El exvicepresidente de Caja Madrid José Antonio Moral Santín ha recurrido ante la Audiencia Nacional la fianza civil de 610.000 euros que le impuso el juez Fernando Andreu en el caso de las tarjetas 'black'. En el recurso presentado por su defensa, al que ha tenido acceso eldiario.es, el antiguo responsable de IU alega que “cualquier ciudadano admitiría como gastos de representación o de compensación” los 456.522 euros que cargó a la entidad.
Moral Santín fue el segundo beneficiario de una tarjeta 'black' que más gastó con ella, solo por detrás de Ildefonso Sánchez Barcoj. Del total referido, 360.000 euros fueron retirados de cajeros de una forma ordenada: el exvicepresidente acudía una vez por semana y extraía 300 euros. Así fue desde enero de 2003 a finales de 2004. A partir de entonces comenzó a retirar 500 euros semanalmente, hasta que en julio de 2007 elevó la cifra a 600. Y así hasta diciembre de 2012. En total, 692 visitas al cajero automático en nueve años.
Al respecto, el escrito de la abogada de Moral Santín asegura que las cantidades en efectivo iban destinadas al “menudeo de gastos de transporte, etc.”. En aquella época “es precisamente el efectivo la forma habitual de pago”, añade. En su declaración ante el juez Andreu, según fuentes presentes, el exdirigente de IU alegó que con el dinero retirado del cajero pagaba taxis cuando estos no contaban con datáfono o costeaba la reparación de su vehículo particular en el taller.
Los gastos de representación que Moral Santín considera perfectamente entendibles por “cualquier ciudadano” incluyen comidas en restaurantes a los que la mayoría de los contribuyentes llamados a la comprensión no pueden aspirar, caso de Zalacain, Tao Lounge o Castellana 179, todos ellos en Madrid. Pero no solo en la capital, esas reuniones de trabajo también se dieron en reservados de restaurantes de su Bierzo natal o en paradores nacionales como los de Tordesillas, Benavente o Villafranca, todos ellos, casualmente, en el trayecto que une Madrid con León.
De hecho, su abogada y él mismo aseguran que ha quedado “acreditado” que las tarjetas fueron emitidas “debidamente”, tras ser debatidas en el Consejo, y “como una fórmula de compensar los gastos y esfuerzos de los consejeros”. Sin embargo, tras tomar declaración a Moral Santín y a otros beneficiarios de las tarjetas 'black', el magistrado dictó el pasado 27 de febrero un auto imponiendo una fianza civil equivalente al gasto realizado con el plástico más un tercio legal. De ahí que el antiguo hombre fuerte de IU en Madrid deba responder con 610.000 euros para asegurar las posibles responsabilidades pecuniarias que incluya en el futuro una eventual sentencia condenatoria.
Ante la legalidad que Moral Santín concluye que se dio en el caso de las tarjetas, Andreu afirma en el auto: “Resulta de todo punto evidente que no puede considerarse a dichos fondos como ningún tipo de retribución ni de complemento retributivo, pues el pago de una retribución mediante la asignación para el uso de una tarjetas de forma discrecional escapa a las normas del sentido común y de la lógica empresarial, por lo que no cabe imputar a este concepto las cantidades cargadas a las mencionadas tarjetas de crédito”.
Con todo, el argumento principal de la defensa de Moral Santín para recurrir el pago de la fianza civil es que las perjudicadas, es decir, Caja Madrid y la Fundación –el “sucesor universal”–, no han formulado la “exigible” denuncia que satisfaga el requisito de “perseguibilidad” al imputado. “A pesar de lo argumentado en el auto, la actuación de los consejeros de Caja Madrid y por supuesto la de mi principal no ha sido sino la prevista y autorizada por quien ahora se dice perjudicado”, añade el escrito.
Los argumentos de Moral Santín y del juez entran en plena confrontación al considerar el primero que las actas de la época de Jaime Terceiro en la presidencia acreditan la legalidad de las tarjetas. Andreu, por contra, valora la declaración que el expresidente de la caja hizo como testigo, en el sentido de que las tarjetas tenían en su época funciones de gastos de representación y un límite de 300 euros que los consejeros nunca sobrepasaron. Fue con la llegada de Miguel Blesa cuando “no solo el límite cuantitativo de estas tarjetas de empresa fue aumentando con el tiempo, sino que desapareció por completo el hasta entonces llamado control cualitativo”.
Por último, donde Andreu ve tantas versiones sobre para qué eran las tarjetas como imputados declararon ante él, Moral Santín detecta pocas discrepancias o al menos no “de contenido trascendente”. Básicamente, dice la defensa del imputado tras hablar de gastos de representación, casi todos convinieron que entraban en el “pack de retribución” y que si hay alguna divergencia en los testimonios se debe al “tiempo transcurrido y en muchos casos también al cambio de la persona que ofreció la tarjeta y explicó su uso”.