Qué son las balanzas fiscales y por qué tienen riesgo de enfangar el debate de la financiación autonómica

Los asuntos fiscales son, a la vez, una materia política de primer orden y uno de los campos donde es más difícil el debate. Las balanzas fiscales son una muestra de ello. Tienen interés académico y político pero para muchos son unas grandes desconocidas y se han convertido históricamente en un arma arrojadiza en la confrontación partidista. Ahora, este baremo vuelve a estar sobre la mesa tras el acuerdo alcanzado por PSOE y Junts hace unas semanas para sacar adelante la convalidación de las medidas anticrisis.

Las balanzas fiscales han servido desde hace décadas por parte de territorios, fundamentalmente Catalunya, para cargar contra el sistema por una supuesta injusticia en los ingresos o reclamar una nueva financiación autonómica. Sin embargo, este saldo fiscal, como también se le conoce, no está directamente vinculado con uno de los principales debates que tiene que abordar el Gobierno en esta legislatura: cómo se financian las autonomías. Aunque se entremezclan los argumentarios, sirven para medir asuntos diferentes.

A grandes rasgos, y sin caer en tecnicismos, la balanza fiscal de un territorio corresponde a la diferencia entre lo que aportan sus habitantes y empresas a través de impuestos y lo que les llega de vuelta en gasto público del Estado. Los expertos hablan de ello como un modelo que debe dar información no tanto sobre el modelo de financiación autonómica sino de redistribución del sistema fiscal. Es por ello que los territorios más ricos suelen tener un resultado negativo y los menos ricos, positivo.

“Pueden ser una herramienta útil, también como un ejercicio de transparencia, para conocer de dónde vienen y a dónde van los recursos”, explica Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea. “Para lo que no debe de servir es para abordar la financiación autonómica”, apunta en una idea en la que coinciden otros expertos consultados por este medio. Balanzas fiscales y financiación autonómica, aunque a menudo se aborden como temas paralelos, solo están indirectamente relacionados.

Lo que explicado brevemente puede ser una magnitud simple, una mera resta o un saldo, en realidad no lo es. Se trata de un objeto de estudio por parte de expertos desde hace décadas, pero no hay un enfoque común y homogéneo. “La metodología de cálculo está sujeta a supuestos de considerable impacto sobre el resultado final y, desde el punto de vista académico el consenso está lejos de alcanzarse”, apunta Diego Martínez, catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide.

La principal discrepancia de este cálculo está en cómo repartir por territorios el gasto y concluir quiénes son los beneficiarios del mismo. Los hay que son muy fáciles. Por ejemplo, una carretera construida por el Gobierno central que una dos localidades de una misma comunidad. Otras, no lo son tanto. Como ejemplo, el gasto en Defensa. Se supone que es un servicio del que se benefician todos los habitantes sean del territorio que sean, pero puede que alguna inversión o gasto sea ejecutado en una comunidad concreta, por ejemplo, donde haya un cuartel del Ejército o una fábrica de armamento.

Académicamente existen dos manera distintas de calcular el reparto de gastos como éste y que dan por tanto unos resultados distintos en el cálculo de las balanzas. Es por ello que Martínez es escéptico con la utilidad de esta herramienta. “Es como si tuviésemos varias opciones de vacunas contra la Covid pero no completamente avaladas por la evidencia científica; ¿cuál elegiríamos, si es que elegimos alguna?”, se pregunta.

Tal es la complejidad académica y política que tiene esta herramienta que, de hecho, no se publica. No existe una fuente oficial desde hace años a la que acudir para consultarla. En el pasado hubo hasta un comité de expertos en el Gobierno para concluir cómo calcular este saldo y durante un periodo breve de tiempo el Ministerio de Hacienda, con Cristóbal Montoro al frente, lo publicó. Sin embargo, no hay datos unificados desde el ejercicio 2014, publicado en 2017.

Sí ha hecho un esfuerzo por publicarlo la Generalitat de Catalunya, quien periódicamente elabora una estimación de cuál es su balanza fiscal. En la última, publicada el pasado mes de septiembre, concluía que los catalanes pagan 20.000 millones de euros en impuestos que no retornan a Catalunya. “Hay un ahogo financiero injusto, sostenido y deliberado que perjudica a todos los ciudadanos de Catalunya”, defendía entonces Natàlia Mas, consellera de Economía de la Generalitat. Esta cifra la ha vuelto a traer al Congreso esta semana Junts durante la comparecencia de María Jesús Montero en la Comisión de Hacienda.

