La sociedad luxemburguesa de la que cuelga el entramado de empresas del que depende la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) batió en 2022 récord de gasto por empleado tras declarar pérdidas de 5,2 millones de euros, en uno de sus peores ejercicios.
Las cuentas consolidadas que acaba de depositar Euroconsumers SA, domiciliada en Luxemburgo y que ejerce como matriz de diversas empresas de la red de asociaciones de consumidores a la que pertenece la OCU, reflejan un descenso de la facturación del 2,5%, hasta 106,8 millones, la más baja desde 2013.
Las pérdidas del ejercicio, solo superadas por las de 2015, se explican, dice Euroconsumers en sus cuentas, por los números rojos de Portugal y Bélgica.
En Portugal, Euroconsumers tuvo que inyectar el año pasado 3 millones a su filial Deco Proteste Editores Lda y se anotó números rojos de 3,84 millones, más del doble que en 2021. Las cuentas lo atribuyen a menores ventas y más costes generales y administrativos, sin más detalles.
En Portugal, la holding luxemburguesa controla Euroconsumers Invest, un intermediario financiero registrado en Lisboa 100% propiedad de Euroconsumers desde 2022, según explica en su web. Esta firma figura dada de alta desde 2021 como empresa de servicios de inversión en los registros de la Comisión Nacional de Mercados y Valores (CNMV) española. “Nuestras soluciones benefician a personas de toda Europa, teniendo en cuenta diversos contextos nacionales, que confían más de 500 millones de euros en activos al asesoramiento de Euroconsumers Invest”, indica en su web.
En Bélgica, los números rojos para Euroconsumers fueron de 3,5 millones, frente al beneficio de casi 3 millones de 2021, por la menor facturación y el “aumento del capítulo de gastos de personal, costes de producción de prestaciones de servicios y correcciones de valor sobre activos circulantes”.
Los gastos de personal de Euroconsumers (incluyendo cotizaciones sociales y compromisos de pensiones) superaron los 47 millones, casi como en 2021. Al pasar la plantilla de 555 efectivos a 539, la menor desde 2013, el gasto medio por empleado subió hasta un récord de 87.355 euros por persona.
elDiario.es preguntó a Euroconsumers y la OCU, sin obtener respuesta, por el motivo del incremento. Esta partida, según explicó en enero el director Financiero de Euroconsumers, Philippe Chaboteaux, no incluye al personal español, ya que “España no forma parte” del perímetro de consolidación de ese holding en el Gran Ducado.
Esos 87.355 euros por empleado superan a cualquier compañía del Ibex 35, contra cuyos “sueldazos injustificados” ha cargado la OCU. En 2021, último ejercicio analizado por CCOO, en el selectivo se pagaban de media algo más de 47.000 euros por trabajador.
A diferencia de las cotizadas, obligadas a detallar los sueldos de sus consejeros, Euroconsumers no publica las retribuciones de sus órganos de administración, algo que en España le valdría una salvedad de su auditor. En sus cuentas argumenta un año más que esos datos “se han omitido, dado que permitirían identificar la situación de un miembro determinado de estos órganos”.
Al analizar los riesgos del ejercicio, la empresa dice que sigue “muy de cerca el número de afiliados, la rentabilidad de las nuevas incorporaciones y sus porcentajes de pago. A pesar de nuestros esfuerzos de fidelización, el grupo sigue dependiendo en gran medida de las cuotas de los afiliados. A medida que pasa el tiempo, la competencia se desarrolla a través de Internet”.
Euroconsumers mantiene 5 millones invertidos en una sicav que no identifica, en la que, según explicó en enero su Director Financiero, invirtieron en 2021 porque tenían “mucho efectivo disponible” tras vender una filial inmobiliaria en Italia. A cierre de 2022, Euroconsumers tenía 77 millones en activos, la cifra más baja desde 2011, de los que 33,5 millones son inmuebles. Las cuentas reflejan un descenso de la deuda con entidades financieras a casi la mitad, 5,3 millones, en mínimos desde 2011.
