La crisis financiera ha llevado en los últimos años a la Comisión Europea a la implementación de una serie de reformas de la regulación del sistema bancario para evitar malas prácticas del pasado. Sin embargo, estas normativas todavía no se han visto trasladadas a la legislación española, pese a que su entrada a vigor a nivel comunitario fue hace meses.
En concreto, el nuevo Gobierno se ha encontrado sobre la mesa media docena de leyes que tienen un impacto claro en el sector, que el anterior Ejecutivo dejó sin aplicar pese al retraso que acumulaban. Su demora ha motivado la apertura de expedientes por parte de Bruselas ya sea por su retraso o por su transposición incompleta. La lista está compuesta por leyes como Mifid II, la PSD II o la reforma de la ley hipotecaria.
Fuentes del Ministerio de Economía, del que dependen estas leyes, apuntan que no hay un calendario cerrado para estas reformas, aunque señalan que el objetivo de la ministra Nadia Calviño es darles salida con la “mayor urgencia posible”. Las citadas fuentes señalan que se está en un proceso de lectura y búsqueda de la “mejor manera de abordarlas” y que se “asume la premura”.
Una de las leyes más importantes de la lista es la conocida como Mifid II. Se trata de una normativa llamada a reformar la relación entre clientes y entidades que vendan productos financieros, especialmente aquellos de mayor complejidad. El objetivo de esta ley era el de dar mayor transparencia y de adecuar la venta de dichos productos al nivel de cada inversor.
Aunque su entrada en vigor en Europa fue el tres de enero, España solo la aplica parcialmente. Esto provocó que a finales de dicho mes, la Comisión Europea lanzara un aviso al Gobierno, y a los de otros nueve países, para que se acometiera la implantación del nuevo marco regulatorio. Daba dos meses para informar de los avances y si no era así, amenazaba con llevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Sin embargo, la normativa, que las entidades financieras ven fundamental para el futuro del negocio por sus exigencias, sigue sin estar funcionando en España. Economía señala que se están incorporando consultas, informes y recomendaciones para avanzar, especialmente, en el plano de la transparencia y de protección al inversor.
Otra de estas normas es la de medios de pago, o PSD II. Se trata del marco regulatorio sobre plataformas de pago que daba un impulso a las fintech y las aplicaciones de pago móvil, a las que la banca tiene que dar acceso a sus datos si el cliente lo permite. Las entidades pierden su papel intermediador en los actos de compra, especialmente enfocado a los casos de comercio electrónico.
En marzo, Bruselas abrió de nuevo expediente a España por no haberla trasladado. El anterior Gobierno redactó el anteproyecto de ley, pero no llegó a traducirse en una ley aprobada por el Congreso. El anterior Ministro de Economía puso como fecha para su aprobación antes del verano. Sin embargo, el ministerio actual apunta que está a la espera de informes y que posteriormente tendría que regresar al Consejo de Ministras.
Retrasos de hasta dos años
La tercera normativa en cuestión es la reforma de la ley hipotecaria. En este caso el retraso es todavía mayor, ya que entró en vigor en marzo de 2016 a nivel comunitario y en España existe por el momento un proyecto de ley que no ha terminado de ser aprobado. La directiva sentaba las bases para que los Estados creasen normativas nacionales que protegieran más a los consumidores ante los desmanes en crédito hipotecario que se habían producido en los años previos.
En este caso, Bruselas acabó llevando el año pasado a España, Croacia, Chipre y Portugal ante el TJUE por no transponer la nueva regulación hipotecaria. Todavía no se han concretado las consecuencias de esta demora. “Su no aplicación significa que los consumidores de esos países no pueden disfrutar de la protección de la ley cuando se produzcan impagos”, apuntó entonces la Comisión.
No es la única vez en la que una institución comunitaria ha reprendido a España por este caso en concreto. Un reciente informe encargado por el Parlamento Europeo señalaba a España por su retraso y añadía que el proyecto de ley que había redactado el Gobierno era contrario a la directiva comunitaria en varios de los puntos. Entre otros temas, acusaba a la ley de crear “un puerto seguro” a los bancos frente a “las constantes quejas de los consumidores”.
Sobre esta norma, Economía asegura que se está en un paso previo a las anteriores y destacan la falta de avance previo al cambio de Gobierno. El Ministerio ha solicitado recientemente que se habiliten sesiones en el Congreso para tratar este tema, pero no confirma si podrá ser tramitada durante este verano. Organizaciones de consumidores como Adicae se muestran confiadas en que finalmente el nuevo Gobierno haga cambios frente a la ley que inicialmente presentó el Gobierno.
Posibles sanciones
Son las tres normas más importantes en el sector financiero que tiene pendiente de aprobar el nuevo Gobierno, pero no son las únicas. Otra de las leyes es la de cuentas de pago, que obligaba a las entidades a tener unas cuentas básicas para clientes con un coste razonable. Si bien el anterior Gobierno anunció en noviembre del año pasado la aprobación de la ley, la Comisión Europea considera que no ha sido completamente transpuesta la ley comunitaria de la que procede. Tras varios avisos, propuso al TJUE el pasado mes de mayo que impusiera a España una sanción de 48.919,20 euros diarios hasta que se notificara formalmente la transposición. La norma debía estar presente en la legislación española desde septiembre de 2016.
Menos retraso acumula la directiva referente a la distribución de seguros. La normativa debía entrar en vigor en febrero de este año y en mayo, el Gobierno de Mariano Rajoy presentó un proyecto de ley. Éste todavía no ha sido aprobado de manera definitiva.
La última de las leyes relativas al sector financiero no una transposición de una norma europea sino la recuperación de una ley que el propio PSOE propuso en febrero cuando estaba en la oposición y que fue apoyada por el Congreso. Se trataba de una ley de transparencia de la contratación predispuesta, que buscaba reducir la opacidad en los contratos bancarios (aunque también eléctricos o de telecomunicaciones) para evitar la inclusión de cláusulas abusivas.