El Gobierno de Pedro Sánchez no quiere que los funcionarios se conviertan en una fuente de problemas con las debilidades propias de un Ejecutivo apoyado en 84 diputados, tal y como se ha demostrado en la gestión de la dirección de RTVE. Con esta perspectiva, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, pretende confirmar el próximo 16 de julio en su primera reunión con los representantes sindicales los acuerdos salariales y el incremento de plantilla que cerraron los sindicatos y el Gobierno de Mariano Rajoy y eliminar un posible foco de conflicto, cuando la función pública se encuentra “a la cola de Europa” en productividad, según el informe Productividad y eficiencia del sector público realizado por el servicio de estudios de BBVA y publicado esta semana.
Como anuncio previo para rebajar la tensión ante la reunión del próximo 16 de julio, Batet anunció el miércoles el “inmediato restablecimiento” del derecho pleno de los empleados públicos a cobrar el cien por cien de las retribuciones desde el primer día por incapacidad temporal, una medida incluida en el pacto entre CCOO, UGT, CSIF y el Ministerio de Hacienda que dirigía Cristóbal Montoro.
El sector público tiene un peso fundamental en la economía española: “Gestiona un gasto equivalente al 42% del PIB (en promedio durante los últimos 20 años), aporta casi un 20% del Valor Añadido Bruto (VAB) nacional y ocupa a casi tres millones de asalariados (en torno al 20% del total según la Encuesta de Población Activa)”.
A pesar de su importancia, entre 1995 y 2017, la productividad del sector público en niveles promedio se ha quedado atrás respecto a países similares de Europa. En España la productividad de los funcionarios está en unos 28 euros por hora trabajada, por debajo del conjunto de la Eurozona, con 32€/hora. Por países, tan solo la productividad en Portugal (19€/hora) se sitúa por debajo de la de España, según el informe del BBVA, que destaca a Dinamarca (41€/hora), Italia (38€/hora), Francia (36€/hora) y Alemania (30€/hora).
El servicio de estudios del banco analiza dos aspectos para definir la productividad del sector público español. Por un lado, estudia el Índice de Eficacia, indicador desarrollado por el Banco Mundial. Este índice trata de identificar “la percepción de la calidad de los servicios públicos, del grado de independencia de las presiones políticas, de la calidad de la formulación e implementación de políticas y la credibilidad del compromiso de los gobiernos con tales políticas”.
En este Índice de Eficacia, España se sitúa a la cola de Europa con una puntuación en torno al 1,1, en el puesto 36º en 2016 sobre 209 países. A pesar de que España ha mejorado su posición en 12 puestos respecto a 2006, si se compara con los principales países europeos “se puede observar que el país se situó por encima tan solo de Italia (60º) y por debajo de otros países como Portugal (31º), Francia (22º), Reino Unido, Alemania y Dinamarca (16º, 13º y 3º respectivamente)”.
El otro índice utilizado en el estudio es el Indicador de Desempeño Global del Sector Público, uno de los subindicadores que forman parte del Índice Global de Competitividad proporcionado por el Foro Económico Mundial. Este indicador “se construye a partir de encuestas sobre cinco cuestiones: eficiencia de la política de gasto público, exceso de la regulación, transparencia de las políticas públicas, eficacia y sencillez del sector judicial”.
En este indicador España se situó en la posición 80º sobre 137 países en 2017, “afectada por un exceso de regulación (nota de 2,8) y una baja eficiencia del gasto público (3,1), que no consiguen compensar la mejor nota vinculada a la transparencia (4,2)”. Con este resultado, España solo superó a Italia (135º) y a Portugal (95º), en relación a los principales países europeos.
Todos los actores dan por sentado que Batet aceptará las medidas recogidas en los acuerdos suscritos con el anterior Gobierno de Mariano Rajoy en materia de subida salarial, incremento de plantilla y condiciones laborales de los empleados públicos. Sin embargo, en el informe del banco se destaca que “detrás del bajo nivel de productividad y eficacia del sector público español podría haber otros factores más allá del nivel de gasto público”. El 25% de gasto de los Presupuestos Generales del Estado se destinó a las remuneraciones de los empleados de las Administraciones Públicas.
De hecho, el servicio de estudios del banco apunta que “España presenta un nivel de productividad y un índice de eficacia en línea con su porcentaje de gasto público” y que nuestro país se encuentra “entre aquellos países con niveles de productividad en línea con la media de la UE y la UEM, y con un tamaño del sector público similar al promedio” en el periodo de estudio correspondiente a 2001-2016.
Como solución, los expertos del BBVA apuntan a “la adopción de las nuevas tecnologías” para prestar servicios de mayor calidad, reducir los tiempos de espera y aumentar la productividad y eficiencia del sector, así como abogar por un “cambio organizativo del sector público, y una nueva forma de relacionarse más abierta, democrática y participativa con el ciudadano”.
En un sentido similar, la ministra de Política Territorial y Función Pública explicó durante su comparecencia en el Congreso este miércoles su propuesta de creación de un grupo de trabajo liderado por el exministro socialista Jordi Sevilla que proponga medidas para modernizar la Administración Pública.
El grupo de trabajo deberá proponer medidas concretas de modernización de la Administración, tanto en su funcionamiento interno como en su relación con los ciudadanos, y el modelo de acceso a la función pública. Entre otras cosas, servirá para el desarrollo final del Estatuto Básico del Empleado Público, pendiente de su desarrollo desde hace más de diez años.
Estos grupos de trabajo deberán tener sus propuestas presentadas en diciembre de este año para que su Ministerio pueda analizar sus resultados en enero e iniciar “de inmediato” la aprobación y puesta en marcha de las propuestas.