Luis Planas: “Los teletrabajadores no van a llenar solos las zonas rurales, hacen falta explotaciones agrícolas rentables”

Cuando se inauguró en el año 1900, el Palacio de Fomento servía para prácticamente todo: obra pública, agricultura, ganadería, comercio, industria, medioambiente, sanidad y seguridad. Hoy, es la cartera de Agricultura, Pesca y Alimentación la que tiene la suerte de ocupar este monumental edificio, situado entre la estación de Atocha y el madrileño parque del Retiro. Luis Planas (Valencia, 1952) está encantado. “Es el más bonito de todos”, dice. Son las diez de la mañana y recibe a elDiario.es antes de reunirse con los regantes, agricultores dedicados a cultivos de regadío.

Planas, inspector de trabajo de oficio, dirige el ministerio desde 2018. No había pasado un mes desde su toma de posesión en el gobierno de coalición y ya tenía tractoradas por media España en protesta por la “grave situación” del campo. Calmó los ánimos con la reforma de la cadena alimentaria (primero mediante decreto, después con nueva nueva ley que está en tramitación), uno de los dos grandes proyectos que maneja para la legislatura. El segundo levanta ampollas estos días y vuelve a plantear movilizaciones del sector: se trata de la profunda reforma de la PAC, el sistema de subvenciones que reciben quienes trabajan el campo, que empieza ahora y culminará en 2023. “Dos agricultores o ganaderos que hagan lo mismo y en las mismas condiciones recibirán lo mismo”, avanza. “Parece elemental, pero ahora no es así”.

La alimentación es uno de los sectores que sale reforzado con la pandemia. ¿Ganan agricultores y ganaderos o solo la distribución?

La pandemia es una crisis sin precedentes. Pero también ha colocado muchas cosas en su sitio, dando prioridad a lo importante: la salud, la vida y la alimentación. Ha habido un interés creciente en temas de alimentación. El estado de alarma contribuyó: creció el consumo alimentario, la situación de la cadena fue positiva y agricultores y ganaderos fueron reconocidos por su trabajo, como cooperativas, industria alimentaria y distribución. Si tenemos en cuenta los últimos datos macroeconómicos, en el cuarto trimestre hay un crecimiento del 8,7% interanual de las cifras globales del sector primario. En exportaciones estamos en torno a 55.400 millones de euros, un incremento del 4,7%. Y el saldo comercial agroalimentario es positivo, de 18.300 millones. 

¿Quiere decir esto que todo el mundo lo vive igual? No. Las cifras macro esconden realidades muy distintas. Pero diría que, globalmente, tanto en reconocimiento social como en los datos, el momento es positivo. 

La nueva ley de la cadena obliga a incluir el coste de producción en los contratos y a pagar igual o por encima de este. ¿Cómo controlan que ese coste es real y que el mayorista no abusa de su posición de dominio sobre el agricultor?

Nos movemos en el difícil equilibrio de apoyar a la parte débil y conciliar eso con la libertad de negociación. Es complicado, porque los costes de producción deben ser acordados mutuamente. Por eso es importante disponer de un panel de referencias, no como un catálogo acabado, sino como una referencia para la negociación. Las situaciones de abuso o fraude probado pueden denunciarse. Para eso están la AICA y el ámbito específico de las Comunidades.

¿Quién hace ese panel?

Por panel me refiero al conjunto de datos: el Observatorio de la Cadena, las interprofesionales, estudios de universidades… El tema es que haya una base de consenso. Cada contrato es una transacción y tiene su especificidad. 

Los estudios sobre cómo se forman los precios que maneja el Ministerio son antiguos y usted se comprometió a actualizarlos. ¿Cómo avanzan? ¿Hay alguna conclusión relevante?

En el Observatorio trabajamos en distintas cadenas de valor. En la última reunión, en diciembre, se analizó la del aceite de oliva, la de la leche y la de frutos de hueso. Se alcanzó un consenso sobre la validez del estudio del aceite. En leche se solicitó, con razón, que se diferencien los estudios de las marcas de distribución y las marcas blancas. La fruta de hueso también necesitará un estudio suplementario. Son estudios importantes para aplicar de la ley de cadena, pero no son más que referencias. No hace falta subrayarlo: estamos en una economía social de mercado. Ni los precios ni los costes se pueden determinar: dependen de cada productor y vendedor. Pero sí que se pueden dar referencias.

