El Gobierno envió este sábado a la Comisión Europea el Plan Presupuestario. Es un documento en el que, además de informar a Bruselas sobre los Presupuestos Generales del Estado que se están tramitando, se incorporan datos sobre las previsiones de ingresos y gastos que maneja el Ejecutivo para el año siguiente. Así, se ha avanzado un margen fiscal de unos 10.000 millones para hacer frente a la ampliación posible de medidas frente a la inflación. También, se ha dado una estimación conjunta de las nuevas medidas fiscales que se han puesto en marcha para el próximo año. Serán 3.927 millones de euros de aumento de recaudación.
En concreto, el Gobierno ha perfilado en el Plan Presupuestario dos bloques de medidas tributarias que se aplicarán por primera vez en 2023. Por un lado, las que se incluyen en los Presupuestos Generales del Estado que ha comenzado su tramitación en el Congreso. Esto incluye fundamentalmente la reforma del IRPF para ampliar los beneficios fiscales para los salarios bajos a aquellos que cobren hasta 21.000 euros, que recorta en 1.565 millones de euros los ingresos para el próximo año. También se engloba en este apartado la ayuda de 100 euros para madres trabajadoras mediante una rebaja en el IRPF, que supone una menor recaudación de 222 millones de euros. Por último, una pérdida de ingresos de 21 millones de euros por aplicar una rebaja del IVA en los productos de higiene femenina. Todas suman un retroceso en la recaudación de 1.808 millones de euros.
Un segundo apartado incluye otras medidas, cuya tramitación es independiente de los Presupuestos pero que, irremediablemente, tendrá un impacto en los ingresos del Estado. La principal medida es el impuesto a las eléctricas y a la banca, que sumarán 3.500 millones en 2023. Este tributo todavía no se ha aprobado en el Congreso pero se cuenta con que esté listo antes de que acabe el año. En un escenario similar se encuentra el impuesto de solidaridad para las grandes fortunas. Esta figura, con la que el Gobierno intenta evitar que los más ricos escapen del Impuesto de Patrimonio por las bonificaciones de las comunidades, prevé una recaudación de 1.500 millones de euros, según figura en el documento enviado a Bruselas. 491 millones de euros aportará el impuesto sobre los plásticos de un solo uso, aprobado en la Ley de Residuos y Suelos Contaminados. Por último, 244 millones de euros será lo que aporte en 2023 la suspensión de la compensación del 50% de las pérdidas de los grupos empresariales en el impuesto sobre Sociedades. En total, 5.735 millones de euros.
De este modo, el saldo de ambos grupos de medidas será positivo para el Estado, ya que generará un aumento de 3.927 millones de euros. El Gobierno, hasta ahora, únicamente había hecho una estimación global de 3.100 millones de euros de ganancia en dos años, aunque esta cuenta únicamente contemplaba el último paquete fiscal acordado por el PSOE y Unidas Podemos, y dejaba fuera el impuesto a los plásticos o los tributos de la banca y las eléctricas, que habían sido anunciados antes. Algunas de las medidas que se incluyen en esta cuenta enviada por el Gobierno a Bruselas todavía no se han aprobado, por lo que cualquier modificación durante su tramitación podría traducirse en un resultado diferente.
Buena parte de las novedades tributarias para 2023 son temporales y algunos de los efectos, en realidad, no se apreciarán hasta 2024. Por ejemplo, la rebaja del IRPF a los salarios bajos dejará otros 316 millones de impacto en ese año. Las rebajas incluidas para los autónomos se aplicarán en 2023 pero su efecto en las cuentas públicas será en 2024, reduciendo en algo más de 180 millones los ingresos públicos. La ayuda de 100 euros para madres trabajadoras también recortará 52 millones en la recaudación del IRPF en 2024.
