Hecho nº 1. M.M.S. está jubilado, vive en Almería y lleva más de treinta años patentando cosas. Entre otras, tiene un “corazón artificial electromecánico”, un “tren ultraligero indescarrilable de vías de dos raíles”, un “sistema de levitación para deporte y rehabilitación terapéutica y un ”producto de panadería, pastelería, bollería y derivados de cereales, con baja cantidad de sal o azúcar y procedimiento para su elaboración“. Trabajó toda la vida en Iberia -en electrónica, reparación y pista- y se define como inventor. ”No soy ingeniero, soy autodidacta. El otro día, Susanna Griso habló con el señor que hizo la jaula para sacar al niño del pozo y le decía: '¿y usted no es ingeniero?' Los ingenieros no son inventores. Aunque la palabra sea ingeniero, no tiene por qué ingeniar nada“.
Durante el rescate de Julen, M. ideó un “sistema de rescate para personas atrapadas en pozos y galerías subterráneas” del que tiene descripción y bocetos pero que aún no ha registrado. En Espacenet, la base de datos de patentes europea, la búsqueda de su nombre devuelve 447 resultados. Desde al menos 2009, cuando la Oficina Española de Patentes y Marcas empezó a publicar el ranking anual de solicitantes de patentes, M. aparece siempre en el top 10. Lo hace al lado de instituciones como el CSIC, la Universidad Politécnica de Madrid, la empresa de electrodomésticos BSH o Telefónica, y de otro solicitante particular: el valenciano F.J.P.V. P. es psicólogo, su nombre aparece en 309 patentes y también se dedica a inventar.
A partir de abril de 2017, el número de patentes solicitadas por ambos cayó: M. solo tiene 18; P., ninguna.
Hecho nº 2. En la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) trabajan 522 personas, de las cuales 200 están en el departamento de patentes. Cuando alguien presenta una, un examinador dedica cerca de una semana a buscar en bases de datos si el invento se ha registrado antes. Hasta abril de 2017, prácticamente todas las patentes solicitadas se concedían aunque el invento ya existiera. Si este era el caso, el informe que las acompañaba lo indicaba, pero la patente seguía adelante.
Además, los solicitantes con pocos ingresos podían aplazar el pago de las tasas hasta tres años. Y las universidades no pagaban nada.
Hecho nº 3. Noticia de febrero de 2017: “Andalucía, líder en patentes tras el aumento de las invenciones registradas en Almería” . El delegado de Economía e Innovación de la Junta señala la “notable evolución que ha permitido que Andalucía lidere por primera vez el número de patentes en España. Es decir, que la capacidad innovadora de Almería aúpa a nuestra región al primer puesto de patentes del país, por delante de Madrid, Cataluña y Valencia”. Noticia de marzo de 2018: “Las solicitudes de patente nacional caen un 33% en Andalucía. Madrid recupera el liderazgo, si bien ha reducido sus solicitudes”. Noticia de enero de 2019: “Ciudadanos denuncia la caída de patentes en España y pide al Gobierno medidas y financiación para revertir la situación”.
Los últimos datos de la OEPM lo confirman: en 2018 se solicitaron 1.571 patentes en España, frente a las 2.150 del año anterior, lo que supuso una caída del 27%.
¿Qué punto de inflexión conecta a estos tres hechos y ha provocado una aparente hecatombe en el nivel de innovación español? Volvamos a abril de 2017...
Una ley muy rara
El 1 de abril de 2017 se aprobó la nueva ley de patentes, que venía a actualizar la anterior, de 1986. “En España teníamos un sistema muy raro”, indica Francisco Moreno, experto en patentes y autor de un completo blog sobre ellas. “Tradicionalmente, hay dos sistemas: uno de examen previo, que es el que tiene la oficina europea, y otro de simple registro, que es el que se usa para registrar marcas”. Con el primero, el funcionario examina la solicitud y la concede o no. Con el segundo, el funcionario solo comprueba que la solicitud no va contra el orden público y la registra. Si hay algún problema —si una marca considera que otra le copia, por ejemplo— puede denunciarse y resolverse en los tribunales.
La ley de 1986 obligaba a examinar cada solicitud de patente, pero no daba capacidad al examinador para denegarla. Se concedían todas. “Era una mezcla de los peores mundos posibles: una estructura de costes formada por examinadores cuyo trabajo servía de poco, porque la patente se concedía”, continúa Moreno.
“En la ley del 86 se pensó: lo hacemos así y ya lo cambiaremos. Que la gente presente sus patentes y sea el mercado quien ajuste”, añade Luis Sanz, jefe del área de mecánica aplicada de la OEPM. “Duró treinta años en los que España cambió radicalmente, pero seguíamos concediendo patentes a quienes las pedían. Solo necesitaban cumplir unos requisitos mínimos”.
La ley también preveía el aplazamiento del pago de tasas durante tres años “a las personas cuyos ingresos no superaran el cuádruple del salario mínimo profesional”. Solicitar una patente nacional costaba 800 euros sin examen previo (no era obligatorio) y 1.200 con él. Los 800 euros incluían el “informe del estado de la técnica”, donde el examinador indicaba si el invento ya existía o no.
Para entendernos: hasta 2017, en España era posible patentar la rueda, con la salvedad de que el informe diría que la rueda ya existe y la patente tendría menos valor.