Hablemos de la PAC. La semana pasada aprobaron el llamado decreto de transición y ya hay quejas de organizaciones agrarias, como Asaja, que dicen que no ha habido diálogo. ¿En qué consiste ese decreto?

Esta PAC tiene dos novedades. La primera, cómo se instrumenta. Las PACs del pasado eran reglamentos europeos que se aplicaban en cada país. La Comisión Europea da ahora más flexibilidad a los estados para que definan los apoyos a agricultores y ganaderos. La segunda gran novedad es la orientación medioambiental y la inclusión de conceptos como los ecoesquemas, que son retribuciones por acciones de lucha contra el cambio climático. Y hay tres reglamentos, que probablemente se concluirán bajo la presidencia portuguesa de la UE [antes de junio de 2021]. Tenemos el presupuesto, los reglamentos y en paralelo en España estamos llevando a cabo el modelo de aplicación de la PAC, que entrará en vigor en 2023, con dos años de retraso.

El decreto es la aplicación de las 17 recomendaciones que hemos recibido de la UE. En este decreto se aplican las viejas normas con el nuevo presupuesto y algunos cambios para intentar ser coherentes con lo que viene a partir del 2023. La Comisión Europea nos ha recomendado dos cosas: la convergencia interna, porque tenemos cincuenta regiones y pagos muy dispares, y eliminar las referencias históricas, que vienen del periodo 1999 - 2003 y están desactualizadas. 

Esto supone aproximar los pagos medios a los agricultores y ganaderos. Ese cambio genera resistencias. Pero es importante porque significa que, de forma progresiva, dos agricultores o ganaderos que hagan lo mismo y en las mismas condiciones recibirán lo mismo. Esto parece elemental, pero no es la realidad. A esto responde el ruido creado por parte de algunos sectores. Al aproximarse a la media, hay quienes logran ingresos superiores, que se les escucha poco. Se escucha más a quienes creen que sus ingresos disminuirán. Pero es necesario.

Unos saldrán ganando y otros perdiendo. ¿Quiénes? ¿Tienen ya estudiado qué regiones o qué tipos de agricultores y ganaderos saldrán ganando y perdiendo?

A veces se olvida que la PAC no está ligada a territorios, sino a personas. Esto no es el fondo de compensación interterritorial, es un elemento productivo del sector primario. Lo que estamos haciendo, y es la primera vez en España que se hace un ejercicio de estas características, es analizar sector por sector la realidad, las fortalezas y debilidades, las necesidades de apoyo y la definición de los apoyos concretos. Hay una parte técnico-administrativa y una parte política. 

Desde enero de 2019 hemos tenido más de 200 reuniones con todos los interlocutores: comunidades, organizaciones agrarias… Ahora vamos a mantener contactos bilaterales con las comunidades para culminar en la conferencia sectorial de mayo. Espero un gran pacto nacional para proporcionar a agricultores y ganaderos el mejor instrumento de apoyo. Tenemos que definir juntos quién y cómo. Es un ejercicio más complejo y diferente del de anteriores PAC. Nos permite una distribución más justa de las ayudas, pero desde el punto de vista político es una tarea más complicada. De ahí la polémica.

Sí, ¿pero quién va a salir ganando y quién perdiendo?

Estamos en fase de definición. Una de las claves del proceso es la variedad agronómica de España: tenemos desde la cornisa cantábrica a las producciones continentales, mediterráneas y subtropicales. El ejercicio consiste en definir prioridades. Tenemos los estudios y ahora viene la parte más complicada: la definición exacta de los apoyos, tanto de las ayudas directas como las del desarrollo rural, cuyo esquema sí será similar. Una novedad es que habrá dos mecanismos de pago: la ayuda a la renta y los nuevos ecoesquemas.

Las movilizaciones de agricultores de este año, ¿serán como las del año pasado? ¿Son un anticipo de lo que pasará de aquí a 2023?

Las del año pasado respondían a una petición clara: que hubiera más justicia en el reparto de valor de la cadena agroalimentaria. Fuimos receptivos y adoptamos una norma, que junto a la francesa es de las más avanzadas en materia alimentaria. Otra gran preocupación era que no se perdieran fondos de la PAC para este período y lo logramos en julio. Pero no soy inocente: comprendo que aplicar cambios genera tensiones. Estamos en un momento de cambio: o nos adaptamos a los retos de la década o tendremos dificultades. Lo que pretende hacer el Gobierno son reformas para llevar a cabo esos cambios. Soy consciente de que las reformas generan resistencias y hay sectores que pueden considerarse lesionados, real o ficticiamente.

