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Madrid es la comunidad donde los más ricos destinan menos renta a pagar impuestos

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, responde a las preguntas de la oposición duranteun pleno de la Asamblea regional. EFE/ Fernando Alvarado

Diego Larrouy

7 de febrero de 2024 22:38 h

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Vivir en una comunidad u otra puede afectar, y mucho, a la parte de la renta que se dedica a pagar impuestos. Especialmente si se encuentra entre el 1% más rico. Los madrileños que se sitúan en este grupo son los que menos tienen que dedicar a tributar, según un informe realizado por el think tank Fedea, que constata que la batalla de los últimos años por reducir el pago de impuestos por parte de los gobiernos del PP ha tenido efecto en los hogares de más renta: solo el 17,8% de la renta de las familias más ricas madrileñas se dedica a pagar tributos.

Este centro de estudios publica cada año su ‘Observatorio sobre el reparto de los impuestos y las prestaciones entre los hogares españoles’. En su octava edición, Fedea analiza los datos del año 2021, en el que cruza lo que los hogares reciben en prestaciones públicas y lo que pagan por impuestos. Estos datos, además, se analizan a nivel autonómico, lo que permite comparar por niveles de renta y por territorio.

Es ahí donde se constata cómo los hogares situados en el centil 100 de renta, es decir, el 1% más rico, pagan de media en España un tipo medio efectivo del 23,8%. Para calcular este porcentaje, Fedea cruza los datos de renta bruta —no solo salario, sino el resto de fuentes de ingreso— de los diferentes niveles con el pago que hacen de IRPF, Sociedades, Patrimonio, Cotizaciones Sociales, el IVA, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y los impuestos especiales.



Sin embargo, existen grandes diferencias entre territorios y Madrid destaca por encima del resto. Este dato cae, para los hogares madrileños que se sitúan en el 1% más rico, hasta el 17,8%. El resultado no solo es sensiblemente más bajo respecto a la media nacional, también tiene una distancia sensible respecto a otras comunidades. Solo Cantabria, con el 19,4% y Balears, con el 19,9% se sitúan junto con Madrid por debajo del 20%. En el lado opuesto se sitúan Canarias (31,9%) y la Comunitat Valenciana (30,8%).

Aunque el análisis que hace Fedea no incluye todos los impuestos —quedan fuera algunos como el IBI o Sucesiones—, lo que podría cambiar el porcentaje final, sí que sirve para constatar una realidad que la Comunidad de Madrid ha venido practicando desde hace dos décadas: políticas que fueron tildadas por otras comunidades de ‘dumping fiscal’. Tras el cambio de Gobierno en 2023 por las elecciones autonómicas, otras Comunidades Autónomas han apuntado al mismo camino que ha hecho el PP en Madrid.

La derecha madrileña ha optado por aplicar una política fiscal en la que ha primado rebajas fiscales en tributos como el IRPF o la eliminación del impuesto sobre Patrimonio. Ha sido la manera de oponerse a un Gobierno central que ha mostrado récords históricos de recaudación. La Comunidad de Madrid encabeza cada año las estadísticas de beneficios fiscales aplicados a los impuestos sobre los que tiene capacidad normativa, los conocidos como impuestos cedidos. En concreto, cuatro de cada 10 euros 'perdonados' en impuestos que afectan, especialmente, a los más ricos, se producen en Madrid. 

Como constata este informe, la política fiscal madrileña tiene especial incidencia sobre las rentas más altas. Si se compara en otros niveles inferiores de renta, Madrid no se sitúa entre los principales territorios cuyos hogares menos destinan a pagar impuestos. Por ejemplo, en cinco territorios se destina menos a las obligaciones fiscales que en Madrid por parte del 20% de la población con menores ingresos, .

Al realizarse sobre los datos de 2021, todavía no se contemplan las rebajas aplicadas por Andalucía y Galicia o el impacto del impuesto sobre Solidaridad que aplicó el Gobierno central el pasado año y que busca que en ninguna región se deje de abonar la tributación por Patrimonio.

El informe elaborado por Fedea ofrece una fotografía precisa del impacto de la intervención pública en la reducción de la desigualdad en España. Esta actuación se realiza por dos vías, la que tiene que ver directamente con los impuestos y la vinculada a las prestaciones, tanto monetarias (pensiones, subsidios por desempleo, etc.) como en especie (sanidad y educación). Esta participación pública reduce en un 35% la desigualdad. El porcentaje es algo menor al de 2020 (38%) debido al repliegue de algunas de las medidas de protección social que se aplicaron durante la pandemia.

Herramienta frente a la desigualdad

En el plano de los impuestos, el estudio remarca la importancia del IRPF como herramienta de progresividad en el sistema fiscal. Este tributo ayuda a reducir por sí solo más del 4% la desigualdad en España. Compensa, por otro lado, la pérdida de progresividad que generan los impuestos indirectos. Es lo que ocurre por ejemplo con el IVA y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. Los hogares de menos renta destinan un 12% a pagar este tributo, mientras que el 1% más rico apenas paga el 1,3% de sus ingresos.

La recaudación tributaria, a menudo tratada como “expolio” o “infierno” fiscal por parte de la derecha española, es la que financia las medidas que realmente ayudan a reducir la brecha de desigualdad en España. Las prestaciones monetarias son responsables de casi tres cuartas partes de la reducción de la desigualdad que logra la intervención pública. Estas incluyen, fundamentalmente, las pensiones de jubilación y supervivencia, pero también las prestaciones y subsidios de desempleo y otras medidas.

A ello hay que sumar otro 20%, según Fedea, que aportan las prestaciones en especie como son las inversiones en sanidad y educación. “Se aprecia claramente que tanto el gasto sanitario como el educativo son progresivos, ya que sus respectivos subsidios medios efectivos decrecen a medida que aumenta la renta bruta de los hogares”, señala el informe.

El cruce entre los impuestos que se pagan y las prestaciones que se reciben hacen que en España el 60% de los hogares tengan un saldo positivo. Es decir, aportan menos de lo que reciben de vuelta por parte de las administraciones. Y eso pese a que, según el CIS, es una percepción mayoritaria en España de que el escenario es el inverso. Esto es resultado de un sistema que, con sus problemas a resolver, tiende a ser progresivo. Quienes más aportan son quienes más tienen.

La aportación es especialmente significativa si el estudio se centra únicamente entre quienes menos renta tienen. Fedea calcula un saldo, en porcentaje, entre lo que se percibe por aportaciones de las administraciones públicas y lo que se paga en impuestos. La media nacional se sitúa en algo menos del 89% para este grupo de población y va bajando hasta el -18% para el 1% más rico.

Sin embargo, en este apartado, Madrid también destaca, aunque en este caso para desgracia de los hogares de menos renta. El diferencial entre lo que reciben y lo que aportan en este caso se desploma hasta el 64%, uno de los más bajos de todas las comunidades autónomas. Solo en Balearse se obtiene un porcentaje más bajo, del 60%. El resto de territorios superan con creces el 80% y, en algunos casos, supera el 100%.

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