Tales facilidades provocaron el nacimiento de los “solicitantes profesionales”: inventores que presentaban cientos de patentes y que, en muchos casos, no pagaban las tasas. “Solicitaban el aplazamiento y no llegaban a pagar”, continúa Moreno. “A mí me parece fenomenal que la gente pida patentes. Mi crítica era que se desperdiciaran recursos públicos. Dedicas a un examinador a buscar durante varias horas. Ese tiempo podría dedicarse a patentes con necesidad empresarial o personal genuina”.
Algunos “solicitantes profesionales” llegaban a presentar hasta cuatro o cinco patentes por semana. Los dos más famosos en la oficina son M. M. y J. P. En su memoria anual, la OEPM publica el ranking de los diez mayores solicitantes de patentes ese año y siempre están. A partir de 2015, los datos no indican el nombre concreto de los solicitantes particulares por un motivo oficial, la ley de protección de datos, y otro extraoficial: en la oficina causaba reparo contar que estos inventores particulares, no especializados y con ideas poco ejecutables eran dos de los principales patentadores en España.
“Acabo de revisar una de las que presentaron: tren de palancas con radios quebrados, de J. P.. Es difícil de entender...”, continúa Sanz. Otros inventos patentados por P. incluyen sistemas de anticaída para aviones formados por “cuñas en el aire”, un “sistema de empuje añadido para las alas de un avión” o el “avión supersónico”.
Dúo de inventores
F.J.P.V es psicólogo de formación, vive en Gandía (Valencia) y también está jubilado. Además de patentar sus inventos, pinta acuarelas, es músico y autor del libro “La física-psíquica: una dimensión que se bifurca” y la tesis doctoral “Psicoanálisis y cine: introducción a la obra de Alfred Hitchcock”.
En 2014, el periodista Borja Robert lo entrevistó para los regionales de Vocento. “Cuando se me mete un problema entre ceja y ceja tengo que resolverlo”, le dijo. “Me gusta mucho la invención, aunque empecé a solicitar patentes hace 17 o 18 años”. También explicó que no había construido ninguno de sus inventos y que nunca hizo negocio con ellos.
Hasta que dejó de patentar cuando entró en vigor la ley, P. solicitaba el aplazamiento de tasas. Pedía una patente, llegado el momento de pagar no lo hacía y la patente pasaba al dominio público. “Pero si no tiene valor, de poco sirve”, explica Sanz.
El caso M.M. es diferente. Le enfada que le comparen con P. porque asegura que si ha abandonado patentes no ha sido por no pagar las tasas, sino porque ha presentado “otras mejores”. Tampoco ha vendido nunca una. “Las empresas no quieren nada”, cuenta. Según explica, la OEPM le concedió el aplazamiento de tasas cuando explicó que con su pensión de 1.900 euros tenía que atender a su madre de 96 años. Pero la nueva normativa le impide solicitarlo, así que en lugar de registrar patentes solicita modelos de utilidad, una figura más ágil y barata (unos 100 euros).
Con la ley de 2017 cambiaron dos cosas. La primera es que todas las solicitudes pasan por un examen previo y, si no presentan novedad, no se concede patente. La segunda es que desaparece la opción de aplazar los pagos, pero a cambio los emprendedores, pymes y universidades solo pagan el 50% de la tasa inicial (unos 600 euros, en lugar de 1200).
“Decían que la gente abusaba del aplazamiento de tasas, pero lo que han hecho es fastidiar a los inventores particulares”, prosigue M.. “Para ser emprendedor tienes que estar registrado como autónomo o empresario. Lo más grave es que los inventores pagamos el cien por cien nada más presentarlo y las empresas solo la mitad. Si hay gente que abusa que se lo quiten a ellos, no a todos”.
La verdadera razón por la que caen las patentes
Los cambios legislativos han provocado una caída en el número de solicitudes de patentes. Andalucía ha perdido el liderazgo porque M. M., almeriense, ha dejado de pedirlas. Los preocupantes datos de los que habla Ciudadanos no “demuestran que España está muy lejos del nivel innovador de los países más punteros”, sino que como se han endurecido las condiciones de acceso se ha eliminado cierto “ruido” en el sistema.
“La nueva ley nos armoniza con lo que hacen otras oficinas, en particular con la europea. En la mayoría de países no se conceden patentes que no tienen novedad”, indica Sanz. “Ahora en España los inventores particulares ya no meten tantas patentes y también han bajado mucho las solicitudes de universidades públicas. Antes tenían un 100% de exención de las tasas y pedían cualquier cosa que se les ocurría. Nos producía grandísimos problemas, porque a veces no cumplían los requisitos pero había que admitirlas porque si no recurrían y se lo admitían. Estas son las principales razones por las que hay menos patentes”.
El mes anterior a la entrada en vigor de la ley, marzo de 2017, hubo un pico de solicitudes de patentes: 688, cuando la media mensual del año anterior era de unas 200. Inventores y empresas aprovecharon para solicitar muchas antes de que cambiaran las condiciones.
La anterior avalancha que se recuerda en la oficina fue la posterior al accidente nuclear de Fukushima, en Japón. “No quiero desprestigiar a nadie, pero a veces hay un problema y en tres días hay gente que tiene una solución”, concluye Sanz. “Cuando sucedió lo de Fukushima, hubo un aluvión de patentes de particulares para refrigerar un rector nuclear. Gente que no había pisado una central nuclear en su vida ni había estado en Japón presentaba patentes. Se pone de moda y los particulares lo hacen, pero las empresas que están a su negocio no. Es un mundo muy desconocido que se presta a estos usos”. Ahora, explica, se empieza a incrementar el uso del modelo de utilidad.