Estamos en un momento de cambio: o nos adaptamos a los retos de la década o tendremos dificultades. Soy consciente de que las reformas generan resistencias y hay sectores que pueden considerarse lesionados, real o ficticiamente.

¿Corre el campo español el riesgo de quedarse sin gente? 

Hay un cambio importante en tres cosas: en qué productos está interesada la gente, cómo se hacen y quién los hace. Desde el punto de vista de la demanda, cada vez se pide mayor sofisticación y variedad. ¿Cómo se hace? La producción debe ser más sostenible. ¿Quién lo hace? Ahí es fundamental la clase media: la agricultura profesional y familiar. Y ahí dos tercios tienen más de 55 años. Somos uno de los países que está en el tramo superior de envejecimiento del sector primario. Si dos tercios tienen más de 55 años, significa que en esta década se van a jubilar. Es importante que haya un relevo, de hijos o familiares, pero también que demos oportunidades a jóvenes que no están en el sector agrario y quieren incorporarse. 

Hemos publicado un estudio muy interesante sobre el acceso a la tierra. Es uno de los temas fundamentales. Cuando estudiamos la incorporación de jóvenes, todo el mundo habla de las ayudas europeas. Está muy bien, pero también hace falta asesoramiento, acompañamiento, intercambios. Hemos incluido en los Presupuestos una especie de Erasmus agrario, un millón de euros para hacer intercambios de jóvenes agricultores y que vean otras explotaciones diferentes a la suya. También hay cuestiones de naturaleza legal, fiscal y de crédito que deben abordarse. El problema no es solo que se instale un joven en el campo, sino darle una perspectiva de cinco o diez años de continuidad a su actividad empresarial. Ese es el gran reto.

¿Qué le dice a un joven desempleado en España que lea esto para convencerle de que el campo puede ser una oportunidad?

Hablamos mucho de la España despoblada y del reto demográfico. Pero seamos claros: eso no solo se soluciona solo con inversión pública. Es necesaria la actividad empresarial rentable. Para que haya gente que viva en el campo tiene que haber medios para vivir en el campo. Y no solo van a poblar las zonas rurales despobladas aquellos que teletrabajan. Hacen falta explotaciones rentables que proporcionarán empleo, vida y actividad económica. ¿Qué se le puede decir a alguien que pretenda hacerlo? Pues que consigamos liberar superficie agraria que no esté explotada y que los derechos y la facultad de acceso sea más sencilla como consecuencia de la PAC. 

Desde el año 86, la cotización y los precios de la tierra han aumentado de forma muy significativa, como consecuencia de la producción pero también de los derechos. Es importante garantizar a quien vaya a entrar que lo haga en buenas condiciones. La incorporación de jóvenes se produce con los llamados derechos de la reserva general de derechos, pero entran al tipo medio de retribución de una zona de apoyo. En esa misma zona podemos encontrar agricultores y ganaderos que reciben cantidades muy superiores. Todo eso son elementos de perjuicio y desigualdad que tenemos que salvar. Es complejo. 

Es fácil buscar una idea sencilla, como que el campo es una oportunidad para los jóvenes, pero explicar cómo y por qué es más complicado. Como todo en la vida.

Comenta la buena marcha de las exportaciones, pero hay preocupación por el Brexit. Hemos visto paralizados camiones de frescos al entrar en Reino Unido. ¿Va a ser Reino Unido un problema para los agricultores españoles? 

Yo creo que no. Antes el 70% de exportaciones eran dentro de la Unión Europea. Ahora son 60% Unión Europea y 40% el resto, porque Reino Unido está fuera. Exportamos unos 4.000 millones de euros en agroalimentario a Reino Unido, de los cuales 2.000 millones son frutas y hortalizas. El acuerdo de salida ordenada de la UE ha sido favorable para el sector primario porque hemos logrado que los productos puedan llegar sin aranceles. Pero sí es cierto que nos encontraremos, primero, con mayores cargas administrativas, trámites aduaneros, certificados fitosanitarios y demás. Y, después, con la realidad del Reino Unido como país tercero. La competencia con países terceros será más fuerte en el mercado británico. Pero soy optimista: nuestro sector agroalimentario está bien posicionado y saldremos adelante.

