Foro Nuclear ha anunciado este martes la presentación de sendos recursos contencioso administrativos contra el abandono del almacén temporal centralizado (ATC) de Villar de Cañas y el nuevo Plan General de Residuos Radiactivos aprobado por el Gobierno en diciembre pasado. El lobby nuclear ha anunciado estos recursos en paralelo a las alegaciones a la subida de un 40% de la denominada Tasa Enresa que ha propuesto el Ministerio para la Transición Ecológica para financiar el desmantelamiento de las centrales y la gestión de los residuos, una vez descartado definitivamente el ATC de Cuenca.
Los recursos que se han interpuesto este martes son dos. Uno contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de diciembre de 2023 por el que se aprueba el VII Plan General de Residuos Radiactivos. Y otro contra el acuerdo por el que se adoptan las instrucciones necesarias para el abandono del proyecto para albergar el ATC en Villar de Cañas (Cuenca).
En este último recurso “se insta a Enresa”, la empresa pública que gestiona los residuos, “a llevar a cabo las actuaciones que proceden para la terminación ordenada de los procedimientos iniciados para su puesta en funcionamiento”.
Foro Nuclear ya trasladó el pasado 8 de enero que el nuevo plan de residuos, que apuesta por enterrar los residuos en almacén geológico profundo dentro de medio siglo y guardar hasta entonces los residuos en almacenes independientes, suponía “un coste muy superior al previsto inicialmente debido a nuevas soluciones adoptadas y falta de consenso entre las diferentes instituciones involucradas”. La asociación indica que “en ningún caso” estos extra-costes “deberían imputarse a las centrales nucleares españolas, que aportan anualmente al Fondo Enresa del orden de 450 millones de euros” a través de la Tasa Enresa.
El coste superior de este nuevo Plan, recuerda, “supone un cambio sustancial de las condiciones en las que se alcanzó el acuerdo de Protocolo de Intenciones de 2019 con respecto a la Tasa Enresa” para un apagón nuclear progresivo a partir de 2027. Una tasa “que ahora se pretende incrementar en un 40%”.
En sus alegaciones, Enresa solicita “una mayor información económica que justifique este incremento, así como la eliminación de los extracostes derivados del VII Plan General de Residuos Radiactivos, que no son imputables a las centrales nucleares”.
También reclaman sacar de ese fondo el importe del impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas, así como la reasignación al Fondo de Enresa de la recaudación de los impuestos sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nuclear y de almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas.
Foro Nuclear subraya que las centrales nucleares españolas “están sometidas a una carga fiscal excesiva, discriminatoria e incluso en algunos casos redundante, que penaliza el funcionamiento y la gestión de las mismas”.
“Cualquier incremento adicional de impuestos y tasas comprometería su viabilidad económica en un momento en el que las centrales nucleares resultan esenciales en la transición energética por la garantía de suministro que ofrecen y la no emisión de CO2 teniendo en cuenta, además, los retrasos en los desarrollos eólicos y los proyectos de bombeo como almacenamiento”.
Por todo ello, el sector nuclear reclama una “mesa de diálogo” con el Gobierno que permita alcanzar un marco estable para las centrales nucleares en el ámbito del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).