Multas de Hacienda y grave accidente laboral: los pleitos de los venezolanos tras el ático más caro de Madrid

Cientos de miles de euros en liquidaciones y multas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT); litigio con la Seguridad Social por un grave accidente laboral; y veto del Banco de España a la compra de una empresa de remesas.

Son algunos contenciosos en España de los Dorado-Pizzorni, venezolanos con raíces italo-gallegas y notable presencia en el sector financiero de Latinoamérica. Conocidos en Venezuela por negocios como su firma de remesas Italcambio, son dueños de los derechos de la marca Frida Kahlo o de Italbank, “el banco más importante de Puerto Rico”, según su web. Tras reventar la burbuja inmobiliaria española se lanzaron, como otras fortunas venezolanas, al segmento de lujo en Madrid. La apuesta les reportó ingresos millonarios y algún que otro pleito.

Los últimos en aflorar están relacionados con su inmobiliaria Italinmuebles, que en 2021 protagonizó una de las operaciones más mediáticas de los últimos años en Madrid: la venta, por 14,6 millones, del ático más caro de la capital, un tríplex de 750 m², incluidos 200 m² de terraza, en la antigua sede de Azucarera en la calle Montalbán, 11, en el barrio de Los Jerónimos.

Fue la guinda de la rehabilitación a todo lujo que realizaron en un edificio adquirido en 2016 a Ebro, entre cuyos accionistas está el Estado. La exclusiva promoción de diez viendas se agotó en ocho meses. El tríplex (cinco dormitorios, siete baños, garaje robotizado para cuatro vehículos, vistas 360º al Palacio de Cibeles) fue la última unidad en venderse. “Incluye spa, baño turco, piscina y gimnasio de Technogym”, contaba Telemadrid en abril de 2021, tras comprarlo una familia centroeuropea. Fue la primera operación que superó en Madrid los 20.000 euros/m².

Para entonces, la AEAT ya tenía bastante avanzada una compleja inspección al principal gestor de Italinmuebles, Maximilian Pizzorni, hijo del fallecido fundador de Italcambio, Mario Pizzorni, y cuñado del miembro más conocido de la familia, el gallego-venezolano Carlos Dorado.

La inspección de Hacienda derivó en una reclamación de más de medio millón a Pizzorni entre liquidación (369.684,48 euros) y sanciones (163.919,92 euros) por el IRPF de 2015 a 2018, que el Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) rebajó al anular la liquidación y las sanciones de 2016 por haber prescrito. Pero el grueso de actas las acaba de confirmar la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

Según la sentencia del pasado 16 de septiembre, la AEAT reparó en que ya antes de esa mudanza de Pizzorni, Italinmuebles había tenido una “intensa” actividad. En 2015 ya facturó más de 9 millones, había rehabilitado un edificio en la calle Velázquez, en plena Milla de Oro de Madrid, y vendido algunos de los pisos, “sin que la entidad contase con personal dependiente”. La Inspección se preguntó “si está justificado empresarialmente el inicio de la relación laboral”.

Su conclusión fue que no lo estaba y que el contrato de trabajo que Pizzorni esgrimió para ejercer como gerente de la empresa familiar fue una simulación; que esa relación era mercantil y no laboral y había un vínculo previo a su mudanza. Además, Pizzorni no era un empleado más: antes de mudarse a España, ya administraba Italinmuebles. Ejercía como secretario del consejo y representante legal y dirigía las áreas de recursos humanos, financiera y comercial. Funciones que, según la Agencia Tributaria, “exceden de las propias de un trabajador común”.

Además era accionista, aunque minoritario; había “una evidente vinculación por razón de parentesco entre los socios”; y había prestado dinero a Italinmuebles (1 millón de euros) para financiar sus proyectos. “Todos los años” su sueldo estaba “en el umbral de los 600.000 euros”, el límite para tributar a ese 24%. Pero “la forma de cálculo de la retribución resultante no se ha justificado”, determinó la AEAT, que le denegó esas ventajas fiscales y le sancionó por apreciar una conducta negligente.

El TSJM ha avalado las liquidaciones y multas de 2017 y 2018 porque “claramente” el motivo de su mudanza “no se halló en el contrato de trabajo firmado con Italinmuebles SL” y no cumplió los requisitos para ese régimen especial.

La sentencia, susceptible de recurso, rechaza, como argumentó Pizzorni, que la AEAT quedase “vinculada” al concederle ese régimen especial, porque no puede hacer una comprobación previa “exhaustiva” de esos requisitos y descubrió el fraude tras una investigación que se prolongó años. Entre otras cosas, por la “complejidad” de un procedimiento en el que la AEAT tuvo que hacer requerimientos de información a Reino Unido y Puerto Rico y por el “reiterado” rechazo a aportar documentación de Pizzorni, que sí logró tumbar la liquidación y la sanción relativa al ejercicio 2016 por haber prescrito. 

Con una plantilla exigua, Italinmuebles facturó 22,6 millones en 2021, último año en que presentó cuentas en España, y declaró 2,89 millones de beneficio, según datos de Insight View. Pizzorni fue su administrador desde que se creó en 2013. Primero en solitario, y luego junto a su hermana y su cuñado. La empresa se trasladó a Malta, uno de los territorios más opacos de la UE, en junio de 2022, en paralelo a la resolución del TEAR ahora confirmada por el TSJM. 

