A escasos meses del primer aniversario de la Ley Rider, aprobada para obligar a las empresas de reparto a contratar laboralmente a sus mensajeros (riders) tras múltiples condenas por un modelo fraudulento, Glovo sigue actuando con repartidores autónomos. Este hecho, como ya indicó Uber Eats en el pasado, genera problemas a sus competidores que sí se acogen al modelo laboral marcado por la ley, denuncian ahora desde Just Eat. Sin mencionar el nombre de Glovo, el director general de Just Eat en España ha criticado este martes que hay “un operador” que sigue actuando al margen de la ley. “Hace un daño tremendo a la competencia libre y justa”, ha advertido Patrik Bergareche.
La Ley Rider fue aprobada en mayo de 2021, después seis años, 18.000 falsos autónomos detectados y casi 50 condenas sobre el abuso de falsos autónomos. Condenas, incluso del Tribunal Supremo, a Glovo y Deliveroo, por este fraude laboral.
A pesar de la nueva legislación para atar expresamente en el marco jurídico el modelo laboral en estas compañías, dos compañías no hicieron la transición con su entrada en vigor en agosto: Glovo y Deliveroo, que mantuvieron a los repartidores como autónomos. Deliveroo estaba en los últimos coletazos de funcionamiento en España, porque ya había anunciado que se marchaba del país. Antes de salir, contrató a los repartidores laboralmente (asumiendo la legislación) para despedirlos y aplicar un ERE. Así, Glovo se quedó como la única gran compañía que se ha aferrado al funcionamiento con autónomos a pesar de la nueva legislación.
La compañía española, fundada por Oscar Pierre y Sacha Michaud y adquirida más tarde al 80% por la alemana Delivery Hero en el arranque de 2022, ha defendido que cumple con el marco legal porque aplicó algunas modificaciones a su modelo de autónomos invalidado por la justicia.
Tras las denuncias de sindicatos sobre el nuevo sistema, desde el Ministerio que dirige Yolanda Díaz siempre han insistido en que la Inspección de Trabajo “tiene el deber de atender a todas las denuncias”, por lo que se entiende que está analizando este nuevo modelo. Sin embargo, casi un año después de la entrada en vigor de la Ley Rider, la empresa sigue operando con autónomos.
Just Eat exige sanciones para hacer cumplir la ley
Aun sin nombrar a Glovo, el responsable de Just Eat en España ha criticado al “único operador” que, en opinión de la compañía con sede en Ámsterdam, incumple la legislación española y complica la competencia a aquellas otras empresas que se ciñen al modelo laboral. Just Eat ha defendido en España la Ley Rider desde su negociación y ha llevado la delantera en el diálogo social con los sindicatos para pactar un convenio colectivo en el sector.
Patrik Bergareche ha explicado este martes en un encuentro con medios de comunicación que Just Eat ya tiene “más de 1.000 repartidores” contratados laboralmente de manera directa, en lo que llama el servicio Scoober. El responsable de esta delegación, Íñigo Barea, ha explicado que estos comenzaron con contratos temporales, pero que ahora están como indefinidos para cumplir con la nueva reforma laboral.
Además, Just Eat trabaja con otros dos tipos de repartidores: los de los propios restaurantes que están en su aplicación y mensajeros subcontratados. Sobre este último modelo, basado en la externalización, los responsables de Just Eat han explicado que han recurrido el acta de la Inspección de Trabajo en Catalunya que considera que incurre en cesión ilegal de trabajadores.
Bergareche ha explicado que Just Eat trabaja con mensajeros subcontratados desde hace siete años, en los que han sido analizados por muchas inspecciones “y siempre han salido bien”. Por ello, en la empresa confían en que el proceso se resuelva favorablemente. En caso de que la justicia estime que la externalización no es legal, “cambiaremos el modelo”, ha sostenido el responsable de Just Eat, para cumplir con la justicia.
Desde Just Eat han sostenido que confían en que “es cuestión de tiempo” que este operador al margen de la Ley Rider cumpla la norma, pero ha insistido en que esto “tiene que solucionarse”. La compañía ha contactado con el Ministerio de Trabajo para instar a que haga cumplir la norma. “Hemos pedido que el sancionador y el regulador tomen cartas en el asunto”, ha explicado Bergareche.