Las nucleares ante la crisis de la luz: de la amenaza de apagón a la decisión pendiente sobre el almacén de residuos

El plan de choque del Gobierno para abaratar la luz ha puesto en el foco a las centrales nucleares. El lobby de esta industria, Foro Nuclear, ha puesto sobre la mesa un “cierre desordenado” de los reactores ante el paquete de medidas aprobado por el Ejecutivo el martes para mitigar la escalada sin precedentes que está sacudiendo a Europa, que en Reino Unido ya está forzando el cierre temporal de fábricas intensivas en consumo de energía por la carestía del gas natural. 

Foro Nuclear ha asegurado que el Real Decreto-Ley aprobado esta semana y, en especial, el proyecto de ley presentado hace ya meses para drenar sus ingresos (en este caso, de forma permanente) por el encarecimiento del CO2, actualmente en tramitación parlamentaria, pueden llevar al parque nuclear a la “inviabilidad económica-financiera” y al consecuente “cese anticipado de la actividad”. “Con el nivel impositivo actual” sería “imposible la continuidad de las centrales nucleares españolas”, aseguran.

Un discurso que mantuvieron este jueves los responsables de Energía Nuclear de Endesa e Iberdrola en su comparecencia a puerta cerrada en el Congreso, en la Ponencia de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico encargada de las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Ambos negaron, como ya hizo el presidente del Foro Nuclear en junio, que ese posible cierre sea una amenaza, y el director de Iberdrola Generación Nuclear, Francisco López García, fechó en 2024 el año a partir del cual las centrales dejarían de ser rentables, en función de las expectativas de precios del mercado mayorista de electricidad para ese ejercicio.

Este ha llegado a superar los 188 euros por megavatio hora (MWh) de media diaria esta semana. Según Foro Nuclear, el precio de venta real de la generación eléctrica nuclear, una vez minorado el precio del CO2, “no debería ser inferior a 57-60 €/MWh con el nivel impositivo actual. De no ser así, sería imposible la continuidad de las centrales nucleares españolas”.

Según fuentes parlamentarias, ambos directivos escucharon en su comparecencia reproches de parte de la izquierda sobre el “chantaje” al Gobierno con esa amenaza de cierres. También se les expuso que parte de lo que llaman “impuestos” a las nucleares no son más que la internalización de los costes de gestión de los residuos radiactivos y desmantelamiento.

Ese teórico apagón que las eléctricas no pueden decidir unilateralmente (necesitan un informe favorable de Red Eléctrica) encarecería todavía más la electricidad, al obligar a aumentar el uso de centrales de ciclo combinado, que queman gas natural, para cubrir el vacío de los siete reactores que operan en la actualidad. Estos suponen el 6,3% de la potencia instalada en España y producen alrededor del 20% de la electricidad. Son la primera fuente de generación.

Ese hipotético cierre también comprometería los objetivos de reducción de emisiones y supondría, de materializarse, otro problema adicional, el desmontaje de las instalaciones, que tiene encomendado el Estado a través de Enresa.

Para financiar la gestión de los residuos y el desmantelamiento de las centrales, esta empresa pública cobra a las eléctricas una tasa de 0,798 céntimos de euro por cada kilovatio hora (kWh), por la que Enresa cobró unos 480 millones en 2020. Pero sin producción, no habría más dinero para ese fondo, que a cierre de 2020 acumulaba 6.596 millones, 500 millones más que un año antes, tras aprobar a finales de 2019 el Gobierno una subida del 19% de esa tasa. Esta llevaba sin revisarse desde 2010.

El Estado asume el riesgo

En cualquier caso, es el Estado “el que finalmente asume las incertidumbres existentes en relación con el coste final de la gestión definitiva de estos residuos”, como recuerda el Gobierno en una reciente respuesta parlamentaria en la que argumenta su rechazo a autorizar nuevos reactores. Tras la catástrofe de Fukushima, esta idea quedó desterrada en España y hoy solo Vox la defiende en el Congreso.

