El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Alberto Nadal, ha planteado este martes que las eléctricas asuman, a través del denominado bono social, una parte del coste de no cortar la luz a las personas que están en situación de pobreza energética, que actualmente corre a cargo de los servicios sociales de ayuntamientos y comunidades autónomas.
En su comparecencia en la Comisión de Industria del Congreso, Nadal ha planteado que exista “una aportación adicional por parte del sistema energético en general” para financiar el coste de evitar los cortes de suministro a consumidores vulnerables. Los cortes sólo serían factibles previo informe de los servicios sociales.
Esa aportación adicional vendría de los fondos que nutren el bono social (descuentos para determinados consumidores de luz), que Nadal insistió en que quiere cargar sobre las eléctricas, tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo que ha anulado el sistema de financiación vigente hasta ahora, a cargo de una treintena de empresas del sector.
“A mí me gustaría que parte de la financiación del bono social vaya al apoyo que están dando en su ámbito Comunidades Autónomas y corporaciones locales a esto (evitar los cortes de luz)”, ha explicado Nadal tras su intervención en el Congreso. Para ello, se precisa cesión de competencias de las CCAA, a las que ha pedido “generosidad”, y tener el modelo de financiación de bono social aprobado.
“Si yo tengo financiación, ya financio el bono social y algo de los cortes de luz”, ha agregado. El ministro ha instado a los diputados a “elegir un nuevo marco para los consumidores en situación de pobreza energética severa” y a adoptar “lo antes posible” una definición de consumidor vulnerable. También ha recordado que la Comisión Europea no es partidaria de “alterar los precios para los distintos tipos de consumidores”, ya que esas medidas están incardinadas en la política social, según Bruselas.
Respecto al autoconsumo eléctrico, Nadal ha defendido que la normativa española está en línea con la de países como Italia, Dinamarca o Alemania y ha abogado por mantener un cargo a la producción con estas instalaciones siempre que sea “proporcional y justificado en función de los gastos del sistema”.
En su opinión, no sería “ni eficiente ni justo” que estas plantas “tengan una ventaja con el resto de consumidores en lo que se refiere a la parte fija de los costes”. Pero ha abierto la puerta a modificaciones en dos aspectos: la normativa de acceso a la red de las plantas y una regulación “más benigna” de las baterías de almacenamiento.
Nadal, que se ha mostrado convencido de que el fabricante de coches eléctricos Tesla está “mirando con cierto cariño” a España de cara a la posible instalación de una planta de fabricación, ha evitado pronunciarse sobre el futuro del almacén temporal centralizado (ATC) y el cierre definitivo del fallido almacén de gas Castor.
En su comparecencia, el ministro ha confirmado la puesta en marcha el próximo año de una macrosubasta para instalar 3.000 megavatios (MW) de energía renovable, que aumentarían un 10% la capacidad instalada de energías verdes. Nadal ha dado por hecho que España será “de los pocos países que cumplan” los objetivos de generación con renovables fijados por Bruselas para 2020.