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Cinco medidas con las que el PSOE propone rebajar los precios del alquiler

La subida del alquiler dispara las alarmas en Madrid

Marina Estévez Torreblanca

En los últimos meses se está viviendo el fin de muchos contratos de alquiler firmados cuando el mercado inmobiliario estaba en un momento recesivo, hace tres años. Ahora, en plena subida de los precios (un 20% en 2017), y al calor también del alquiler turístico, esta situación está generando una avalancha de expulsiones –algunas organizaciones lo llaman “desahucios invisibles”– de inquilinos a los que exigen rentas muy por encima de las anteriores (el 58% de los lanzamientos corresponden ya a alquileres). Los sueldos subieron el año pasado, pero ni mucho menos al ritmo de los precios de la vivienda. De hecho, perdieron seis décimas de poder adquisitivo.

En este contexto, el PSOE acaba de registrar una proposición de ley de medidas de fomento del alquiler estable de vivienda. Estas son cinco de las principales medidas que proponen los socialistas:

Precios de referencia y deducciones fiscales

La medida de mayor calado que propone el PSOE es el establecimiento de deducciones fiscales de hasta el 100% en el IRPF para los dueños de viviendas que alquilen por debajo de un precio de referencia que establecerían los ayuntamientos (precio de referencia que ya existe, aunque con otros propósitos, en Barcelona o Berlín). El rango iría desde el 60% para cualquier propietario que respete ese precio, al 70% para quienes hagan obras de eficiencia energética en la casa y un 100% para quienes alquilen a jóvenes menores de 30 años con bajos ingresos.

Por su parte, los inquilinos con una base imponible inferior a 30.000 euros anuales podrán deducirse un 10,05% de las cantidades que paguen en concepto de alquiler.

Sería una medida dirigida específicamente a personas físicas, y no a empresas, que no tendrían beneficios similares en el impuesto de sociedades.

Prórroga forzosa hasta cinco años

La Ley de Arrendamientos Urbanos de 2013 rebajó de cinco a tres años el tiempo en el que el inquilino tiene derecho a permanecer en una vivienda. Los socialistas quieren que se vuelva a blindar la permanencia durante un lustro. Además, proponen que las subidas anuales se vuelvan a referenciar al IPC, ya que ahora se ha eliminado el límite, y se producen, aduce el PSOE, “situaciones abusivas para los inquilinos”.

Además, si el propietario necesita la vivienda para sí o para su familia, podrá solicitarla, pero siempre que haya hecho constar esta cláusula en el momento de firmar el contrato. Si en tres meses el propietario no utiliza la vivienda para ese fin que alega, el inquilino podrá volver a ocuparla por un nuevo periodo de hasta cinco años o recibir una indemnización.

Límite a las fianzas o avales adicionales

Una de las quejas recurrentes de los actuales usuarios de alquiler es que para acceder a una vivienda, además de la fianza de un mes obligatoria, es habitual que se requieran avales adicionales que en ocasiones llegan a los 3.000 y hasta 4.000 euros, de los que no dispone cualquier inquilino. El PSOE pretende limitar dichas fianzas o avales, sobre todo para los inquilinos con menor poder adquisitivo.

Dar prioridad a la vivienda permanente

El PSOE aboga además por modificar la Ley del Suelo para dar prioridad, dentro del residencial, al uso para vivienda permanente. “Se pretende reforzar el desarrollo legislativo de la vinculación constitucional expresa entre suelo y vivienda”. Establecen las categorías de “vivienda dotacional” sobre suelo público y destinada a residencia transitoria de colectivos desfavorecidos o con necesidades especiales y “vivienda social”, destinada a residencia permanente de colectivos con dificultades de acceso al mercado.

650 millones anuales para vivienda dotacional y social

El PSOE considera insuficiente el presupuesto anunciado por el Gobierno en el Plan de Vivienda 2018–2021, de 1.443 millones de euros para cuatro años. Proponen un volumen de financiación anual de 650 millones, con una duración mínima de cuatro años (2.600 millones) para financiar la promoción de viviendas dotacionales y sociales. En el caso de estas últimas, solo contempla el acceso en forma de alquiler u otras formas de acceso temporal. Su prioridad sería la promoción sobre suelos de titularidad pública.

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