La pandemia de la COVID-19 y sus consecuencias económicas han destrozado las cuentas públicas de España. La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, Maria Jesús Montero, ha anunciado este viernes que el déficit subirá al 10,34%, unos 115.671 millones de euros, y la deuda publica al 115,5% del PIB por el gasto necesario para luchar contra el coronavirus y la caída de ingresos por la parada de la actividad, según se recoge en el Programa de Estabilidad 2020-2023, junto al Plan Nacional de Reformas que ha enviado el Gobierno a Bruselas.
El agujero que prevé el Gobierno sobre las cuentas públicas es mucho mayor que las previsiones del FMI, que pronosticaba que España termine 2020 con un déficit del 9,5% y que la deuda suba al 113% del PIB. A pesar del enorme incremento del déficit -hay que tener en cuenta que en 2019 cerró con unos números rojos del 2,8%- en 2012 la crisis financiera hizo que ese año se cerrara con unas cuentas negativas del 10,7%.
Este desfase se explica por el derrumbe sin precedentes del 9,2% del PIB para 2020. La economía española cerrará 2020 con una caída del PIB histórica por el impacto de la crisis sanitaria y económica del coronavirus, que ya ha llevado a un desplome del 5,2% del PIB en el primer trimestre del año. El paro alcanzará el 19%.
La situación de incertidumbre que rodea a la evolución de la enfermedad es tal que el Gobierno no ha hecho previsiones de déficit y deuda pública para el año 2021, ante las medidas que tengan que adoptar para luchar contra la COVID-19 en el futuro. Montero ha apuntado que “en octubre, cuando se mande el plan presupuestario de 2021 se incluirán las estimaciones de deuda y déficit”, aunque también se apunta que con el “rebote de la economía con un fuerte incremento del PIB en 2021 permitirá volver a la senda de reducción del déficit a partir de ese momento”.
Montero ha explicado que las medidas de ayudas a familias y trabajadores así como las facilidades de liquidez que se han ofrecido a las empresas harán que el gasto público sube al 51,5% del PIB, 10 puntos porcentuales que en 2019 lo que se traduce en 576.714 millones de euros, mientras que los ingresos se desplomarán en 25.700 millones por la caída de actividad, hasta el 41,2% del PIB, 2,1 puntos más que el año pasado.
Este bajón en los ingresos tiene su explicación por un descenso de la recaudación del 5%, donde no hay figura impositiva que vea incrementado las entradas de dinero y que se desgrana en una reducción de ingresos del IRPF del 2,4%, el Impuesto de Sociedades cae un 8,7%, el IVA (-5,2%), Impuestos Especiales (-6,7%) e impuestos patrimoniales y actos jurídicos documentados (-37,9%), mientras que los ingresos de las cotizaciones sociales bajarían un 5,75%.
Como ha puesto de manifiesto Montero el Gobierno era consciente de que la fuerte caída de ingresos públicos y el aumento del gasto público derivado del COVID-19 iba a aumentar el déficit y la deuda pública a niveles desconocidos en democracia, aunque también cuenta con que Bruselas ha confirmado que dará flexibilidad respecto a las exigencias de estabilidad presupuestaria.
El desglose del gasto de las medidas para paliar la pandemia asciende a 138.923 millones de euros, que responde a 104.400 millones dedicados a facilitar la liquidez a las empresas y autónomos, otros 28.403 millones de gasto social y sanitario, mientras que 6.120 millones se deben a una minoración de ingresos.
No habrá bajada de sueldos de los funcionarios
Pese a las terribles cifras que ha anunciado Montero, la ministra ha asegurado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no se plantea que se tengan que realizar “ajustes en el sector público”, como hicieron el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy durante la crisis financiera con la bajada de sueldos de los funcionarios. Entonces, Rodríguez Zapatero redujo en un 5% la nómina de los funcionarios en 2010 mientras que con Rajoy los funcionarios y empleados públicos sufrieron un recorte salarial del 7%, ya que no cobraron la paga extra de Navidad en 2012 y la congelación de sueldos hasta 2014.
La ministra ha señalado que los planes del Gobierno para la reactivación ahora se basan en “estimular la demanda interna y activar la economía, pero con la premisa de mantener las rentas salariales”.
Tanto la ministra de Hacienda como la vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, han insistido que para paliar la situación de las cuentas públicas es necesario la aprobación de dos figuras impositivas que están ahora en el Congreso, el impuesto de actividades digitales y la tasa de transacciones financieras, además de llevar cuanto antes a la Cámara Baja la Ley de lucha contra el fraude fiscal, pero han negado que se vaya a dar “una masiva subida de impuestos”.
Ahora bien, la vicepresidenta de Asuntos Económicos ha asegurado que la implantación de un ingreso mínimo vital seguirá adelante como se ha anunciado pese a estas previsiones de déficit y deuda, ya que es un acuerdo de Gobierno y un compromiso para que “nadie quede desprotegido” por el impacto del coronavirus.