La competencia con países terceros será más fuerte en el mercado británico. Pero soy optimista: nuestro sector agroalimentario está bien posicionado y saldremos adelante

¿Cree que, con el cambio de gobierno en Estados Unidos, se eliminarán pronto los aranceles a productos españoles? 

La toma de posesión de Biden es un factor de optimismo. No va a ser de la noche a la mañana porque es un tema que viene de muy atrás, pero no tiene nada que ver la producción de alimentos con las ayudas públicas a la construcción de aviones.

Estos días empieza la campaña de la fresa. El año pasado, las campañas se convirtieron en focos de contagio. ¿Qué va a hacer el Ministerio para garantizar que el trabajo es seguro? ¿Van a exigir normas a las empresas?

Las empresas están sometidas a todas las normas de seguridad e higiene de la legislación general. Tienen que cumplirlas. Este año tenemos la ventaja de contar con la experiencia del primer año, donde tuvimos que afrontar campañas en condiciones muy difíciles. La de la fruta de hueso en Lleida fue el origen de lo que hicimos entonces y que vamos a reactivar ahora. Ya he hablado con la nueva ministra, Carolina Darias, para ello: la coordinación entre el Gobierno, a través de las delegaciones, las Comunidades, el sector, los ayuntamientos y las diputaciones para recordar que las normas tienen que cumplirse. No solo desde el punto de vista del trabajo, también de la residencia. Que se proporcionen lugares dignos. Si hubiera algún contagio, que existan instalaciones donde puedas ser aislado y tratado.

No es sencillo porque implica a muchos actores. Pero el año pasado, gracias a la actuación coordinada, se lograron muy buenos resultados. En la campaña de la vid, de la aceituna o de los cítricos logramos que el número de casos fuera muy limitado.

Menciona la campaña de la fruta de hueso en Lleida, en la que vimos imágenes de mucha gente durmiendo en la calle. ¿Fue irresponsable el llamamiento que se hizo de que faltaba gente en el campo?

Vivimos en una sociedad libre. Por tanto, salvo que haya restricciones de movilidad por cuestiones sanitarias, cada uno puede desplazarse donde quiera. ¿Qué significa? Que a veces se produce el efecto llamada, porque hay gente que tiene la necesidad de trabajar y cree que puede obtenerlo. 

Algo que me preocupa y he hablado con las patronales, perfectamente conscientes, es que debemos ir cada vez más a un modelo de contratación regular, de forma local o en origen en otros países, que permita planificar la actividad. Es bueno empresarialmente, pero también socialmente. La previsión debe incluir no solo los contratos y retribución, sino las condiciones de alojamiento y manutención. Es el ejemplo que durante muchos años hemos vivido en la vendimia en Francia, con el acuerdo hispano-alemán de 1963 en materia de migración regular controlada y dirigida por las administraciones. No es sencillo porque implica a muchos actores, pero debemos dar un paso adelante. En ocasiones da origen a irregularidades que no solo perjudican a los trabajadores, sino a la reputación del sector.

Pedir el cese de la ministra de Trabajo por enviar inspectores al campo es una exageración

Una parte del sector agrario pidió el cese de Yolanda Díaz por enviar inspectores al campo.

Vamos a ver. Sería lo mismo que pedir el cese de la ministra de Hacienda porque haya inspecciones de Hacienda que controlen las declaraciones fiscales. Es una exageración. El papel de la inspección de trabajo, con el apoyo de la Guardia Civil en zonas rurales, es perfectamente regular. La mayoría de los empresarios respetan las reglas laborales, lo he visto y comprobado. Como en cualquier otro sector, hay casos de fraude e irregularidad que deben perseguirse. Hay que evitar, desde un punto de vista social, humanitario y de reputación, que en España se produzcan situaciones de posible incumplimiento de derechos y explotación.

¿Cree que el sector agrario debería ser preferente en vacunación?

Eso corresponde al Consejo Interterritorial de Salud. Hay actividades que hacen muy complicado cumplir la distancia de seguridad, de ahí la importancia de los medios de protección personal. Pero la estadística ha demostrado que, en muchos trabajadores del sector primario, el contagio no se ha producido en el centro de trabajo sino fuera. El contacto familiar y social es tan o más importante que el laboral.