Multa récord para Deloitte de 24 millones de euros en el Reino Unido por su auditoría fraudulenta de Autonomy
La auditora Deloitte ha sido condenada por un tribunal a pagar una multa récord de 15 millones de libras más gastos legales de 5,6 millones de libras (suman más de 24,1 millones de euros) por cometer una falta grave cuando auditó a Autonomy, un grupo tecnológico que protagonizó uno de los mayores escándalos contables del Reino Unido, según ha adelantado Financial Times. La condena a Deloitte es la más dura contra una de las cuatro grandes firmas auditoras en el Reino Unido.
La sentencia asegura que la empresa auditora y dos de sus socios auditores no actuaron con integridad, objetividad o escepticismo profesional cuando examinaron los estados financieros de Autonomy y las declaraciones a los reguladores en los años anteriores a su desastrosa adquisición por Hewlett-Packard por 11.000 millones de dólares en 2011.
Tras la venta, HP se vio obligado a realizar una amortización de 8.800 millones de dólares del valor de Autonomy, a la que siguieron una investigación por fraude, procedimientos judiciales en el Reino Unido y los Estados Unidos -incluso contra su fundador Mike Lynch- y una sentencia de cárcel para su ex director financiero, Sushovan Hussain.
El tribunal también ha ordenado a Deloitte que lleve a cabo un “análisis en profundidad” de su actuación indebida y que explique por qué sus sistemas de compliance en la propia auditora no evitaron “fallos continuados y graves”. El socio de Deloitte para Autonomy, Richard Knights, ha sido inhabilitado para ejercer labores de auditoria cinco años y multado con 500.000 libras esterlinas, mientras que el auditor, Nigel Mercer, fue multado con 250.000 libras. Los dos condenados ya había dejado Deloitte entre 2016 y 2017.
El organismo suprevisor británico Financial Reporting Council (FRC) llevó a Deloitte ante el tribunal basándose en que sus auditores ocultaron información aportada por directivos de Autonomy que encubrían pérdidas importantes en las ventas de equipos informáticos asignándolos indebidamente como gastos de comercialización.
El FRC acusó a los socios auditores de Deloitte de trabajar en connivencia con los ejecutivos de Autonomy debido a que la empresa era el cliente más importante de la oficina de Cambridge en la que tenían su sede y generaba importantes honorarios para la auditora.
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