La última propuesta de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sobre limitar el precio de una “cesta equilibrada y sana” de alimentos, que adelantó a elDiario en una entrevista publicada este lunes, ha provocado recelo y oposición en el sector de la distribución y división de opiniones en el Gobierno.
El Ministerio de Agricultura de Luis Planas se posicionó previamente (y se mantiene) en contra, al igual que otras carteras del PSOE. En el otro lado de la coalición, el Ministerio de Consumo de Alberto Garzón está incluido en el grupo de trabajo para negociar este nuevo tope, que pretende aliviar el daño a las familias y a los productores de la actual crisis de inflación, con origen en el incremento de los precios de la energía y exacerbada por la invasión rusa de Ucrania.
Las patronales de los supermercados y del resto de empresas que se dedican a distribuir alimentos niegan que tuvieran información previa sobre este anuncio. Y, aunque admiten que la subida del aceite, el pan, la leche o los huevos es un problema grave, consideran que sería más oportuno una medida como reducir el IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) de estos productos.
Planas: “No se pueden fijar precios”
Un día antes de publicarse la entrevista a Yolanda Díaz (el domingo), Luis Planas aseguró, en declaraciones ofrecidas a Europa Press, que la intervención de precios es una “medida excepcional” que solo se puede adoptar, de acuerdo con la normativa europea, en el caso de mercados regulados y el mercado agroalimentario no lo es. Desde el Ministerio de Agricultura, este lunes, se ceñían a esta postura, según confirmó elDiario. Otras fuentes del Gobierno consultadas sostienen que desconocían la propuesta.
En una entrevista en la cadena Cuatro, la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, descartó la propuesta de la vicepresidenta segunda al señalar que las líneas de la política del Ejecutivo van en otro sentido. “Estamos en un libre mercado, pero las medidas del Gobierno van en otra dirección. Entiendo que la vicepresidenta segunda esté profundizando en este planteamiento, pero hoy la fortaleza del gobierno es otra: reforzar el poder adquisitivo y ayudar a los sectores productivos para hacerse cargo del incremento de los costes”, apuntó Rodríguez.
Mientras, Yolanda Díaz reiteraba este mismo lunes que “la alimentación está siendo un enorme problema para nuestro país, para la ciudadanía y para los productores”, y que no pretende una ley sino “un acuerdo”, que no vulnerará la competencia, con las distribuidoras y los consumidores para “determinar una cesta de productos básicos, en torno a 20 o 30, en los que, como hemos hecho con el gas y otras materias, topemos los precios”.
La inflación de los alimentos, según incidió, “está siendo un problema para el consumidor porque pierde poder adquisitivo, y tiene dificultades para comer saludablemente. Y para el productor porque está vendiendo sus naranjas a 15 céntimos y nosotros las compramos a 1,40 euros, o igualmente ocurre con las patatas...”, con el coste del transporte y la energía disparados.
“Ya hay, por ejemplo, precio máximo para la bombona de butano, porque es un momento excepcional, estamos en guerra”, añadió la vicepresidenta segunda.
Los alimentos está sufriendo una fuerte variación entre el precio al que los productores venden sus productos a las empresas de distribución y lo que tienen que pagar los consumidores cuando esos productos son vendidos en los lineales de los supermercados. La asociación agraria COAG hace un seguimiento mensual de esta variación de precios. Según sus datos del mes de junio, la diferencia entre el precio al que vende el agricultor y al que vende el supermercado fue del 575% en la patata, del 887% en la naranja o del 749% en el caso del ajo, entre otros productos (ver gráfico).
Por su parte, fuentes del Ministerio de Consumo compartieron que la propuesta es “fundamental”, y que estaba hablada previamente con Yolanda Díaz, así como que Alberto Garzón tendrá un papel activo en el “acuerdo” sobre la “cesta básica y saludable, pero no se trata de señalar productos unidireccionalmente desde el Gobierno sino de acordarlos con las empresas”.
“Un Gobierno progresista tiene la necesidad de proteger el poder adquisitivo de las familias trabajadoras, y la crisis no pueden pagarla los mismos de siempre cuando las grandes empresas de este país, especialmente las energéticas, siguen obteniendo beneficios multimillonarios extraordinarios”, explican en Consumo.
“Sería una gran ayuda a las familias que se pueda alcanzar un acuerdo entre las grandes empresas de distribución y el sector primario que conduzca a que una cesta de consumo de productos básicos tenga los precios limitados. Sin duda, esa medida no agotaría el rango de otras medidas posibles para cumplir el objetivo de frenar la pérdida de poder adquisitivo”, añaden.
