En plena crisis política sobre el sistema de pensiones, con los jubilados protagonizando protestas multitudinarias y la oposición acorralando al Gobierno de Rajoy en su rechazo a la reforma de 2013, Cristóbal Montoro reiteró ayer una medida que solo afectaría a un tercio de los pensionistas, los de mayores ingresos. Así lo indican los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), que calculan que el 63% de los jubilados no pagan IRPF, el impuesto sobre el que el ministro Montoro ofrece una deducción para las personas de “edad muy avanzada” en los Presupuestos de 2018.
La medida ya había sido anunciada meses atrás por el ministro de Hacienda, pero la recuperó ayer, sumándose así a una larga lista de iniciativas que Cristóbal Montoro ha ido desgranado en estos días. La deducción en el IRPF que abonan los pensionistas, de aprobarse, tendrá un “alcance limitado” según advierten los técnicos de Hacienda: la inmesa mayoría de los pensionistas está exento del pago de este impuesto, dado que más de seis millones perciben pensiones inferiores a los 12.000 euros anuales.
Los datos de febrero del Ministerio de Empleo y Seguridad Social recogen que la pensión media de jubilación es de 1.077,52 euros mensuales, con una gran brecha de género: la prestación media en el caso de los hombres es de 1.247 euros, frente a los 797 de las mujeres. Por su parte, la pensión media de viudedad es de 652 euros. Además, los sindicatos advierten de que hay una gran diferencia entre la pensión media y la pensión más frecuente. En 2016, el 50% de las pensiones no llegaban a los 677,6 euros mensuales, advertía UGT.
Según los cálculos de los técnicos, los pensionistas de Extremadura, Castilla–La Mancha y Canarias serían los menos beneficiados por esta medida, frente a los de las provincias de Madrid, Barcelona, Zaragoza, que serían las más agraciadas.
Gestha matiza que su estimación debe tomarse en cuenta de manera “prudente”, ya que, por un lado, muchas personas con pensiones superiores a los 12.000 euros –umbral a partir del que se empezaría a tributar–, tampoco pagan IRPF en caso de sufrir algún tipo de discapacidad o cuando superan los 65 o 75 años. Y por otro, los pensionistas que obtengan rentas distintas de la pensión, como son las del capital, las derivadas de arrendamientos o de cualquier otra naturaleza, estarían obligados a presentar la correspondiente declaración del IRPF.
La medida ha sido tachada como nuevo “globo sonda” del Ejecutivo en este tema, después de que la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, anunciara una propuesta de ampliar voluntariamente la vida laboral para el cálculo de la pensión. En términos generales, aumentar el periodo de cotización suele reducir la cuantía de la prestación, puesto que al final de la carrera laboral se registran en general mayores retribuciones que al inicio. Además, calcular la pensión con toda la vida laboral perjudicaría más a las mujeres.
Mientras, el conjunto de la oposición (incluido Ciudadanos) exigen al Gobierno que acabe con la subida mínima de las pensiones del 0,25%, debido al índice de revalorización de su reforma de 2013. El PSOE registró este martes una proposición de ley para que las pensiones se revaloricen conforme al 1,6% del IPC. El portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, ha defendido este miércoles que plantear el debate sobre una subida ligada a la subida del índice de precios al consumo es “populismo puro y duro”.