Por el perímetro de Euroconsumers han desfilado en los últimos años varias inmobiliarias: la italiana Euroconsumers Immobili, creada en 1995, que facturó 1,7 millones en 2022, según datos de Insight View; o la portuguesa Porimol Lda, domiciliada en la sede de la homóloga lusa de OCU, Deco, y que en 2005 compró un edificio en Brasil. O Proteste Casa, dedicada a la mediación inmobiliaria y creada en Portugal en 2022, meses después de crearse en Bélgica de Synallagma, dedicada a estudios de mercado.
En 2020 se liquidó la filial que tuvo durante muchos años en Hong-Kong, Worldcado LTD, tras vender en enero de 2018 dos apartamentos allí. En 2016 la OCU demandó a Economía Digital por publicar que esa filial hongkonesa importaba desde ese territorio asiático productos baratos chinos para utilizarlos como anzuelo para captar nuevos socios de las asociaciones de Euroconsumers. Según ese medio, esa filial tenía un administrador que aparecía en los Papeles de Panamá y movía 15 millones al año. La Justicia desestimó la querella en 2018.
De la pata belga, la más fuerte, cuelga la española OCU Ediciones, que factura unos 27 millones al año y edita las publicaciones que la OCU envía a sus socios. Con 194 empleados a cierre de 2022 y un gasto medio por trabajador de unos 52.881 euros, cerró 2022 con 192.298 suscriptores (11.200 menos) y 3,2 millones de patrimonio neto negativo.
Esta cifra es más de la mitad del capital social de la empresa, lo que implicaría estar en causa de disolución de seguir en esa situación al cierre del próximo ejercicio y se traduce en dudas sobre su capacidad para seguir en funcionamiento por las pérdidas acumuladas, como lleva advirtiendo años su auditor, Moore. OCU confía en los “importantes ahorros de costes en el medio plazo” de su plan de negocio hasta 2025 para sortear esta situación.
OCU Ediciones colgaba directamente de Euroconsumers hasta junio de 2007. Tras aprobarse la ley española de Consumidores y Usuarios, esa firma luxemburguesa vendió su 75% a entidades asociadas. El 51% lo recompró la belga Test Achats y el 24%, la OCU. Luego los belgas subieron su peso hasta el 90%. Pero “durante el ejercicio se ha planteado al socio minoritario [la OCU] la suscripción de una futura ampliación de capital que le permitiera alcanzar hasta un 25%”, revela la española en sus últimas cuentas.
OCU Ediciones canaliza la inmensa mayoría de los ingresos de la OCU, incluyendo las comisiones por las compras colectivas que realiza, como las que ha hecho junto a energéticas como Repsol, a cambio de 15 euros por cliente captado. El Ministerio de Consumo lleva tiempo “estudiando” si estos pagos, que según la asociación permiten financiar esas subastas, comprometen la independencia de empresas que exige la ley. Según publicó El País en agosto, el ministerio investiga 47 convenios de la OCU con grandes compañías denunciados por su rival Facua. Según la OCU, cumplen de forma “escrupulosa” con la legalidad.
La ley de Consumidores española solo permite a las asociaciones “percibir ayudas económicas o financieras de las empresas o grupo de empresas que suministran bienes o servicios a los consumidores o usuarios” si se articulan a través de convenios con la debida “transparencia” e “independencia”. También les prohíbe toda “comunicación comercial”, entendida como “todo acto, conducta o manifestación, incluida la publicidad, no meramente informativa, que se relacione directamente con la promoción o venta de bienes y servicios”.
OCU forma parte junto a otras homólogas “independientes” de “la estructura europea Euroconsumers (Consumidores Europeos)”, fundada en 1990, que “desarrolla en todos los países una misma acción de información y de defensa de los consumidores y tiene como objetivo que la Europa del futuro esté al servicio del consumidor, aportando mejoras en lo que respecta a su posición jurídica y económica”, indica en su web la OCU.
Euroconsumers “agrupa a más de un millón y medio de consumidores europeos y brasileños y publica 32 revistas de información al consumidor, en 5 idiomas distintos”, añade la española. OCU forma parte de esa estructura europea junto a la asociación belga que la control desde los 80 (Test-Achats), la italiana Altroconsumo, la lusa Deco y la brasileña Proteste.
