El Ministerio de Hacienda no ha publicado todavía un informe sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto del ejercicio pasado de las distintas administraciones que tendría que haber elevado al Consejo de Ministros antes del 15 de abril, hace casi un mes. Este miércoles, el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, ha pedido en el Congreso de los Diputados que este informe, el primero que dará información sobre 2016, se haga público “a la mayor brevedad posible”.
Según la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el departamento que dirige Cristóbal Montoro ha de dar a conocer dos informes al año sobre estos mecanismos de control de las finanzas públicas, uno antes del 15 del mes pasado y otro antes del 15 de octubre. Así ha ocurrido desde 2014, salvo en dos ocasiones en los que se demoró diez días. En ejercicios anteriores se elaboraba un informe anual.
Fuentes del Ministerio restan importancia a este nuevo retraso, que por primera vez salta al mes siguiente, y lo achacan a cuestiones “técnicas”. Afirman que en cuanto estas incidencias se solventen se publicará el informe, lo que ocurrirá “próximamente”.
Los ayuntamientos
Ayuntamientos como el de Madrid están muy pendientes de esta información. El consistorio de Manuela Carmena está inmerso en un contencioso con Cristóbal Montoro sobre la regla de gasto, que es la que obliga desde 2012 -año del rescate bancario- a que los desembolsos de las administraciones no puedan elevarse por encima de una determinada tasa (la del crecimiento del PIB a medio plazo).
En función de este instrumento de disciplina presupuestaria, Hacienda ha obligado a Madrid a inmovilizar 238 millones de euros por incumplir esta norma el año pasado. El ayuntamiento de Manuela Carmena ha anunciado acciones por la vía contencioso-administrativa contra Hacienda por esta resolución.
Por ello, el Consistorio madrileño quiere poder comparar su grado de cumplimiento de la regla de gasto con el del conjunto de las entidades locales y con el de las comunidades autónomas, una vez se publique el citado documento. Madrid consiguió un superávit en 2016 de más de mil millones de euros.
El enfado del ayuntamiento madrileño con el Ministerio de Hacienda no es un hecho aislado. De hecho el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, ha amenazado con movilizaciones si el Congreso de los Diputados no garantiza en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2017 que las entidades locales puedan revertir los más de 7.000 millones que alcanzaron de superávit en 2016. Por su parte, El Comercio de Gijón ha publicado que los ayuntamientos asturianos tienen 435 millones inmovilizados por Hacienda en cumplimiento de la regla de gasto.
La semana pasada, el ministro Montoro afirmó que el Gobierno no revisará la regla de gasto hasta que el país no salga del procedimiento de déficit excesivo en el que se encuentra ahora, al tener un déficit superior al 3%. Según consta en el Programa de Estabilidad Presupuestaria recientemente remitido a Bruselas, España saldrá de este programa correctivo en 2018, año en el que prevé alcanzar un déficit presupuestario del 2,2% del PIB. La salida del procedimiento será en lo que concierne a déficit público, porque la deuda pública sí seguirá por encima del preceptivo 60% del PIB (estará en un 97,6%).
En noviembre de 2016 Hacienda se comprometió a constituir un grupo de expertos con ayuntamientos y comunidades autónomas para revisar en el primer semestre de 2017 la interpretación de la regla de gasto. Mientras tanto, las entidades locales aseguran que están cansadas de ser las que cargan con la responsabilidad de cuadrar el déficit público pactado con Bruselas, sin poder revertir su buena gestión en más inversión para los ciudadanos, mientras otras administraciones se desvían.