La excomisaria europea Neelie Kroes no informó a la Comisión de que mientras ostentaba la cartera de Competencia figuraba también como directora de una sociedad opaca en Bahamas. La “omisión”, admitida por la propia holandesa, ha puesto de manifiesto que Bruselas cuenta con pocas herramientas para prevenir los conflictos de interés y depende en gran medida de la buena fe de los comisarios.
Kroes, encargada de Competencia entre 2004 y 2009 y de Agenda Digital entre 2009 y 2014, habría dirigido una empresa offshore ubicada en el paraíso fiscal caribeño de 2000 a 2009 según una filtración –los Bahamaleaks– hecha pública este miércoles por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
Los comisarios no pueden ejercer ninguna otra actividad, remunerada o no, durante su mandato y deben incluir en su declaración de intereses sus puestos durante la última década. La nutrida declaración de Kroes incluía cargos en hasta 60 compañías, lo que ya entonces despertó dudas sobre posibles conflictos, pero no la offshore Mint Holdings, con lo que Bruselas a duras penas podía saber de su existencia.
“Contamos con que las declaraciones de nuestros comisarios sean precisas, veraces y completas. No tenemos un servicio de policía secreta que podamos enviar a Bahamas a buscar lo que no se nos ha comunicado”, dijo ayer el portavoz de la Comisión Europea , Margaritis Schinas preguntado por sus mecanismos de control.
Lo único que puede verificar el Ejecutivo son los cargos que sí se declaran, aunque fuentes europeas apuntan a que la capacidad de la Comisión para ello es “muy limitada” y está lejos del escrutinio al que se somete, por ejemplo, a los candidatos al congreso de Estados Unidos.
En esta tesitura a Bruselas solo le queda su capacidad de reacción. La CE ha pedido explicaciones a Kroes y si concluye que rompió las reglas podrá llevarla ante el Tribunal de Justicia Europeo. Tampoco excluye revisar las decisiones que tomó en materia de competencia para ver si hubo conflictos de interés.
La Corte también tiene poco margen para la sanción: solo podría retirarle la pensión –que Kroes nunca ha pedido cobrar– o pedirle que devuelva la indemnización transitoria que se embolsó durante tres años al dejar su cargo.
Kroes ha admitido a la Comisión que “omitió” incluir la compañía en su declaración, pero asegura también que nunca estuvo operativa y que su presencia se debe a un “error administrativo”.
Solo un excomisario ha llegado ante la justicia
Hasta la fecha solo un excomisario ha acabado ante la justicia. En 1999 la exprimera ministra francesa Edith Cresson, entonces comisaria de Educación, fue acusada de favoritismo por contratar a un amigo dentista como consejero en su gabinete. El caso obligó al colegio de comisarios, dirigido por Jacques Santer, a dimitir en pleno y en 2003 la Comisión Prodi llevó el caso al TJUE.
En 2006 la Corte confirmó que había habido favoritismo pero no impuso pena económica alguna. El Tribunal consideró que “la constatación de la falta es en sí misma una sanción apropiada” y Cresson mantuvo su pensión de 3.600 euros.
Pero en la política europea, profundamente marcada por la relación entre lobbys e instituciones, los conflictos de interés son una constante que ha llegado hasta el propio Comité de Ética de la Comisión.
En 2014 Michel Petite, uno de los miembros del Comité encargado de velar por la integridad de los comisarios, se vio forzado a dimitir precisamente por un conflicto de intereses. Petite fue director general del Servicio Jurídico entre 2001 y 2007 además de asesor de los presidentes del Ejecutivo Jacques Delors, Romano Prodi y José Manuel Durao Barroso.
En 2008 dejó la Comisión por la puerta giratoria para trabajar en el bufete de abogados Clidfford Chance para quien ejerció como lobista ante la UE a favor de tabacaleras, entre otras Philip Morris. Pese a ello la Comisión le nombró miembro del Comité de Ética en 2012, lo que llevó a la Defensora del Pueblo a pedir una investigación sobre el caso. Unos meses después Petite dimitió.
En lo que respecta a España el último en ser escrutinado por un posible conflicto de intereses ha sido el exministro de Agricultura Miguel Arias Cañete, hoy comisario de Energía, después de que su mujer, Micaela Domecq, apareciese en los Papeles de Panamá como responsable de las transacciones de una empresa offshore en el país americano. Cañete aseguró que las actividades de su mujer estaban separadas de las suyas.
La Comisión aseguró ayer que los casos de Kroes y la mujer de Cañete no son comparables y defendió que el exministro ya ha dado explicaciones ante la Comisión del Parlamento Europeo encargada de investigar Los Papeles de Panamá.
Antes de ser confirmado para la cartera Cañete tuvo que enmendar a última hora su declaración de intereses para incluir 30.000 euros en complementos salarias del PP. Previamente había vendido sus acciones en dos compañías petrolíferas. Con todo la Eurocámara le sometió a una intensa audiencia para solventar las dudas sobre un posible conflicto de intereses en el sector energético.
El escándalo de Kroes no podía llegar en peor momento para la Comisión, que quiere hacer de la lucha contra la evasión fiscal de las multinacionales una de sus prioridades políticas y ha prometido una lista de paraísos fiscales para el año próximo. Bruselas se enfrenta además a una crisis de desconfianza ciudadana agravada por el fichaje del expresidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, por el banco de inversión Goldman Sachs.