siete meses para reformar la Ley del Consejo Consultivo de Andalucía. La norma permite a los expresidentes menores de 75 años optar a un puesto como consejeros permanentes de este órgano, con un sueldo de 83.000 euros al año.

Los socialistas ofrecieron su apoyo al PP a cambio de una cláusula para extender este derecho a los expresidentes mayores de 75 años, incluyendo a Rafael Escuredo y José Rodríguez de la Borbolla. En principio, Chaves y Griñán quedaban fuera, al estar inhabilitados para cargo público por la condena de los ERE. El Constitucional cambió drásticamente ese escenario y, ante la perspectiva de que ambos pudieran beneficiarse de esta ley, el PP votó en contra en el último momento.