Mucho más reticente, la portavoz nacional del PSOE, Pilar Alegría, se negó a hacer una valoración y aseguró que en el PSOE son “plenamente conscientes” del aumento de costes que deben afrontar los productores, ante el encarecimiento de fertilizantes, la energía o los piensos. Y apuntó que “desde el primer momento” se han aprobado “medidas para contener el elevado aumento de los costes”, y señaló el descuento de 20 céntimos por litro en el carburante o la rebaja al 5% del IVA aplicado a la luz, extendida ahora al gas, así como otros impuestos asociados a la electricidad. También el paquete de ayudas a la ganadería incluidos en los planes de respuesta económica a la guerra de Ucrania -169 millones de euros para los ganaderos lácteos y otros 193 millones a la ganadería cárnica- y la reciente aprobación de la reforma de la Ley de la cadena alimentaria.
Por su parte, en Podemos recuerdan que ellos ya propusieron un impuesto específico a los beneficios extraordinarios de las grandes empresas de alimentación, una medida que consideran más efectiva que el acuerdo para la limitación de precios que defiende Yolanda Díaz. “Desde Podemos ya propusimos en su día crear un impuesto extraordinario a las grandes empresas de alimentación y distribución para ayudar a las familias a afrontar la cesta de la compra con lo recaudado”, recordó Pablo Fernández, el portavoz de la formación morada. Fernández dijo que es “loable” que el Gobierno intente llegar a acuerdos, aunque recalcó que lo que tiene que hacer es “tomar decisiones”, informa José Enrique Monrosi.
En rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Coordinación, el portavoz calificó la propuesta planteada por la vicepresidenta como “sensata”, aunque evitó respaldarla explícitamente tras admitir que la considera poco realista. “Sería complejo llegar a un acuerdo con las grandes empresas para que las mismas se rebajen los beneficios. Es el Gobierno quien tiene que marcar las prioridades y desde Podemos nuestra prioridad es el apoyo a las familias y creemos que la solución más adecuada es ese impuesto extraordinario”, apuntó.
“Dudamos que lo comparta la CNMC”
Desde la patronal Anged (Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución), que reúne a Alcampo, Carrefour o El Corte Inglés, reducen la propuesta a una valoración personal de la vicepresidenta. “No sabemos hasta que punto es un opinión que comparte el resto del Gobierno, ni si lo comparte la CNMC [Comisión Nacional del Mercado y la Competencia]”, sospechaban este lunes. En Aces (Asociación de supermercados), que suman a los grupos anteriores a Eroski, prefieren no hacer comentarios sobre la propuesta de la vicepresidenta.
Por su lado, en Asedas (Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados), cuyos asociados son DIA, Ahorra Más, Condis, Covirán, Lidl o Mercadona, reconocen que vienen alertando de su preocupación por los precios desde enero, y defienden su propuesta de reducir el IVA de los alimentos en los que hay margen para hacerlo, del 21% al 10% o del 10% al 4%, “ya que la inflación provoca que se recaude más”, al aumentar el impuesto con la subida del precio.
“La inflación obedece a causas sobradamente conocidas”, lamentan Asedas, y enumeran el impacto de la guerra en “las materias primas importadas (cereales, fertilizantes...), en los carburantes y en la energía en general”, aunque defienden que el IPC (Índice de precios de consumo) de la alimentación “demuestra el esfuerzo de contención [de trasladar este incremento de los costes a los precios finales de los productos] que ha hecho el sector”.
Desde abril hasta julio, último dato del IPC conocido en detalle, el crecimiento de los precios de los alimentos ha superado cada mes la inflación general. En abril, el IPC de la alimentación saltó al 10,1% interanual, un ritmo que desde entonces no ha parado de elevarse hasta el 13,5% de julio, siempre frente al mismo del año pasado, y cuando la inflación media se quedó en el 10,8%.
Esta aceleración es mucho más moderada que la del IPC de la energía, totalmente disparado. Y, en el mismo sentido, cabe destacar que el mayor salto mensual fue en abril, de 3,4 puntos, y que desde entonces ha desacelerado hasta aumentar solo un 0,3% en julio.
“Estamos dispuestos a sentarnos a hablar”
“La huelga de transportes [a finales de febrero] impactó gravemente”, recuerdan en Asedas, quien insiste en que, “como reconoce Planas, todo el sector se está comportando de forma responsable” y considera que la “intervención de precios no tiene sentido”.
“Estamos dispuestos a sentarnos a hablar, pero no teníamos noticias de esta propuesta y el Ministerio de Agricultura está admitiendo que la cadena de suministro está funcionando, y la enorme competencia garantiza que los precios se forman de forma eficiente”, continúan desde este patronal, que defiende que es “una industria tremendamente responsable, lo que se demostró en la pandemia”.