Sin arnés

Ese mismo órgano, en este caso la Sala de lo Social, rechazó el pasado junio otro recurso de Italinmuebles contra la decisión del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de subir en 2019 un 30% los recargos en las cotizaciones de la empresa por un grave accidente laboral.

En marzo de 2018, un obrero subcontratado en una promoción de Italinmuebles se precipitó desde una altura de tres metros trabajando en la construcción de dos chalés de lujo con 700 m² de superficie y 2.500 m² de parcela en La Moraleja, otra de las zonas más caras de Madrid. “Una vivienda pura y serena con espacios cálidos y acogedores”, se lee en su web.

Al trabajador, que rondaba los 60 años en el momento del siniestro, se le reconoció la incapacidad permanente total en septiembre de 2019. “Carecía de formación”, y no había recibido información sobre los riesgos y “el obligatorio uso” del arnés anticaídas, que no llevaba, según la sentencia firme del Juzgado Penal 22 que condenó en abril de 2023 por un delito contra los derechos de los trabajadores en concurso con otro de lesiones imprudentes al encargado general de una de las subcontratas, Molior Construcciones y Urbanismo, también de capital venezolano.

En ese procedimiento el afectado renunció a ejercer acciones civiles y penales tras ser indemnizado con 29.331 euros por el acusado, la subcontrata y la aseguradora. En mayo de 2018, la Inspección de Trabajo consideró “la falta de coordinación en prevención de riesgos” una “causa indirecta” del siniestro y sancionó con 6.000 euros a Italinmuebles como empresa promotora, además de aplicarle los recargos que la empresa recurrió en los tribunales, hasta ahora sin éxito, demandando al INSS y a las subcontratas.

A estos reveses se suma la sentencia de la Audiencia Nacional que en julio de 2018 confirmó la decisión del Banco de España de vetar en 2016 a Italcambio la compra del 67,25% de la empresa de remesas Mundial Money Transfer, conocida como Mundial Envíos, que en 2017 suspendió pagos tras reconocer “falta de veracidad” y apuntes “falseados” en sus cuentas.

El supervisor dictaminó que el holding venezolano carecía “idoneidad” apoyándose en informes del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac). Este organismo advirtió de que los compradores, Maximilian y Gabriela Pizzorni y el marido de esta, Carlos Dorado, estaban vinculados a negocios expuestos a “riesgo de blanqueo”, al operar desde varios paraísos fiscales; y de que Pizzorni había sido inhabilitado en julio de 2010 por la Superintendencia Nacional de Valores (SNV) venezolana para operar como intermediario financiero. También se tuvo en cuenta la confiscación, en diciembre de 2003, de un cargamento de 2,5 millones de dólares en efectivo en el aeropuerto de Caracas a una sociedad de Italcambio. La noticia del veto la avanzó en septiembre de 2018 El Confidencial, aunque ya no está disponible en su web.

El uso de firmas en paraísos fiscales es muy habitual en la familia. Junto a Italbank, el otro socio de Italinmuebles era Management Trade Agencies INC, de Panamá, donde administran varias sociedades. Dorado (65 años) y Gabriela Pizzorni (72) dirigen en España firmas como Enhaut Ventura, Nigitmar Investments, Bauli Investments o New Charlotte SL, trasladadas en 2011 desde Islas Vírgenes, a tiro de piedra de Puerto Rico. Su sede, en la calle Velázquez, es la misma que desde 2023 tiene Molior, la subcontrata para la que trabajaba ese obrero accidentado.

Dorado es bastante conocido en Venezuela. Articulista durante años en El Universal, su web personal le define como “empresario, economista, visionario y fiel creyente del emprendimiento como parte fundamental en el desarrollo social de un país”. Nacido en Forxa, una aldea de Ourense, emigró de niño a Venezuela con sus padres, de origen muy humilde. Tras estudiar Económicas, entró a trabajar en el banco Italo Venezolano. Acabó casándose con la hija del fundador de la entidad, muy exitosa en esos años, dada la numerosa comunidad de inmigrantes de origen italiano allí.

En 2018 el medio venezolano ArmandoInfo definía a Dorado como “el empresario que juega con fuego”: “Pasó de ser el opositor perseguido por el chavismo al empresario acomodaticio que se pasó a la acera de enfrente”. Además de negocios financieros, gestiona empresas relacionadas con el inmobiliario, la moda (la textil Casablanca, que lanzó a finales de los 80 asociado con el gallego Adolfo Domínguez) o la explotación de la marca Frida Kahlo, artista de cuya existencia se enteró en 2003: a sus oficinas de Miami “llegó a trabajar un empleado que llevaba una camiseta con la cara impresa de una señora horrorosa fumando un puro. ¿Y quién es esa mujer? Frida Kahlo, me contestó. ¿Y quién es Frida Kahlo?”, contó a El Mundo en 2007.

No sabía quién era, pero olió el negocio y en 2004 creó junto a la entonces única heredera de la pintora, su sobrina Isolda Pinedo, una sociedad en Panamá, Frida Kahlo Corporation, para explotar la marca. Primero fue un tequila, luego muñecas barbie, zapatillas Converse, cervezas, ropa… Pinedo falleció en 2007 y Dorado lleva más de una década de pleitos con herederos de Kahlo por los derechos. Pero esa es otra historia.