La reforma de la financiación autonómica, empantanada desde que comenzó la escalada de tensión en torno a la celebración de un referéndum sobre la independencia en Catalunya, está a punto de retomar sus trabajos. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, afirmó hace unos días en el Congreso que “toda la Hacienda territorial tiene que ser revisada, actualizada” y añadió: “Vamos a hacerlo ya”.
Así, se va a reactivar el proceso de modernización y racionalización de los impuestos, ingresos y gastos de las comunidades autónomas de régimen común (todas menos el País Vasco y Navarra) en plena aplicación del artículo 155 de la Constitución en una de ellas, Catalunya. Desde un punto de vista hacendístico, este artículo implica que la comunidad pierde el control sobre todo su sistema impositivo, incluidos los tributos autonómicos. Un paso más en el control que ya había establecido Montoro sobre los ingresos y gastos públicos para evitar que se destinasen al 1-O.
Cierto es que Barcelona ya se había inhibido de participar en la reforma de la financiación autonómica, y ni siquiera quiso participar en el comité de expertos que elaboró y entregó el pasado mes de julio una propuesta como base de la reforma. Tampoco el presidente, Carles Puigdemont, había acudido a la conferencia de presidentes que se celebró en el Senado en enero, y en la que se acordó iniciar los trabajos con el optimista calendario –que en ningún caso se va a cumplir– de que la modificación pudiera estar lista este mismo año para entrar en vigor en 2018.
El PSOE plantea la cuestión catalana
Montoro, miembro de un Gobierno sin la mayoría parlamentaria suficiente, ha insistido en todo momento en que necesitaban el concurso del PSOE. El ministro es consciente de que esta actualización de la financiación está abocada al fracaso sin el apoyo del principal partido de la oposición, que además gobierna en siete comunidades autónomas (Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana, Asturias, Aragón, Baleares). También está en los gobiernos de Cantabria y Euskadi en coalición, sin presidencia.
Y aunque Catalunya no haya querido participar en los trabajos previos, Manuel Escudero, secretario de Área de Política Económica y Empleo del PSOE, asegura a eldiario.es que “cualquier planteamiento respecto al modelo de financiación, y no prejuzgo cómo, tiene que tener en cuenta la cuestión catalana”. La formación está por la igualdad de oportunidades en cualquier lugar de España, pero “esto no quiere decir que el sistema de financiación deba ser el mismo”, añade.
A su juicio, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont “está a tiempo de abandonar la línea de unilateralidad” y abordar algunas de sus demandas en la comisión de reforma territorial que se va a crear en el Congreso.
Escudero celebra que se reinicie la reforma de la financiación de las comunidades autónomas, ya que el actual modelo está “agotado”, pero aclara que por el momento no se han iniciado conversaciones con el Gobierno sobre el asunto. Asegura además que han leído “con mucha atención” el informe del comité de expertos, “lo que no implica que todas tengan que ser tenidas en cuenta”, ya que llega el momento de que prime más un criterio político.
Por su parte, el profesor de la Pompeu Fabra Guillem López Casasnovas, que fue el representante de Baleares en el comité de expertos, tiene claro que ha habido, al menos en el pasado, posibilidades para el acuerdo entre Catalunya y el resto del país: “La insensibilidad de muchos políticos y académicos de bandera, especialmente de los representantes del Ministerio, ha sido enorme y han sido más generadores de los problemas que ahora padecemos que ayudar a la solución. De aquella incomprensión, este malestar. Hace tiempo que el nacionalismo español no tiene los sensores bien puestos en lo que pasa en algunas Comunidades”, diagnostica.
Otro de los miembros del comité, en este caso el nombrado por el Gobierno aragonés, es el profesor de la Universidad de Alcalá Alain Cuenca. Su visión sobre cómo puede afectar la situación de Catalunya a la reforma del modelo de financiación autonómica la expresó en un artículo titulado “La anunciada muerte del Estado de las Autonomías”, publicado en La Información.
En él señala: “Otro efecto de la crisis institucional es que el liderazgo que Cataluña ha ejercicio desde siempre en la construcción del Estado de las Autonomías queda, de momento, huérfano. Finalmente, cuando la crisis se resuelva, si Cataluña obtiene alguna ventaja, quizá esta vez no sea extensible a las demás comunidades de régimen común, como sucedió en el pasado”.
