Lejos de dar explicaciones ni, mucho menos, aclarar si va a reclamar el reintegro de la indemnización de 1.350 millones de euros (más intereses) que el Gobierno de Mariano Rajoy decidió cargar a los consumidores de gas a finales de 2014 tras el cierre del fallido almacén de gas Castor, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, se ha limitado a señalar este miércoles en el Congreso que la sentencia del Tribunal Constitucional que el pasado diciembre anuló el mecanismo por el que se articuló esa compensación va a producir una “enorme litigiosidad” entre empresas privadas y contra la propia Administración.
Según el ministro, “lo previsible es que vaya a haber enorme litigiosidad entre privados y entre privados y sector público”, una vez publicada la sentencia en el BOE y después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya haya dejado de abonar a los bancos la primera cuota de la deuda que se titulizó entre tres bancos (Santander, Caixabank y Bankia) tras el cierre de la infraestructura a finales de 2014.
Nadal ha recordado que Competencia también ha suspendido el pago a Enagás, encargada de gestionar la hibernación, de los costes de operación y mantenimiento de la instalación para garantizar que esta siga siendo segura. A esta le corresponden unos 8 millones de euros anuales por esa función, mientras que la cuantía que cobran los bancos ronda los 95 millones anuales, a cobrar en 30 años.
Fuentes del sector aseguran que esos pagos quedan suspendidos hasta que no se articule un mecanismo legal válido para abonarlos, pero ni los bancos ni Enagás perderían ese derecho retributivo. No obstante, Nadal, que reconocido que el asunto del Castor se abordó con “prisas”, ha confirmado que esa factura “no debe formar parte de los costes regulados”. Y no ha aclarado qué mecanismo se va a articular para pagar esa indemnización en el futuro.
El ministro ha espetado a la oposición que “el que tiene la gestión del sistema gasista es la CNMC y muchas de las preguntas se las tendrían que haber dirigido al presidente de ese organismo”.
En su comparecencia ante la Comisión de Energía del Congreso, más de un mes después de la sentencia del Constitucional, Nadal se ha limitado a señalar que el proyecto Castor “se inicia atrás en el tiempo”, en época de José Luis Rodríguez Zapatero, y justificó las prisas en articular el mecanismo de compensación y el recurso al decreto ley (anulado por el Constitucional) en que “se iba a producir un fallido en una deuda del Banco Europeo de Inversiones”, que financió la infraestructura, y “había dudas sobre el euro” en plena crisis de deuda soberana.
Fue, en suma, una buena solución y el Gobierno de Rajoy (con el hermano del ministro, Alberto Nadal, al frente de la Secretaría de Estado de Energía) se limitó al “control de daños” tras la decisión de hibernar el almacén por una sucesión de terremotos en la costa de Castellón relacionados con su puesta en marcha.
En su intervención, Nadal ha confirmado su intención de poner en marcha una batería de recortes al sector eléctrico y gasista que se ha filtrado a diversos medios en los últimos días. Así, propondrá al Congreso “un cambio normativo muy importante” en el tratamiento del desmantelamiento de las centrales nucleares para que ese coste lo asuman las eléctricas y no la empresa estatal Enresa, como ahora; así como diversas rebajas a las actividades reguladas del gas y la electricidad.
En el caso de la electricidad, Nadal ha esbozado una propuesta de recorte de la retribución de las actividades del transporte y la distribución que ha cifrado en 170 millones de euros anuales, más entre 15 y 20 millones correspondientes a los sistemas extrapeninsulares. En el caso del gas, Energía estudia proponer un recorte que, según sus cálculos, puede alcanzar un máximo de unos 50 millones de euros, aunque de definirlo el ministro, ha dicho, debe encargarse la CNMC.
Nadal ha ofrecido tramitar estos cambios como proposición de ley, tras plantear una serie de enmiendas a una ley de medidas urgentes contra la Sequía que difícilmente prosperarán dada la minoría parlamentaria del PP en el Congreso.
Respecto al almacén que Gas Natural quiere construir junto al Parque Nacional de Doñana, Nadal ha comparecido tras revelar eldiario.es la existencia de un informe del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) que advierte de que uno de los proyectos presenta “peligrosidad alta” por inundaciones. Dice el ministro que el Gobierno “jamás” autorizará el proyecto si este no tiene el “visto bueno” de la Junta de Andalucía y el propio IGME.