No se percibirá hasta las cuentas de 2024 la subida de impuestos para las rentas del ahorro, que supone incrementar la fiscalidad en el IRPF para aquellos que más ingresen por esta vía. También en ese ejercicio se notará la rebaja de Sociedades para pymes de hasta un millón de euros de facturación del 25% al 23%, recortando en 292 millones los ingresos. La otra modificación en este impuesto, la ya citada que afecta a la compensación por pérdidas, tendrá el grueso de su impacto en 2024, dejando 2.195 millones de euros de ganancia para ese curso. En conjunto, las medidas que entran en vigor en 2023 tendrán igualmente un impacto positivo de 1.552 millones en 2024.
A este aumento de recaudación que provocarán las nuevas medidas fiscales se añadirá la tendencia que tengan el resto de figuras tributarias que no se han modificado. Dependerá de la evolución de la economía y los datos de la inflación, que son los que han movido las estadísticas de este año. Los Presupuestos Generales del Estado, que no tienen incluidas todas las medidas, prevén un aumento del 7,7% en los ingresos tributarios de 2023.
Dos planes presupuestarios
El documento en el que el Gobierno ha aportado todos estos datos hizo que se conociera este sábado que el Ejecutivo ha desarrollado dos escenarios presupuestarios para el próximo año, algo de lo que no había informado en las dos ruedas de prensa que se dieron con motivo de la presentación del proyecto de cuentas públicas del próximo ejercicio. El primero, el Escenario 1, supone las previsiones de ingresos y gasto que se han plasmado en el proyecto de ley que se ha registrado en el Congreso. El segundo, el Escenario 2, contempla la hipótesis de que se tengan que ampliar algunas de las medidas de apoyo a las familias y empresas por la crisis de inflación provocada por la guerra de Ucrania. Esto es, la subida del 15% del ingreso mínimo vital, las rebajas fiscales en la factura de la luz y el gas o las bonificaciones a la gasolina. El Gobierno no identifica cuáles son las medidas que pueden prolongarse, si bien reconoce a Bruselas que cuenta con un remanente fiscal de más de 10.000 millones para poder utilizar si se diera el caso.
¿De dónde sale ese colchón? El Ejecutivo cuenta, en su escenario base, con tener unos ingresos tributarios de 244.000 millones de euros. Esto supondría un aumento de algo menos del 10% respecto al año pasado. Sin embargo, esta previsión de cierre es “cauta”, según dijo el Ministerio de Hacienda, y reconoció que podía terminar siendo mayor. De hecho, hasta agosto la subida de recaudación ha sido del 18%. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, acudió este lunes al Congreso a valorar el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado y apuntó precisamente en esta dirección. El organismo cuenta con que la recaudación sea sensiblemente superior a la trazada por el Gobierno para este curso y, con ello, el déficit sea muy inferior al que tiene el Gobierno señalado para 2022. El Ejecutivo cuenta con el 5% y el Banco de España considera que será del 4,3%.
Esta diferencia es la que se convierte en un colchón fiscal que el Gobierno puede usar para ese Escenario 2 en el que contempla mantener algunas medidas de apoyo frente a la crisis. Es también la razón por la que el Banco de España considera “factible” el objetivo de déficit del próximo año, del 3,9%, pese a que las previsiones de crecimiento del Gobierno (2,1%), contrastan con las del organismo (1,4%). Según explicó Hernández de Cos, esta mayor recaudación en 2022 de la prevista —algo que ya sucedió en 2021— sería suficiente para compensar el aumento del gasto y el menor crecimiento del previsto.
Con este puzle fiscal, el Gobierno de coalición afronta en los próximos meses, hasta el cierre del año, diversos frentes que marcarán las cuentas del que será su último año. Lo fundamental, es la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado. Pero también deberá sacar adelante la proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos en la que se tramita el impuesto a la banca y a las energéticas. El Gobierno cuenta con la posibilidad de introducir en las enmiendas la creación del impuesto de solidaridad a las grandes fortunas. Esta norma debería estar lista antes del 31 de diciembre para que puedan cobrarse estos tributos en 2023.