El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, aseguró anoche a sus homólogos autonómicos que la improvisada decisión del Gobierno de acometer un recorte de 2.000 millones de euros en el presupuesto de 2016 le “carga de razón y de causa moral” para exigir lo mismo a las regiones.
Tras un tardío Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), Montoro insistió en que para pedir a la Comisión Europea una flexibilización de los objetivos de déficit para este año, primero hay que tomar medidas y demostrarle a Bruselas que España es un país “serio y riguroso”. España ha anunciado un déficit del 5% para este año, cifra aún no refrendada por Eurostat, muy lejos del 4,2% pactado con Bruselas.
Con estos mimbres, el actual objetivo del 2,8% para 2016 es prácticamente inalcanzable y el ministro ya ha claudicado con que sus cuentas, presentadas a la carrera en pleno julio de forma inaudita, no serán suficientes para cumplir los acuerdos. Hacienda lanzó una rebaja fiscal electoralista con un importante coste para las cuentas públicas. En su afán de hacer un gesto que convenza a Bruselas, Montoro ha optado ahora por recortar gasto en lugar de corregir la bajada impositiva.
El ministro ha recordado que el 9 de marzo Bruselas comunicó una recomendación a España instando al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para conseguir una “corrección duradera” del déficit público, en la se pedía que se aplicaran las medidas coercitivas de la ley de estabilidad presupuestaria para que las comunidades autónomas redujeran la desviación. En ese momento, el ministro en funciones aseguraba que con el actual presupuesto se cumpliría lo pactado, algo que ya se ha demostrado imposible.
Con su recorte de 2.000 millones de euros (unas dos décimas para el agujero de déficit), el Ejecutivo se siente legitimado para redoblar sus presiones a las comunidades autónomas para que hagan “acuerdos de no disponibilidad” en 2016 y se aprieten más el cinturón. Lo cierto es que solo tres comunidades cumplieron con el objetivo de déficit de 2015. Cabe recordar que las comunidades son las que más gasto soportan al ser responsables de la sanidad y la educación. Además, la Seguridad Social tuvo una importante desviación del déficit de la que apenas se habla.
Las comunidades autónomas y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) llevan ya dos años pidiendo al ministro que haga un déficit a la carta, según las necesidades de cada comunidad. Sin embargo, el Ejecutivo se niega de plano y solo ha aceptado tener reuniones bilaterales con cada comunidad para tratar de forma personalizada la senda del déficit, que no el objetivo. Los consejeros se han declarado decepcionados por este inmovilismo.
En su cruzada por que las comunidades autónomas hagan recortes, Montoro tampoco encuentra apoyos en las gobernadas por el PP. Así, la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Rosa Valdeón, ha pedido una reunión bilateral con el ministro para demostrar que “no tiene que hacer ningún recorte adicional”. Murcia y Madrid también están poco conformes con el argumentario del ministro.