Lo que está pendiente en la financiación autonómica
El sistema de financiación autonómico español empezó su desarrollo con la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) de 1980. Tras una complejidad creciente en las competencias de las autonomías (en la actualidad gestionan la educación, la sanidad y la dependencia, entre otras) se ha llegado a una situación en la que todas las comunidades, hasta las del PP, se han quejado de sus problemas de financiación.
Lo que se pretende calcular es cuánto dinero necesita cada una de las regiones para mantener los servicios públicos y las prestaciones que reciben los ciudadanos con parámetros de igualdad y eficiencia. Y cómo debe el Estado repartir los recursos para ello. Algunas, como la Comunidad Valenciana, esperan que se condone parte de una “deuda histórica” de 14.000 millones de euros. Otras, como la Comunidad de Madrid, hacen valer que soportan el balance fiscal más negativo. La propia Catalunya, y no es la única, se considera “infrafinanciada” por el sistema.
El comité de 21 expertos terminó sus trabajos el pasado verano con una fuerte división y un 40% de votos particulares. En su informe recomiendan cuestiones como otorgar capacidad sobre el IVA a las regiones o acabar con el llamado statu quo, que es una cláusula que impide que ninguna comunidad autónoma pierda respecto al anterior sistema en caso de reforma. También alientan a armonizar Sucesiones y Donaciones con un mínimo exento único que podría variar entre el 4-5% y el 10-11% según el grado de parentesco, y un máximo que no detallan. Este es uno de los impuestos más polémicos del sistema tributario español, y ha llegado a provocar manifestaciones. Andalucía decidió su práctica supresión recientemente por su acuerdo con Ciudadanos.
Tras este comité de carácter técnico, ahora el Consejo de Política Fiscal y Financiera –donde se sientan las comunidades autónomas de régimen común y el Gobierno– tiene que poner en marcha otro nuevo grupo de trabajo, con un carácter más político. Mientras esté en vigor el artículo 155, cualquier eventual representante catalán estará bajo las órdenes del Gobierno central.
Una de las opciones que se han debatido en medio de la escalada de tensión entre el Gobierno y la Generalitat ha sido dotar a Catalunya de un sistema fiscal similar al concierto de las comunidades forales: un Cupo en el que se negocia una cantidad con el Estado que deben pagar País Vasco y Navarra por las competencias no transferidas y en concepto de solidaridad entre autonomías. Según explicó el consejero de Economía y Hacienda del primer Gobierno vasco, Pedro Luis Uriarte, el Gobierno central ofreció un sistema similar a Catalunya en 1980, pero Jordi Pujol lo rehusó. 32 años después Artur Mas reconoció que la comunidad era responsable de no tener una Hacienda propia y planteó un pacto fiscal de concierto económico a Mariano Rajoy, al que este se negó. Esta negativa supuso un punto de inflexión que propició un giro independentista en amplios sectores políticos catalanes.
La solución foral para Catalunya no es vista con buenos ojos por algunos de los expertos de la reforma del modelo de financiación. De hecho, el último pacto entre el Gobierno y el propio País Vasco que propició el apoyo del PNV a los presupuestos de 2017 crispó al comité y provocó una dimisión por la supuesta “insolidaridad” del acuerdo hacia el resto de las regiones. Considerarían por tanto erróneo extender a Catalunya este tipo de prácticas, que en el caso del País Vasco y Navarra hunden sus raíces siglos atrás.
Uno de los “sabios”, el director de Fedea, Ángel de la Fuente, nombrado por Hacienda, tiene claro que un concierto para Catalunya “no sería deseable” aunque fuera técnicamente posible. En su opinión, significaría “generalizar un mal sistema”, en el que “nadie pagaría realmente los gastos que le corresponde”. Para De la Fuente es cierto que Catalunya ha sido muy activa en las últimas décadas y ha actuado como acicate para la descentralización del modelo. Pero también deja claro que en la actualidad existen las suficientes voces como para plantear una reforma del modelo sin que ellos participen si no es su deseo.