El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha abogado hoy por que la nueva Ley de Contratos de Sector Público, que se tramita en el Congreso, incluya medidas más exigentes para que las empresas adjudicatarias cumplan “escrupulosamente” con la Ley de Morosidad y los plazos de pago.
Montoro ha respondido en la sesión de control al Gobierno en el pleno del Congreso a la pregunta del portavoz parlamentario de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, sobre si el Gobierno está haciendo todo lo posible para luchar contra la morosidad.
El ministro ha afirmado que el Ejecutivo tiene “voluntad” de seguir avanzando y de pactar con los partidos políticos medidas “ambiciosas” para luchar contra la morosidad en el sector público y en el privado.
Ha recordado los puntos del pacto de investidura entre el PP y Ciudadanos que están “pendientes de desarrollar” y ha subrayado la importancia de una mayor exigencia en las contrataciones públicas, para que cumplan “escrupulosamente la Ley de Morosidad en sus relaciones privadas”.
“La intención del Gobierno es seguir en esta línea de lucha contra la morosidad y lo importante es la voluntad de aplicar medidas conjuntas, con Ciudadanos y con otros grupos políticos, que sean ambiciosas”, ha dicho.
Por su parte, Girauta ha recordado que los plazos legales de pago en el sector privado se encuentran en una media de 77 días, en 2016, frente a los 60 que establece la ley, mientras que en el sector público la media es de 71 días, frente a los 30 legales.
Ciudadanos ha urgido a que la nueva Ley de Contratos del Sector Público, cuya ponencia tramita actualmente el Congreso, incluya la obligación de que las administraciones comprueben que los contratistas cumplen con la Ley de Morosidad, e incluso la posibilidad de que las propias subcontratas o proveedores de las adjudicatarias puedan cobrar directamente de la Administración Pública.
También, que en la ley se elimine la posibilidad del pacto privado que permite ampliar los plazos de pago más allá de lo establecido por ley entre contratistas y proveedores.
El ministro de Hacienda ha valorado, no obstante, las medidas que ha adoptado el Gobierno para reducir la deuda comercial de las administraciones públicas, que ha pasado de 35.000 millones de euros en 2012 a situarse cerca de los 6.000 millones en 2016.