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Siete luces rojas en el plan de reformas

El Gobierno impulsa 22 grandes reformas, entre ellas la sostenibilidad de las pensiones

Belén Carreño

El Plan Nacional de Reformas presentado el viernes por el Consejo de Ministros es de apariencia inocua e insípida. Sin embargo, enterrados entre la maraña de anuncios refritados e iniciativas fragmentadas se esconden algunas claves de por dónde van a ir las reformas de verdad que el Ejecutivo aplicará en los próximos meses de forma más silenciosa. Estas son algunas de ellas:

1. ¿Más recortes en educación, sanidad, dependencia y ciencia?

El programa solo contempla un ajuste presupuestario en el capítulo de la financiación especial de convenios a las comunidades autónomas. Esta partida tan críptica entierra ayudas en partidas de educación, sanidad e investigación que el Estado cofinancia con las comunidades autónomas. Los tres ministerios que más convenios de este tipo tienen firmados son Educación, Sanidad y Empleo. Hay convenios que ayudan a financiar en gran medida las políticas de dependencia, acogida de inmigrantes, ayudas a libros de texto y un largo etcétera de programas sociales cuya competencia es de la comunidad pero a la que el Estado ayuda.

El ministro también asegura que se regularán los convenios con la administración local, es decir, las ayudas que se dan a los ayuntamientos, que ejercen funciones como, por ejemplo, las guarderías. Sin embargo, Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda, defiende que las comunidades pueden absorber esta menor financiación para prestar estos servicios gracias a que van a tener un margen mucho mayor para cumplir con el déficit, que pasa del 0,7% de objetivo para este año al 1,2%.

2. ¿Y las pensiones?

La desindexación de la economía, esto es, que las cosas dejen de subir con el IPC, no afecta este año a las pensiones. El Ejecutivo no tiene prisa en poner en marcha este año la ley porque su previsión es que en noviembre, mes que se coge de referencia para compensar a las pensiones por su pérdida de poder adquisitivo, la inflación esté por debajo del 2% o incluso del 1%. De ser así, el Gobierno podría esgrimir que las pensiones de menos de 1.000 euros, que subieron este año un 2%, habrían mejorado incluso su poder adquisitivo.

3. La “sostenibilidad” acelerada

La aplicación del factor de sostenibilidad estaba prevista para el larga plazo. En la reforma de las pensiones, el factor de sostenibilidad –que será el que finalmente impondrá cómo y en función de qué parámetros se actualizan las pensiones– decía que podría empezar a actuar a partir de 2027.

Sin embargo, la ley recoge una trampa: se contempla que, en caso de que la Seguridad Social entre en déficit (cosa que contemplan las actuales previsiones), el factor puede entrar a operar inmediatamente. Con esta previsión, está prácticamente asegurado que en 2014 las pensiones ya no se revisarán en función de la inflación prevista, que actualmente se sitúa en el 2%. Lo más probable es que las pensiones dejen de subir con el coste de la vida. Dicho de otra forma: el poder adquisitivo de los pensionistas bajará año tras año.

4. Alquileres sin IPC

La desindexación de la economía solo afecta a “rentas públicas”. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha querido hacer hincapié varias veces sobre que la futura ley –lo más novedoso del paquete de reformas presentado ayer– solo afecta a la esfera de los contratos públicos.

Sin embargo, fuentes del Ejecutivo reconocen que quieren cambiar la actual Ley de Arrendamientos Urbanos para eliminar que, por defecto, el alquiler siempre se actualice en función del IPC, a menos que se incluya una cláusula que indique lo contrario. A partir de ahora, los contratos lo deberán especificar.

Además, la ley no se podrá aplicar de forma retroactiva y solo aplica a los nuevos contratos que firme el Estado con proveedores. Tampoco se ha recordado que al igual que los proveedores se lucran en ocasiones por una mejora de los precios por encima de la inflaición real o de sus gastos, el Estado pasa la factura con el IPC incorprado en miles de contratos de concesiones públicas y canon administrativos. En definitiva, se ahorrará por un lado pero se dejará de ingresar por el otro.

5. ¿Otra vuelta de tuerca a la reforma laboral?

La creación de un experto que valore la reforma laboral. El Gobierno ha recuperado la obligación de evaluar la reforma laboral a la que se comprometía en la ley. Fuentes del Ejecutivo dicen que el experto independiente no será del sector privado sino un organismo multilateral. Por exclusión, podrían ser la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que depende de Naciones Unidas, o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). No es igual una que otra: la OCDE defiende valores mucho más liberales.

6. Superados por el paro

El paro puede caer si la economía pierde población activa. Las previsiones del cuadro macroeconómico se quedaron obsoletas un día antes de su publicación al salir los resultados de la tasa de paro del primer trimestre del año. Según la Encuesta de Población Activa (EPA), en los primeros tres meses del año la tasa de paro llegó al 27,16%, la misma proporción de desempleo que Economía predice para todo el ejercicio. Para que se cumpla la previsión, la tasa debería permanecer constante el resto del año, y esto solo se puede conseguir, bien no añadiendo ni un solo parado ni activo (el que quiere y puede trabajar), o bien porque haya menos gente buscando trabajo, bien por efecto desánimo bien porque se vayan de España.

7. Poco empleo y además precario

El empleo que se cree será en precario. A partir de 2015, las previsiones de Economía son que se cree empleo neto, con 300.000 nuevos puestos de trabajo, aunque el crecimiento económico apenas sea de un 0,9%. La asunción generalizada hasta ahora en España es que la economía solo podía producir empleo creciendo a tasas superiores al 2%. Sin embargo, el titular de Economía, Luis de Guindos, aclaró que gracias a la reforma laboral, España puede llegar a crear empleo con tasas menores al 1%.

La reforma laboral influye en este sentido: favorece la creación de los llamados minijobs, así como los empleos fuera de convenio con salarios inferiores o peores condiciones.

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