La Justicia europea se ha pronunciado sobre las ventajas fiscales concedidas a Apple por parte de Irlanda, por las que Bruselas reclamó a Dublín que exija a la multinacional la devolución de 13.000 millones de euros. Y ha anulado la decisión de la Comisión Europea, en lo que supone un revés sin precedentes para el Ejecutivo comunitario, en particular para su vicepresidenta de Competencia, la danesa Margrethe Vestager (liberal).
Al tiempo, es un espaldarazo a las políticas fiscales beneficiosas para las grandes empresas en países como Irlanda, Holanda, Luxemburgo y Bélgica. Hastatal punto, que lo ha celebrado el ministro de Finanzas irlandés, Paschal Donohoe, recién estrenado presidente del Eurogrupo tras imponerse a la española Nadia Calviño.
Mediante la sentencia de este miércoles, el Tribunal General anula la decisión impugnada “porque la Comisión no logró demostrar que existía una ventaja a los efectos” de la norma europea. Según el Tribunal General, “la Comisión se equivocó al declarar que Apple Sales International (ASI) y de Apple Operations Europe (AOE) habían recibido una ventaja económica selectiva y, por extensión, ayuda estatal”.
La vicepresidente Vestager ha difundido un comunicado tras la sentencia en el que afirma: “Si los Estados miembros otorgan a las empresas multinacionales ventajas fiscales que no están disponibles para sus rivales, esto perjudica la competencia leal en la UE. También priva al erario público y a los ciudadanos de fondos para inversiones muy necesarias, cuya necesidad es aún más aguda en tiempos de crisis. La Comisión continuará analizando medidas fiscales agresivas en virtud de las normas sobre ayudas estatales de la UE para analizar si son ayudas estatales ilegales. Al mismo tiempo, la aplicación de la ayuda estatal debe ir de la mano con un cambio en las filosofías corporativas y la legislación correcta para abordar las lagunas y garantizar la transparencia”.
Lo que fallaba este miércoles el Tribunal General de la UE eran dos asuntos relativos a ayudas de Estado, sendos recursos de anulación de la decisión de la Comisión Europea del 30 de agosto de 2016, relativa a la ayuda estatal concedida por Irlanda a Apple a raíz de dos resoluciones fiscales dictadas por la agencia tributaria irlandesa el 29 de enero de 1991 y el 23 de mayo de 2007 a favor de Apple Sales International (ASI) y de Apple Operations Europe (AOE).
Las resoluciones fiscales impugnadas refrendan los métodos empleados para que ASI y AOE asignen beneficios a sus respectivas sucursales irlandesas. Las citadas resoluciones permiten a ASI y AOE determinar el importe que deben abonar anualmente en concepto de impuesto sobre sociedades en Irlanda, aplicando los métodos de asignación de beneficios refrendados por la agencia tributaria irlandesa en dichas resoluciones.
La resolución de 1991 estuvo vigente hasta 2007, momento en el cual fue sustituida por la resolución de 2007. La resolución de 2007 estuvo vigente hasta que se estableció la nueva estructura corporativa de Apple en Irlanda. La Comisión Europea declaró que Irlanda había concedido a Apple una ayuda de Estado ilegal de unos 13.000 millones de euros. La Comisión ordenó que Irlanda recuperase la ayuda considerada ilegal.
Per el Tribunal General considera que “la Comisión concluyó incorrectamente que las autoridades fiscales irlandesas habían otorgado a ASI y AOE una ventaja como resultado de no haber asignado las licencias de propiedad intelectual del Grupo Apple en poder de ASI y AOE, y en consecuencia, todos los ingresos comerciales de ASI y AOE, obtenidos de las ventas del Grupo Apple fuera de Norteamérica y Sudamérica, a sus sucursales irlandesas. Según el Tribunal General, la Comisión debería haber demostrado que esos ingresos representaban el valor de las actividades realmente realizadas por las propias sucursales irlandesas, teniendo en cuenta, entre otras cosas, las actividades y funciones realmente realizadas por las sucursales irlandesas de ASI y AOE , por un lado, y las decisiones estratégicas tomadas e implementadas fuera de esas sucursales, por el otro”.
La sentencia puede ser recurrida por cualquiera de las partes en un plazo de dos meses y diez días. Por el momento, y hasta que la Justicia europea resuelva el asunto con una sentencia firme, Irlanda tiene bloqueados en un fondo los 14.300 millones depositados por Apple en 2018 (13.100 millones no pagados en impuestos y 1.200 millones en intereses).
El acuerdo fiscal entre Irlanda y Apple es con diferencia el más cuantioso de todos los que la Comisión Europea ha cuestionado durante los últimos años. Muchas de ellas acabaron en la Justicia europea, con destinos diferentes. El TUE avaló, por ejemplo, la decisión de Bruselas que obligó a Fiat a devolver 30 millones de euros en Luxemburgo, pero anuló la que exigía a Starbucks reembolsar 20 millones en Países Bajos y otra sobre Bélgica y el trato de favor a una cuarentena de empresas, con un valor total de 700 millones, informa Europa Press.