La minoría parlamentaria del PP (137 diputados en un Congreso de 350 miembros) le obliga a buscar socios para aprobar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017. Apoyos que no van a salirle gratis, en el sentido de que deberá dedicar parte de los ingresos y los gastos previstos a aquellas medidas específicas que le reclamen formaciones parlamentarias como Ciudadanos, PNV, CC o NC, si es que finalmente se concretan los soportes que más suenan.
Por lo conocido públicamente hasta el momento, estas iniciativas se pueden cuantificar en alrededor de 9.000 millones de euros (3.800 para los acuerdos con Ciudadanos, 5.000 para las comunidades autónomas, lo que podría servir para obtener apoyos de los nacionalistas). El techo de gasto aprobado para las cuentas de 2017 es de 118.337 millones, 5.000 menos que un año antes. Contarán con una previsión de crecimiento del 2,5% del PIB, y tratarán de conseguir un déficit del 3,1% del PIB, con un desempleo del 17,6% de la población activa. El próximo viernes 31 de marzo el Consejo de Ministros aprobará el proyecto.
El partido que lidera Albert Rivera se llevaría la parte del león de las iniciativas presupuestarias, ya que no en vano es el socio con más diputados (32). Además, es el grupo con el que se firmó un acuerdo de investidura titulado “150 compromisos para mejorar España”, que han sido cuantificados en alrededor de 3.800 millones de euros.
Fuentes de la formación naranja confirman que aún no tienen negro sobre blanco el proyecto de Presupuestos, pero sí el compromiso de inclusión de estas cantidades. “Si finalmente es así, los apoyaremos”, insisten.
Sicav
De cumplirse estos compromisos, una de las piezas que se tocarán serán las Sociedades de Inversión de Capital Variable (sicav). Estos vehículos de inversión colectiva están en el punto de mira de los partidos al menos desde 2015, debido a que facilitan la elusión fiscal de grandes fortunas. Ciudadanos reclama que su control pase de la CNMV a la Agencia Tributaria y que pasen de tributar del 1% al tipo general del Impuesto de Sociedades. Además, sólo se computarían a efectos del número mínimo de 100 accionistas, los que tengan una participación superior al 0,55%. De este modo se evitaría la figura del llamado “mariachi”.
La trampa de las sicav está en que suelen pertenecer a una sola persona o familia que aglutina la mayoría del capital y toma las decisiones de inversión, mientras que el resto de partícipes son socios de paja.
Por el momento, en relación a los compromisos concretos adquiridos con Ciudadanos, el Gobierno ha dicho que cumplirá con la promesa de rebajar del 21 al 10% el IVA de los espectáculos en directo, y que se dedicará una inversión similar a la que viene dándose anualmente desde el 2012 (unos mil millones de euros) para el Corredor ferroviario Mediterráneo.
Posibles apoyos nacionalistas
Otro de los grupos parlamentarios que más suenan como posibles socios en el trámite parlamentario es el PNV. En este caso las negociaciones tienen un pie en Euskadi. Esta semana el consejero de Hacienda y Economía del Gobierno vasco, Pedro Azpiazu, y el responsable económico del PP en esa región, Antón Damborenea, sellaron un acuerdo en el que los populares se abstendrán en la votación de los presupuestos de la comunidad, además de no presentar enmiendas a la totalidad ni apoyar las de los otros partidos. El PNV fue el único grupo parlamentario que acompañó al PP en la histórica derogación del decreto de la estiba.
Quizá para evitar la sensación de que ofrecen su eventual apoyo a cambio de prerrogativas, esta formación no quiere entrar en detalles de cuáles serían sus presupuestos ideales. Pero fuentes del grupo parlamentario recuerdan que de manera reiterada en este tipo de debates han reclamado mejores inversiones en infraestructuras e I+D, así como una revisión de tarifas eléctricas que a su juicio penalizan a la industria vasca.
Por su parte, otro de los posibles votos sería el de Nueva Canarias. Su portavoz, Pedro Quevedo, tampoco quiere cuantificar a cuánto cree que ascendería presupuestariamente “enmendar el maltrato” al que se ha sometido a las islas, aunque asegura que si la corrección fuera completa “la cifra sería milmillonaria”. No obstante, a su juicio estos presupuestos pueden ser “una oportunidad” para resolver “en parte” cuestiones como la degradación del servicio sanitario.
Por su parte, Montoro ya ha asegurado que el proyecto de Presupuestos del Estado para 2017 incluirá casi 5.000 millones de euros más de financiación autonómica.
Empleo público
Además, el Gobierno ha calentado el ambiente con la mayor oferta de empleo público desde que comenzó la crisis, y que en parte irá vinculado a los presupuestos. Entre 250.000 y 300.000 plazas que convertirán en fijo el empleo interino en los próximos tres años. Quedan fuera de la incertidumbre de la aprobación de las cuentas públicas los maestros, cuyas oposiciones se aprobarán por decreto el mismo día que el Gobierno dé luz verde al proyecto, el 31 de marzo. El Ejecutivo ya ha reconocido abiertamente que el resto de las plazas queda al albur de la aprobación de los PGE.
A la espera de conocer la concreción de las cuentas públicas, varias formaciones adelantan que probablemente presentarán una enmienda a la totalidad del proyecto de ley que se aprueba el 31 de marzo.
El portavoz de Hacienda del PSOE, Pedro Saura, explica que su grupo ve una “recuperación económica injusta, asimétrica” y basada en los salarios bajos, no en la productividad. Recuerda que un 40% de los presupuestos se dedican a pensiones y que están creciendo por debajo del IPC.
Por su parte, el portavoz en la Comisión de Presupuestos de Podemos, Segundo García, lamenta que esperan unas cuentas “continuistas” y que abundarán en los recortes para cumplir con Bruselas. “Para nosotros la forma de reducir el déficit no es reducir el gasto en 5.000 millones, sino aumentar el crecimiento”.
El diputado de PDeCat Ferrán Bel reconoce que no conocen por dónde van a ir las cuentas, pero si no cambian con respecto a los últimos años (con un nivel de inversión en Cataluña inferior al que considerarían justo, que equivaldría al 18% del PIB español que corresponde a la economía catalana, entre otras cuestiones) presentarán enmienda de devolución.