Este jueves también compareció en esa sesión parlamentaria vetada al público el presidente de Enresa, José Luis Navarro, que expuso el estado de los desmantelamientos de las instalaciones ya clausuradas (las centrales de Zorita y Santa María de Garoña), además de cuestiones relativas a la gestión de residuos y sobre los almacenes temporales individuales (ATIs) que ha habido que construir para guardarlos, en ausencia de un almacén temporal centralizado (ATC). 

Una cuestión, la del ATC, que, en el actual contexto de crisis energética no figura entre las prioridades del Gobierno, que suspendió la tramitación de esta instalación por las dudas sobre el emplazamiento de Villar de Cañas (Cuenca) que eligió el PP. Sin embargo, el futuro del ATC debería quedar clarificado en el 7º Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), que el Ejecutivo tiene pendiente aprobar desde hace años.

A la espera de conocer la versión definitiva, Enresa tiene claro que su apuesta sigue siendo construir ese silo permanente, que en el mejor de los casos espera para 2028. 

En un documento que ha publicado recientemente, indica que su plan “sigue siendo disponer de un ATC que permita almacenar no solo el combustible gastado sino también parte de los residuos que se generen en las tareas de desmantelamiento de las centrales hasta liberar completamente sus emplazamientos, conforme al calendario de cierre ordenado de las centrales nucleares recogido en el protocolo suscrito en marzo de 2019 por Enresa y las empresas propietarias de las centrales”.

Ese calendario, que contemplaba un apagón gradual desde 2027 hasta 2035, se firmó con la tonelada de CO2 en 20 euros (frente a los 60 euros actuales). En el citado proyecto de ley que según Foro Nuclear les aboca al cierre, se fijan esos 20 euros como el nivel a partir del cual se activaría el recorte de ingresos a nucleares e hidroeléctricas por la subida de los derechos de emisión, que estas plantas tampoco soportan, y que también eleva los precios del pool eléctrico. 

El Gobierno defiende que ese suelo no supone ninguna detracción de los ingresos que recibían las empresas cuando firmaron ese protocolo. “Es más, contempla sus expectativas de mayores ingresos por la subida del CO2 al concederles un 10% de los ingresos sobrevenidos cuando el CO2 esté por encima de esos 20 euros por tonelada”, recuerda el Ministerio para la Transición Ecológica.

En la documentación que ha publicado con motivo de la licitación de un contrato para el suministro, por unos 220 millones, de un sistema de almacenamiento de residuos para las centrales nucleares de Ascó I, Ascó II, Almaraz, Vandellós II y Cofrentes autorizado en julio por el Consejo de Ministros, Enresa también incide en la necesidad de contar con estas instalaciones en 2026 y alude al posible “lucro cesante” para las eléctricas. 

“Un retraso comprometería la capacidad de las centrales para seguir operando, generando consecuencias graves e indeseadas, poniendo en riesgo las instalaciones afectadas, con las consiguientes consecuencias sobre la producción eléctrica y además se ocasionarían unos costes por lucro cesante” de millones de euros diarios que, afirma, habría que reconocer a las eléctricas.

El Gobierno ha cifrado en 2.600 millones el recorte temporal (hasta marzo) a la retribución extra que, a través del plan de choque aprobado esta semana, reciben las plantas que no utilizan gas por el encarecimiento de esta materia prima, que ha propiciado la sucesión de récords del llamado pool eléctrico. El plan del Gobierno ha provocado un rechazo frontal de las empresas eléctricas y fuertes caídas de sus cotizaciones en bolsa. También revuelo en el sector de las renovables, por las dudas sobre el efecto que tendrá la minoración del efecto de la subida del gas en el mercado mayorista en las instalaciones más antiguas, que ya no cobran primas y que sí se verán afectadas.

El miércoles, las patronales de renovables (APPA) y eólica (AEE) aseguraron que el recorte afectará también a esas plantas si tienen suscritos con un tercero contratos de suministro a largo plazo (los conocidos como PPA), lo que les llevaría a tener que pagar por producir por haber firmado esos acuerdos a precios muy inferiores a los actuales. Pero, según fuentes de la patronal fotovoltaica Unef, se debe a un error interpretativo que el Ministerio para la Transición Ecológica se ha comprometido a clarificar.