Han necesitado 48 horas para pactar una posición conjunta sobre la reforma de la Política Agraria Común europea. No en vano, están en juego casi 400.000 millones de euros distribuidos en siete años –47.724 millones para España–, más o menos lo mismo que el monto total de subvenciones del plan de recuperación por la crisis del covid.
La PAC supone la principal partida del presupuesto plurianual de la UE. Los ministros de Agricultura reunidos en Luxemburgo han acordado una reforma de la PAC basada en el documento de la presidencia rotatoria alemana y que incluye un 20% de pagos directos a planes ecológicos, los llamados ecoesquemas. Y con la posición acordada a las cuatro de la mañana de este miércoles los gobiernos acudirán a los trílogos, las negociaciones con el Parlamento Europeo –cuya posición se está fijando esta semana en Bruselas– y la Comisión Europea, para terminar de concretar la reforma.
La principal novedad de la reforma son los llamados planes ecológicos o ecoesquemas, es decir, la arquitectura verde de la nueva PAC: agricultura sostenible, de precisión, los regímenes en favor del clima y el medio ambiente, la agrosilvicultura y la agricultura orgánica, pero los estados miembros serían libres de diseñar sus propios instrumentos en función de sus necesidades, como adelantaba Europa Press.
Los ecoesquemas es un nuevo pago que los países tendrán que ofrecer de manera obligatoria a los productores, aunque éstos podrán decidir voluntariamente si se acogen a ellos o no. Es decir, se trata de unos requisitos verdes adicionales pero opcionales que van más allá de la condicionalidad obligatoria.
El documento elaborado por Alemania para la reunión de este lunes fija un 20% de las ayudas directas de cada país a este tipo de regímenes y establece un periodo de transición con cierta flexibilidad para lograrlo durante los dos primeros años de la PAC (2023 y 2024). “La posición acordada permite a los Estados miembros tener la flexibilidad necesaria sobre cómo alcanzar los objetivos ambientales. Por ejemplo, habría una fase piloto de dos años para eco-esquemas y los estados miembros disfrutarían de flexibilidad sobre cómo asignar fondos bajo diferentes prácticas verdes”, explica el Consejo de la UE.
La iniciativa ha sido aprobado por mayoría cualificada, con el único voto en contra de Lituania y las abstenciones de Rumanía, Bulgaria y Letonia: temen que un porcentaje obligatorio a escala europea pueda dificultar el desembolso de las ayudas y piden que se establezca a escala nacional.
Del otro lado, Dinamarca o Portugal estaban a favor de fijar un porcentaje mínimo de los pagos directos para los ecoesquemas, y un 20% suponía un “buen punto de partida”. Países Bajos abogaba por elevar ese umbral al 30%.
La posición española en la negociación, argumentaba por el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha sido defender un peso mínimo del 20% para estos nuevos regímenes, pero ha solicitado que las medidas de flexibilidad se amplíen hasta 2027 y no se limiten a dos años.
Planas ha destacado en una rueda de prensa al final del consejo europeo de ministros de Agricultura que el “acuerdo final se corresponde exactamente con el esquema que nos habíamos planteado desde el principio”. En particular, que el 60% de los pagos directos vayan a estar destinados a la renta básica para la sostenibilidad de los productores y un 20% esté reservado para los nuevos ecoesquemas, el mayor obstáculo en las negociaciones.
La reforma pactada también incluye un “nuevo modelo de ejecución que permita a los países elegir las mejores herramientas y acciones a su disposición (y también teniendo en cuenta las especificidades nacionales) para alcanzar los objetivos y estándares acordados en la UE”. De acuerdo con la reforma pactada, “los agricultores recibirán ayuda financiera con la condición de que adopten prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente”.
“Los agricultores que vayan más allá de los requisitos ambientales y climáticos básicos”, afirman los 27, “obtendrán apoyo financiero adicional mediante la introducción de ecoesquemas. Estos nuevos instrumentos para la protección del medio ambiente y el clima están vinculados a un presupuesto específico, que forman parte del presupuesto de pagos directos. Estará delimitado al 20%. Una fase piloto inicial de dos años garantizaría que los Estados miembros no pierdan los fondos que tanto necesitan mientras se familiarizan con los nuevos instrumentos”.
Los ministros de Agricultura de la UE también se han comprometido a que “todos los agricultores estén sujetos a normas medioambientales más estrictas; incluso los más pequeños. Para ayudarlos en esta transición ecológica, los pequeños agricultores estarían sujetos a controles más simplificados, lo que reduciría la carga administrativa y garantizaría su contribución a los objetivos ambientales y climáticos”.
Debate en la Eurocámara sobre la propuesta de PPE, S&D y Renew
En paralelo al proceso de los 27 gobiernos de pactar una posición conjunta, reunidos en Luxemburgo, la Eurocámara está fijando la suya, basada en un documento pactado por populares, socialistas y liberales en Bruselas antes de ir a las negociaciones, los trílogos.
El eurodiputado del PP Juan Ignacio Zoido ha asegurado: “No vamos a tolerar un cambio radical como el que algunos proponen para un modelo tan exitoso como ha sido la PAC hasta ahora. A pesar del recorte presupuestario que el Consejo de la UE asestó a los agricultores el pasado mes de julio, todavía hay quienes quieren imponerles más cargas y exigencias”, ha afirmado en referencia a las nuevas condiciones vinculadas a la protección del medio ambiente de la reforma.
La eurodiputada Clara Aguilera, portavoz socialista de la Comisión de Agricultura en la Eurocámara, ha subrayado que “la sostenibilidad de la PAC tiene que ser medioambiental, social y económica, porque si no hay explotaciones competitivas, no hay sostenibilidad”. Iratxe García, presidenta del Grupo Socialdemócrata en el Parlamento Europeo, ha dicho: “No queremos una política solo medioambiental: tiene que ser también social”.
La portavoz de Podemos en el Parlamento Europeo, María Eugenia Rodríguez Palop, ha criticado, por su parte, que el texto a debate, elaborado por populares, socialistas y liberales, sea “escasamente redistributivo”, y que “la definición que se hace de los ecoesquemas plantea dudas, porque el esquema es un incentivo a la puesta en marcha de determinadas prácticas sostenibles y esa idea queda bastante desvirtuada”.
Palop también ha advertido de que “el hecho mismo de utilizar agricultura de precisión permita a un agricultor o agricultora quedar dentro del esquema y recibir ese dinero, porque puede ser un coladero que acabe favoreciendo casi exclusivamente al agronegocio”.
El presidente del grupo liberal (Renew Europe, el grupo de Ciudadanos y PNV), el rumano Dacian Ciolos, ha defendido el sentido verde de la reforma en su intervención: “La política agrícola debe cambiarse ahora. Nuestra decisión debe enviar una señal clara a los agricultores: ¡los necesitamos! Sin ustedes, no hay green deal”.
El portavoz en Agricultura de los Verdes, el alemán Martin Häusling, ha lamentado: “”Lo que está sobre la mesa no debe llamarse reforma .Solo estamos votando sobre lo que quieren los tres grupos políticos más grandes. ¡No podemos seguir como de costumbre! Con esas propuestas la estrategia de biodiversidad, la estrategia de la granja a la mesa y el EU Green Deal están en peligro“.
La activista climática Greta Thunberg ha afirmado: “En medio de una emergencia climática y ecológica, la UE está a punto de cerrar casi 400.000 millones de euros para una nueva política agrícola ignorando por completo el clima y la biodiversidad. Incluso un niño sabe que no es así como se supone que funciona la democracia”.