“En 2012 el Gobierno echó el anzuelo y tuvo que poner un cebo. Sin un cebo mínimamente atractivo, los pececitos se van a otro sitio o se quedan en el fondo del mar”. Así ha definido este miércoles el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro lo que fue la amnistía fiscal, que ha sido declarada nula por el Tribunal Constitucional, aunque no sus consecuencias.
El “cebo” fue, según su relato, la Declaración Tributaria Especial, que permitió la regularización de las rentas previamente ocultadas “a un tipo reducido” (un 10 % que en la práctica se quedó en un 3% en muchos casos). Y los “pececitos” fueron los 31.484 declarantes que legalizaron 40.000 millones de dinero negro a cambio de 1.200 millones en impuestos (una recaudación que fue la mitad de lo previsto). De momento se conocen apenas sesenta nombres gracias a procesos judiciales, un puñado de sentencias e investigaciones periodísticas como las de Los Papeles de Panamá y Los Papeles de la Castellana.
Unas horas antes de su comparecencia en el Congreso, el ministro de Hacienda ha querido sembrar inquietud en las filas socialistas al asegurar que también hay varios ex altos cargos de este partido en la famosa lista, que no se quiere hacer pública en contra de la reclamación del Consejo de la Transparencia. En el turno de réplica, el grupo socialista le ha invitado a hacer público este listado. Después Montoro ha aclarado que se refería a casos que ya se conocen porque están siendo juzgados.
Pero a pesar de esta descripción de su astucia política y económica, Montoro ha asegurado que no le gustó adoptar esta medida y se ha descolgado con una propuesta al resto de los grupos: que se reforme la Ley General Tributaria para que a partir de ahora quede prohibido aplicar este tipo de regularizaciones fiscales de dinero negro. En todo caso, distintos expertos y servicios de estudios ya habían dado por hecho desde el primer día que la sentencia del Constitucional complicaba enormemente la aprobación de nuevas regularizaciones de esta naturaleza.
Sin dar muestra alguna de preocupación o decaimiento por la sentencia, Montoro ha insistido en el Congreso en el argumentario que se viene repitiendo desde el mismo día (el pasado 8 de junio) que se conoció el fallo: que el problema fue el tipo de norma que se aprobó, no su esencia o contenido. “Deberíamos haber acudido a una ley ordinaria y no a un decreto ley, pero la sentencia se queda ahí”, ha recalcado.
Ha preferido pasar por alto párrafos demoledores del fallo en los que se asegura que la medida supuso “la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos” y legitimó “la conducta de quienes, de forma insolidaria, incumplieron con su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica”.
Medidas que no le gustó tomar
Montoro ha encuadrado la que ha vuelto a llamar “regularización tributaria especial” -sigue negando tajantemente que haya sido una amnistía- entre las medidas que el Gobierno tuvo que tomar en 2012 sin gustarle, como la subida de impuestos, y en especial del IVA,“auténtico baldón (afrenta) para el que les habla” ha dicho.
A continuación ha subido el tono para recordar la situación de crisis económica en aquellos días: “no podíamos dejar de tomar ninguna medida por impopular o poco deseada que fuera”, ha dicho Montoro. “A mí no me gustó nada poner en marcha la regularización extraordinaria, de la misma manera que tampoco me gusto subir los impuestos. Pero eso no quiere decir que fuera un error hacerlo. Había que hacerlo”, ha insistido. Según el ministro, gracias a estas medidas España evitó ser rescatada e intervenida, y pudieron evitarse situaciones como las de países como Grecia y Portugal, con bajadas de pensiones y de sueldos de los funcionarios de dos dígitos.
“¿Recuerdan que dije que había administraciones en España que no podían pagar nóminas a final de mes?”, ha clamado.
“No pasee una cabeza de caballo por los pasillos del Congreso”
Los portavoces parlamentarios han sido duros con Montoro. El socialista Julián López Milla le ha preguntado si les estaba “amenazando” al asegurar que había integrantes “del grupo socialista” -ha subrayado López Milla este detalle- en la lista de amnistiados. “Es un honor que nos incluya pero le recuerdo que es información confidencial”, ha afirmado, retando a Montoro a hacer público el listado y ofreciendo los votos del PSOE para cambiar la ley para que esto sea posible.
Pero mientras siga vigente la actual, según López Milla ni siquiera Montoro debería tener acceso , y por eso le ha preguntado cómo es posible que conozca su composición y detalles como que no hay “ningún implicado en la trama Gürtel” en la misma.
“No pasee una cabeza de caballo por los pasillos del Congreso”, ha dicho en referencia a la película “El Padrino”, que ha salido a colación también en otras intervenciones. Ha sido el caso de Ignasi Candela, de Compromís, que le ha espetado: “usted no ha sido más que el blanqueador del dinero de los criminales”, expresión que ha propuesto retirar del acta de la sesión el presidente de la Comisión.
Por parte de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Alberto Garzón ha reiterado sus acusaciones a Montoro de ser el auténtico “antisistema”. Le ha reclamado que haga pública la lista de cargos públicos que, según sospecha el diputado, el ministro conoce, que se han acogido a la regularización de un dinero ilícito.
Montoro ha querido enfriar la polémica sobre la lista de amnistiados explicando que él se refería a casos que ya son públicos y que están en los tribunales y ha preferido no recoger el guante de los socialistas para modificar la ley que impide la publicación de determinados datos tributarios. Ha añadido que “mucha gente habrá visto la lista” de 31.484 declarantes amnistiados, pero él no. “Yo no paseo por el Congreso con ninguna cabeza de caballo cortada”, ha asegurado, culpando a los medios de comunicación de tergiversar sus palabras.