El discurso de Mariano Rajoy en la primera jornada del debate del estado de la nación contenía solo dos medidas dirigidas a reactivar el mercado laboral: por un lado, una nueva reducción de cotizaciones para los contratos indefinidos; por otro, una bonificación para los autónomos que reduzcan su jornada para cuidar a hijos menores de siete años o a familiares dependientes.
La nueva reducción de cotizaciones sustituirá a la ahora vigente tarifa plana de cien euros y abaratará de nuevo la contratación: los primeros 500 euros de salario estarán exentos de cotizar. Aunque falta por conocer los detalles, podrán acogerse a esta medida las empresas que formalicen contratos indefinidos –a tiempo completo o parcial– que impliquen un aumento de su plantilla. Esta reducción se aplicará sobre la parte de la cotización que paga la empresa por contingencias comunes. No afectará, por tanto, a la cotización que se abona para costear las prestaciones por desempleo o el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), ni a la parte que pagan los trabajadores.
Por ejemplo, por un trabajador a jornada completa con un salario de 20.000 euros, una empresa tendría que pagar ahora 4.720 euros anuales a la Seguridad Social. Con esta medida, sin embargo, cotizará por este trabajador como si su sueldo fuera de 14.000 euros: abonaría 3.304 euros a la Seguridad Social, con lo que se ahorraría cerca de 1.400 euros al año.
Por un asalariado con un contrato a tiempo parcial de cuatro horas diarias que perciba 500 euros mensuales, la empresa no cotizaría por los primeros 250, ya que la medida es progresiva en función de la jornada.
El cálculo no es baladí teniendo en cuenta que los contratos a tiempo parcial han experimentado un auge y que la estadística muestra que las horas de trabajo no crecen, sino que se reparten entre los asalariados. “Hay un troceo del tiempo de trabajo”, dice el técnico de empleo Enrique Negueruela, que señala que entre 2011 y 2014 se han perdido cuarenta millones de horas habituales trabajadas por los asalariados cada semana.
Estas cifras son las que vuelven a alertar de la amenaza que este tipo de medidas pueden conllevar para las arcas de la Seguridad Social, muy mermadas después de siete años de crisis y de desplome del empleo. “Es un torpedo en la línea de flotación de la Seguridad Social”, asegura Negueruela, que rechaza este tipo de medidas que apuntan al coste del empleo como problema del mercado laboral y no a la falta de actividad.
Una “herramienta inútil”
Son muchos los expertos que han subrayado que estas reducciones generalizadas de cuotas no sirven para estimular la contratación, sino que abaratan el coste del empleo para empresas que hubieran contratado de todas formas. “En este país, con cada debate sobre el estado de la nación tenemos una nueva bonificación. Son herramientas inútiles salvo que vayan destinadas a colectivos con problemas. No me parece que sea acorde con los problemas del mercado laboral español”, dice el economista y subdirector de Fedea, Ignacio Conde-Ruiz.
Los sindicatos también se han mostrado críticos con este anuncio. El secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, insiste en que este tipo de medidas “han demostrado que no generan empleo”. El secretario de Comunicación y Organización de CCOO, Fernando Lezcano, advierte de que los salarios “ya están deprimidos como para que se detraigan recursos públicos para que a los empresarios les salgan aún más baratos”.
(La anterior versión de este artículo afirmaba que la exención de cotización sería de 500 euros para todos los contratos. Sin embargo, finalmente la exención será progresiva en función de la jornada)