La propia Montero había descartado en el pasado publicar estos datos al considerar que puede ser “un instrumento que favorece reproches”. “No son los territorios los que pagan impuestos, son los ciudadanos. Cuando hablan de balanzas fiscales y que aportan más es porque son los ciudadanos que disponen de más recursos y, por tanto, su contribución a la bolsa común dentro de un sistema tributario justo tiene que ser necesariamente superior”, apuntó en el Congreso en 2022. “Es evidente que las comunidades más ricas tienen un saldo negativo”, añadió.

No hay que confundir este saldo con el de la financiación autonómica, que sí se publica de manera centralizada cada año. Este resultado corresponde a los fondos de financiación de los territorios. A todas las comunidades les corresponde un porcentaje de los tributos, un 75% de esa recaudación se deriva a un fondo que se reparte entre las comunidades en función de un sistema de cálculo. A ello se añaden otras herramientas para que todas puedan cubrir los servicios públicos que tienen cedidos (sanidad o educación, principalmente). Es por ello que a Catalunya, Madrid o Balears, más ricas y con mayor capacidad de recaudación, les vuelve menos dinero del que aportan al sistema.

Si bien son distintas magnitudes, estos tres territorios son igualmente los que tienen un saldo negativo en las balanzas fiscales si acudimos a los últimos estudios que hizo el Ministerio de Hacienda. Esto se debe a que son las comunidades con mayor población de rentas altas o empresas más grandes. En un sistema redistributivo, son estas personas y sociedades las que más aportan fondos de los que se benefician el resto. “Cuestionar los saldos es cuestionarse la redistribución del sistema”, explica Ana Herrero, profesora de Economía Aplicada en la Uned.

Ahora, PSOE y Junts han alcanzado un acuerdo para hacer públicas las balanzas fiscales. Tal y como explicaba la vicepresidenta María Jesús Montero este jueves en el Congreso, no se van a publicar los saldos como hizo su predecesor en el cargo, sino que se harán públicos los datos para que quien quiera pueda calcularlo. “Vamos a ganar en transparencia”, aseguró Montero. Si bien, reconoció que hay “cuestionamientos metodológicos”, por lo que “cada uno se hará cargo” de sus estudios, y apuntó que habrá un “decalaje” temporal.

El riesgo de varias balanzas fiscales

Si entre los académicos existe escepticismo sobre el uso de las balanzas fiscales, se acrecienta con el hecho de que sea cada territorio quien lo vaya a calcular sin que exista un modelo unificado. “El riesgo de que se genere más ruido que luz es grande”, asegura De la Fuente, que lleva años analizando el uso de estos saldos para el estudio fiscal. Coincide con ello Herrero, que apunta a que “si los criterios no son iguales, los resultados no serán comparables”. “Puede haber tantas balanzas fiscales como investigadores o gobiernos se aproximen a ellas”, pronostica Martínez.

Este debate metodológico tiene un impacto político. La publicación de las balanzas fiscales, o más bien de los datos para realizarlas, llega en un momento en el que se abre una legislatura en la que debe de solventarse la reforma de la financiación autonómica, que lleva 10 años de retraso. Los expertos reconocen que, aunque son materias que deberían verse como temas distintos, la política ha tendido a meterlos en el mismo plano del debate.

“Creo que puede entorpecer y la reforma de la financiación autonómica ya es lo suficientemente complicada como para añadirle una dimensión más”, apunta Martínez. Es una idea con la que coinciden los otros expertos consultados, que aluden al riesgo de que se genere un mayor “barullo” en torno a este debate. “Puede ser interesante desde el plano académico, pero genera un debate tramposo”, añade Herrero sobre la publicación de las balanzas fiscales.

En definitiva, aunque saldo fiscal y financiación autonómica son dos temas prácticamente independientes, en el debate político se presenta como asuntos que van de la mano. Sin embargo, su falta de relación es tal que transformar la financiación autonómica, incluso a un modelo más ventajoso para un territorio, puede dar como resultado que las balanzas fiscales no cambien. “Se puede mejorar la financiación autonómica y que el saldo salga inalterable, solo afecta marginalmente”, concluye Herrero.