Euroconsumers es también una empresa en Luxemburgo que consolida las participaciones en empresas vinculadas a esas asociaciones en varios países europeos. Aunque, según sus responsables, la actividad empresarial de OCU no consolida en sus cuentas, en su consejo de administración se sienta desde hace años Miguel Ángel Feito, que en 2020 fue nombrado presidente de la OCU.
El 99,97% de las acciones de Euroconsumers (11.567 títulos) pertenece a Stichting International Consumers Interests, fundación con sede en Holanda, otro país de baja fiscalidad en el que, como Luxemburgo, esas asociaciones no operan. Los otros cinco títulos pertenecen a la belga Association for the Advancement of Consumerism in the World (ASBL).
Euroconsumers “tiene por objeto la defensa de los intereses de los consumidores, con exclusión de toda ideología filosófica o política”, pero también “la toma de participaciones de cualquier forma en otras empresas luxemburguesas o extranjeras”, su gestión y “puesta en valor”, y “diversas actividades inmobiliarias”.
En julio, Facua denunció que una sucursal española de Euroconsumers se dedicaba a vender sellos de calidad a las empresas mejor valoradas en sus encuestas y estudios comparativos, a través de una web que ya no está operativa. Esta empresa luxemburguesa es el paraguas que usa la OCU para interponer demandas judiciales previas contra gigantes como Google, Facebook y Hewllet-Packard, que luego retira tras cerrar acuerdos extrajudiciales con las compañías.
Creada hace casi medio siglo, OCU es una entidad privada, independiente y sin ánimo de lucro y es la mayor organización de defensa de consumidores de España por número de socios. En los 90, tuvo un papel clave al destapar casos tan sonados como una trama de fraude de empresarios de estaciones de servicio en la que fue condenado un alto cargo del gobierno de José María Aznar y ex alcalde franquista.
El actual presidente de la OCU, técnico comercial del Estado y ex secretario de Comercio con Felipe González, es consejero de esa sociedad luxemburguesa desde hace más de una década. Feito sustituyó en Euroconsumers al economista y expresidente de la OCU Carlos Sánchez-Reyes de Palacio, que administró esa firma en el Gran Ducado hasta 2009. Expresidente de las Cortes de Castilla y León con el CDS (1987-1991), en 2015 Sánchez-Reyes tuvo un fugaz regreso a la política como candidato de Podemos por Palencia en las generales de ese año. Ya octogenario, cesó como consejero de OCU Ediciones en julio.
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En cumplimiento de la ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación, publicamos esta nota enviada por el representante legal de OCU a la redacción de elDiario.es
Ni OCU ni OCU Ediciones, S.A. pertenecen a Euroconsumers, S.A. ni esta es su matriz. OCU, como organización de consumidores y usuarios que es, no tiene accionistas, y los accionistas de OCU Ediciones son exclusivamente organizaciones de consumidores y usuarios: OCU y ABC (Asociación Belga de Consumidores).
OCU no pertenece a ningún entramado de empresas. OCU asociación no tiene accionistas, y los propietarios de OCU Ediciones son OCU asociación y ABC (Asociación Belga de Consumidores), ninguna de las cuales es una empresa, sino que son asociaciones de consumidores.
OCU no tiene 194 empleados ni su sueldo medio es de 53.000 euros. Si se refieren a OCU Ediciones, según las cuentas anuales de 2022 tenía en ese momento 206, y el sueldo medio de los mismos era inferior a la cifra que indican. La mención al patrimonio neto es absolutamente incorrecta, que es según las cuentas de 2022 de 3.2 millones en positivo (no negativo).
OCU Ediciones no se encuentra incurso en causa de disolución. El medio ha obviado considerar en sus cálculos la existencia del préstamo participativo, tal y como se indica en las cuentas anuales.
A fecha de hoy el Ministerio de Consumo no se ha pronunciado jamás en contra de dichos pagos, es más, se han presentado en el Ministerio todos los convenios firmados por OCU y OCU Ediciones y, ni los sucesivos Ministerios con competencias en Consumo, ni ningún órgano judicial, ha cuestionado nunca la independencia de OCU y su estricto complimiento de la Ley.
En un momento convulso para las noticias de economía, es más importante que nunca estar bien informado. Las repercusiones de cada movimiento de empresas, de la política económica de los gobiernos y su impacto en los ciudadanos, explicadas desde un punto de vista riguroso y diferente.