En pleno recorte del empleo público, las administraciones exprimieron en 2013 la figura de los parados llamados para trabajar en tareas sociales. El número de contratos de colaboración social (la denominación formal de esta fórmula) se duplicó respecto al año anterior: pasaron de 4.538 contratos en 2012 a 9.767 durante el año pasado. Entre 2008 y 2012, las administraciones suscribían una media 4.500 contratos de colaboración social al año.
La normativa laboral permite desde el año 1982 que, bajo una fórmula llamada “colaboración social”, las administraciones llamen a los desempleados para hacer tareas voluntarias no remuneradas –pero por las que se da un complemento económico que se suma a la prestación– mientras siguen en el paro.
Hace poco, el Tribunal Supremo sentenció que las administraciones no pueden usar esta fórmula para cubrir tareas habituales y permanentes, sino que deben justificar que se trata de trabajos temporales acotados en el tiempo.
El caso más llamativo es el de la Comunidad de Madrid, que pasó de contratar sólo a 42 parados en 2012 a 3.849 en 2013, lo que supone el 40% de todos los convenios de este tipo suscritos durante el año pasado. En mayo de 2013, el Gobierno de la Comunidad convocó unas subvenciones para que los ayuntamientos de la región ocuparan a desempleados que aún cobraban prestación mediante este tipo de contratos. Para el secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Raúl Olmos, estas ayudas hicieron que el volumen de este tipo de colaboraciones creciera enormemente.
“En muchos casos está siendo una forma de sustituir empleo ordinario por personas en paro”, asegura Olmos, que explica cómo muchos parados realizan labores habituales de las administraciones, actuando, por ejemplo, como agentes de movilidad o conserjes de centros culturales, o realizando labores como digitalizar las multas o los cobros de impuestos. Por eso, y con la sentencia del Tribunal Supremo en la mano, el sindicato va a lanzar una campaña de información para que las personas afectadas analicen su caso y piensen en la posibilidad de denunciar.
Precisamente, en las dos sentencias que ha resuelto el Alto Tribunal, la Sala de lo Social da la razón a dos personas que denunciaron a la Administración de Canarias: el Tribunal considera que su situación era la de una relación laboral ordinaria y dice que la finalización de la colaboración social fue en realidad un despido improcedente. CCOO también estudia la posibilidad de personarse directamente como sindicato en los casos más flagrantes.
Denuncias
“En Madrid se sustituyó el programa entre el INEM y las corporaciones locales para contratar a personas en paro durante varios meses por estas subvenciones para que los ayuntamientos usaran la figura de la colaboración social”, asegura Juan José Regatos, secretario general de Administración Local de CCOO en Madrid. Regatos subraya que son muchos los casos en los que los ayuntamientos han usado esta fórmula para cubrir plazas estructurales, algo que queda vedado tras la sentencia del Supremo.
Es el caso de Alcorcón. “En los dos últimos años se ha despedido a 105 personas. De los 53 despedidos el año pasado, 36 trabajaban en parques y jardines. Precisamente, 36 de los parados que llamaron en 2013 fueron para cubrir tareas de jardinería y parques. Se está dando un mal uso de esta fórmula: es sustituir trabajadores con contratos por personas en paro a los que les pagan un complemento, pero que mientras están gastando su prestación”, explica Retazos. Por eso, un grupo de personas 'empleadas' por Alcorcón están dispuestas a llevar al municipio ante los tribunales ante la negativa del Ayuntamiento a regularizar su situación.
Después de Madrid, destaca Murcia, con 2.450 parados voluntarios en 2013, un 20,7% más que el año anterior. Otras Comunidades han experimentado un incremento fulgurante de los contratos de colaboración: es el caso de Baleares, que tiene 283 parados voluntarios frente a los 25 de 2012, pero los casos se extienden por toda la geografía española.
CCOO también planea actuar en el Ayuntamiento de Alicante, donde ya denunció ante la Inspección de Trabajo el uso de parados voluntarios para llevar a cabo tareas estructurales. La Inspección instó al Ayuntamiento a proporcionar información detallada sobre este asunto a los representantes de los trabajadores, algo que hasta el momento no ha hecho.
“El personal colaborador social al que nos referimos realiza su trabajo en jornada completa en un centro de trabajo municipal, junto a otros empleados municipales, realizando funciones subalternas, auxiliares y/o técnicas, quedándose solos en ocasiones en el centro de trabajo, debiendo poner la alarma del edificio a su salida y quedándose con las llaves del centro, y por tanto consideramos existente la relación laboral”, dice CCOO en un escrito que ha remitido al Ayuntamiento de Alicante.
Si el municipio no regula la situación de sus colaboraciones sociales, el sindicato acudirá a los tribunales.