Merlin y Colonial, las dos mayores sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria (socimis) de España, han amenazado este miércoles al Gobierno con marcharse del país si se aprueba el plan fiscal acordado entre el PSOE y Sumar. El pasado lunes ambas formaciones pactaron “suprimir” el régimen fiscal especial de estas empresas (por el que tributan al 1% en el Impuesto de Sociedades), “que no ha servido para mejorar la oferta de viviendas”.
Merlin y Colonial, las dos únicas socimis que cotizan en el Ibex 35, y que se dedican fundamentalmente a alquilar oficinas, han salido en tromba contra este plan tras liderar el martes las caídas en el Ibex y desplomarse un 7,3% y un 5%, respectivamente.
La más madrugadora ha sido Merlin. La mayor inmobiliaria del Ibex ha anunciado en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que estudia distintos escenarios y planes de contingencia, en defensa de sus accionistas, clientes y empleados, “sin excluir ninguna posibilidad legal a su alcance”.
Aunque no tiene constancia de que a día de hoy el acuerdo fiscal entre PSOE y Sumar vaya a contar con “suficiente consenso político y técnico para su aprobación”, Merlin calculará, a corto plazo, el impacto efectivo en el 'cash flow' de dicha propuesta fiscal, que, en todo caso, prevé que sea “limitado” por el efecto conjunto de diversas normas fiscales.
A medio y largo plazo, Merlin centrará su evaluación en determinar las medidas a adoptar para salvaguardar el interés de los accionistas, clientes y empleados, sin excluir acciones legales.
La compañía recuerda que las socimi equivalen en España a fondos de inversión inmobiliarios (REITs) y lamenta que las modificaciones fiscales introducidas en el acuerdo PSOE-Sumar “suponen, en la práctica, la supresión del régimen de las socimi”.
La compañía que fundó y pilota el financiero extremeño Ismael Clemente ha defendido que existe una “clara” justificación económica para la versión española del régimen conocido como REIT internacional, “basada en introducir en el mercado estructuras empresariales activas, con medios y personal directamente afectos a la actividad (por contraposición a los fondos), que se ocupan de promover, construir, adquirir y operar infraestructuras necesarias para los diferentes sectores económicos (oficinas, centros comerciales, logística, centros de datos, hoteles, parkings o torres de telefonía)”.
Todo ello, añade, “con liquidez diaria y como forma de ahorro popular para los particulares e indispensable para el correcto funcionamiento de fondos de pensiones, fondos de inversión, mutuas, aseguradoras, family offices y fondos soberanos”.
“Muy grave”
Por su parte, el presidente de Colonial, Juan José Brugera, ha señalado en declaraciones a Europa Press que el acuerdo es “muy grave” y convertiría a España en “territorio prohibido” para la inversión internacional y que, en caso de aprobarse, se replanteará su estrategia y la ubicación de sus actividades.
“Los cambios que algunos proponen son muy graves. El régimen de las socimis no es más que la adaptación al caso español de la norma establecida en los mercados internacionales. Este tipo de modificaciones convierten al mercado español en territorio prohibido para la inversión internacional”.
En su opinión, el marco legal debería proteger a las compañías que han apostado por atraer inversión internacional, y hacerlo compatible con los mejores fines sociales.
En cualquier caso, Brugera defiende que el modelo del negocio actual de Colonial está diversificado en distintas geografías, con una relevante presencia en el mercado de París, lo que le permite al grupo “una gran fortaleza en escenarios de fragilidad del marco normativo”.
“En caso de aprobarse la reforma del régimen legal de las socimis, Colonial reevaluará su estrategia de inversiones y la ubicación de sus actividades y de su estructura jurídica, y adoptará, en su caso, las medidas que mejor convengan al interés de sus accionistas e inversores, todo ello con el objeto de que estas potenciales medidas no tengan un impacto negativo en la sociedad”.
PSOE y Sumar cerraron el lunes un acuerdo fiscal para gravar a la banca, los apartamentos turísticos y los yates, que también incluye la supresión del régimen fiscal especial de las socimis. Estas sociedades se dedican a comprar activos inmobiliarios, como pisos, oficinas o centros comerciales para alquilar sus espacios a inquilinos, empresas o tiendas a cambio de una renta, sin tener que pagar impuestos sobre los beneficios que reparten a sus accionistas.
El régimen de socimis está supeditado a que estas empresas distribuyan a sus accionistas, como mínimo, el 80% de los beneficios, tener en cartera todas sus adquisiciones un mínimo de tres años, cotizar en Bolsa, contar con un capital flotante del 25% y distribuir un mínimo del 50% de los beneficios generados por la transmisión de inmuebles o participaciones.
La regulación de las socimi en España se fijó en una ley de 2009, en el contexto creado por el estallido de la burbuja inmobiliaria, con el fin de dotar de liquidez a las inversiones en el sector inmobiliario, asegurando un flujo continuo de inversiones a través del ahorro de los inversores, aunque su explosión se produjo tras un cambio normativo introducido por el Gobierno de Mariano Rajoy.
A cierre del ejercicio de 2023, había 116 socimis cotizando en España, lo que posiciona al país como el principal mercado de Europa en número de socimis, con una capitalización bursátil de 24.000 millones de euros.