Apenas unas horas después de que la alcaldesa de Rivas Vaciamadrid, Aída Castillejo, anunciase que su municipio pediría a la Comunidad de Madrid la declaración de zona tensionada, el portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García aseguró que la respuesta sería un “no”. La misma que recibirían todas aquellas localidades que lo propusieran. El consistorio había preparado el informe técnico y un plan específico de medidas para atajar el problema de acceso a la vivienda y el aumento de los precios del alquiler. “No les dio tiempo ni a leerlo”, lamentan fuentes municipales.
Este caso no es único, pero refleja la estrategia que el Partido Popular ejecuta sobre la Ley de Vivienda de la mano de sus presidentes autonómicos. Con la madrileña Isabel Díaz Ayuso a la cabeza, pero respaldada por el resto de líderes territoriales. Este jueves, a las puertas de la Conferencia Sectorial convocada por la Ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, los consejeros 'populares' mostraban unidad con una foto de grupo tras un comunicado de sus respectivos Gobiernos en los que se oponían a declarar zonas tensionadas, por muchos ayuntamientos que lo pidieran.
En el caso de la Comunidad de Madrid, Rivas no es el único municipio que ha solicitado, aún sin respuesta institucional oficial, la declaración de zona tensionada. Lo han hecho también Fuenlabrada, Getafe, Ciempozuelos, Parla y Alcorcón. La alcaldesa de este último municipio, Candelaria Testa, estimó ya en marzo que la declaración de zona tensionada, que Ayuso niega, supondría que “en lugar de 1.100 euros, la ciudadanía pueda optar a alquileres más bajos, en torno a los 800 euros”. La regidora anunció la semana pasada su intención de llevar a la Asamblea, junto al resto de consistorio una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que les permita aplicar las medidas recogidas en la ley.
En su comunicado, los Gobiernos del PP manifiestan su “rotundo rechazo ante el intento del Gobierno de España de imponer sus fracasadas e inoperantes políticas de vivienda”, que en la práctica no han aplicado. En su escrito, justifican su decisión de no declarar en sus territorios zonas de mercado tensionada “y, por tanto, no intervenir los precios de los alquileres” porque “estas medidas solo sirven para provocar menor oferta de vivienda y subida de los precios”. Hasta ahora, la única comunidad autónoma que puede analizar sobre la práctica si esta medida sube realmente las rentas es Catalunya, que empezó a implementar la medida hace seis meses. Su consejera, Sílvia Paneque, admitía este mismo jueves que se empezaba a notar “cierto efecto”, con caídas de los precios de entre un 3% y un 5%.
En Galicia, el Ayuntamiento de Santiago de Compostela ha mostrado su intención de solicitar a la Xunta que declare zonas tensionadas. Para ello, ha encargado un estudio previo —uno de los requisitos que marca la ley— al Grupo de Estudos Territoriais de la Universidade da Coruña para que justifique la petición, que podría estar lista a finales de 2024. Por el momento, quien sí ha presentado la solicitud formal es A Coruña. Lo hizo hace justo un año, en octubre de 2023. Según la Xunta, esta no era una petición formal, sino un escrito remitido al Instituto Galego de Vivienda, tras los que se solicitó documentación adicional.
El Gobierno de Alfonso Rueda ha repetido a lo largo de los últimos meses una cosa y la contraria. Primero afirmó que la declaración de zonas tensionadas era “contraproducente”. Después, que se plantearía hacerlo si algún ayuntamiento lo pedía. En julio, la conselleira María Martínez Allegue aseguró que si un municipio lo pide y cumple, se aceptará. Este jueves, el logo de la Xunta era el primero que aparecía en el comunicado conjunto del PP. A media mañana, Martínez Allegue volvía a descolgarse y aunque se mostraba en contra, aseguraba que tramitaría las peticiones y, si cumplen los requisitos, “no quedará más que, por supuesto, acatar la normativa estatal”.
En Canarias hay cinco ayuntamientos que han solicitado que se aplique el artículo 18 de la Ley Estatal de Vivienda. Las Palmas de Gran Canaria, Granadilla de Abona, Adeje, La Orotava y la Villa de Mazo han pedido al Gobierno, de Coalición Canaria y el Partido Popular, la declaración. Aquí, el Ejecutivo autonómico, que no es partidario de la medida, ha impuesto a los municipios que elaboren sus informes técnicos, algo que la norma fía a la “administración competente”. En Catalunya, estos trabajos los impulsó la Generalitat. Hace unos meses, el portavoz canario Alfonso Cabello señaló que tendría que “ir viendo conforme vayan llegando” las peticiones.
La Generalitat Valenciana también está en contra de las zonas tensionadas. Y, como administración competente, llevará su posición hasta el final. Incluso por encima de la petición de dos de sus municipios, Sagunto y Denia, que lo han solicitado. En mayo de 2023, antes de las elecciones municipales y autonómicas, Valencia también lo había pedido, pero la nueva alcaldesa, María José Catalá, rechazó la medida.
En lo que va de año, los municipios de Cuenca y Azuqueca de Henares han aprobado mociones para declarar zonas tensionadas de vivienda. Fue en enero y febrero, respectivamente, pero, aunque fuentes municipales confirman que hicieron oficial la solicitud, desde la Dirección General de Vivienda aseguran que no les consta ninguna petición. El presidente Emiliano García-Page ha señalado recientemente que la solución para la crisis de la vivienda sería construir 300.000 al año y ha considerado que su región “afortunadamente” es “más ahormada y con poblaciones más equilibradas”.
En Cuellar, un municipio de la provincia de Segovia, con unos 10.000 habitantes, pidió en abril a la Junta de Castilla y León que aplicara esta medida que recoge la norma. El presidente Alfonso Fernández Mañueco consideró entonces que “no es necesario elaborar un mapa de zonas tensionadas”. Su consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones ha insistido este jueves en que “la intervención en el mercado limitando el importe de la renta produce una reducción de la oferta de alquiler y por tanto eleva los precios”.
El Gobierno de Aragón también está en contra de las zonas tensionadas. “No es el instrumento adecuado para combatir el incremento de los precios de la vivienda en los municipios turísticos”, consideró su presidente, Jorge Azcón. Según datos de la Consejería, solo el municipio de Canfranc llegó a solicitarlo, pero retiró la petición tras el anuncio de 30 viviendas públicas dentro un programa del Plan Aragón Más Vivienda 2024-2030.
En varias consejerías no constan peticiones. Es el caso de Balears, donde el mapa del poder municipal está teñido de azul PP. O Cantabria, donde el consejero de Vivienda, Roberto Media, ha afirmado que no declarará zonas tensionadas “bajo ningún concepto”. En La Rioja tampoco constan solicitudes. Ni en Murcia, donde desde la consejería señalan que “no va a hacer ninguna declaración de zonas tensionadas”, ni aunque se lo pidan, “porque no tiene un efecto real en el aumento de oferta de vivienda, como se ha demostrado en los sitios donde se ha aplicado”. Este medio preguntó al gobierno murciano antes de conocer las declaraciones de la consellera catalana, que confirman el sentido contrario.
En Andalucía, todas las capitales de provincia y la mayoría de las ciudades más pobladas y con alquileres disparados están gobernadas por el PP. Así, ningún municipio ha solicitado ninguna zona tensionada. De hecho, en Málaga, donde el precio medio del alquiler está en 14,5 euros por metro cuadrado, con un aumento acumulado del 46% en menos de tres años, el PP y Vox tumbaron en febrero una moción del PSOE en este sentido.
Tampoco en Extremadura se han registrado solicitudes. En cualquier caso, la Junta ha insistido en su negativa a declarar zonas tensionadas en un momento en el que en Cáceres, por ejemplo, este verano se han registrado precios récord de alquiler y los universitarios han tenido dificultades para encontrar alojamiento.
En la lista de zonas tensionadas, que abrió Catalunya y que abarca ya al 90% de la población, se ha sumado este miércoles Errenteria. El Ministerio de Vivienda dispone ahora de un periodo de tres meses para aprobar la declaración. También están en trámites Lasarte-Oria, Zumaia y Galdakao y se espera que se sumen en breve Irún, Donostia, Vitoria y Bilbao. “Errenteria es el primero, y ha abierto y marcado una vía que puede ser útil para muchos otros municipios. En este sentido, querría felicitar al Ayuntamiento de Errenteria, porque ha hecho las cosas correctamente y en colaboración con el Gobierno vasco. Seguramente ha sido más tarde de lo deseado, pero la seguridad jurídica también es importante”, ha manifestado el consejero vasco Denis Itxaso, que forma parte de la cuota socialista en el gobierno PNV-PSE. Precisamente, el PNV votó en el Congreso en contra de la norma, que llevó ante el Constitucional.
En Navarra, el Gobierno está trabajando para dibujar el mapa del precio real de los alquileres en la comunidad, que esperan tener listo a finales de año. A partir de entonces, los Ayuntamientos, con Pamplona a la cabeza, podrán solicitar que la declaración sea efectiva. La vicepresidenta tercera y responsable del ramo, Begoña Alfaro (Contigo/Zurekin), ha confirmado en varias ocasiones que aplicará la regulación de los precios del alquiler.
También ha pedido la declaración de zona tensionada Xixón, en los barrios de Cimavilla y L'Arena. Lo aprobó en un Pleno en noviembre de 2023 a propuesta de Podemos, con los votos a favor del PSOE e IU y el rechazo de Vox. El equipo de gobierno, de Foro y el PP, se abstuvo. El presidente asturiano, Adrián Barbón, ya ha apuntado su intención de aceptar las solicitudes de quien lo pida, tras el informe técnico que su Gobierno ha encargado.
Esta información se ha elaborado con la colaboración de las ediciones de elDiario.es
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