El ingreso mínimo vital no está llegando a gran parte de las personas en pobreza a las que va dirigido. Se ha reconocido ya a 160.000 hogares y el objetivo es alcanzar los 850.000. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, reconoció la semana pasada que el Gobierno aprobará cambios en la nueva renta mínima estatal porque, de lo contrario, no llegarán “ni de lejos” a esta meta. Un estudio de Cáritas ha señalado una de las debilidades del IMV: muchos hogares que podrían beneficiarse de la ayuda no la conocen o no han recibido información suficiente para solicitarla. Así lo indica en una encuesta casi la mitad de las familias que son atendidas por la ONG católica, pese a ser hogares en riesgo de pobreza y que acuden a pedir ayuda para satisfacer sus necesidades básicas.
La ONG ha presentado esta semana su segundo informe sobre los efectos de la pandemia en la población que atiende. Cáritas subraya que asiste en la actualidad a un número mucho más elevado de hogares sin ningún tipo de ingreso respecto a antes de la pandemia. En octubre, suponían el 16,4% del total de hogares atendidos, lo que se traduce en “unas 246.000 personas”. “En febrero, eran el 12,2%, unas 183.000 personas”, explica a elDiario.es Daniel Rodríguez, uno de los autores del estudio.
La carencia de ingresos se explica por la falta de trabajo de los afectados –muchas veces inestable, con periodos interrumpidos de actividad–, pero también por la carencia de protección social suficiente. En este último punto, Cáritas se ha interesado por cómo está llegando el ingreso mínimo vital a las familias con las que trabaja, que forman parte de los potenciales beneficiarios a los que se dirige la renta mínima estatal.
Prácticamente la mitad de los hogares encuestados por la ONG, el 49%, afirmaron no haber recibido información sobre el IMV. El 17% de las familias aseguró que había recibido algo de información sobre la ayuda, pero no la suficiente como para poder solicitarla. Finalmente, el 34% restante de los hogares respondió que sí había recibido información suficiente sobre el IMV. La encuesta –a un total de 927 familias atendidas por Cáritas– fue realizada entre octubre y noviembre, por lo que el ingreso mínimo vital ya había echado a andar desde hacía algunos meses.
El resultado de este desconocimiento es que muy pocos hogares había pedido el IMV: menos de un tercio, el 27%, “lo que representa un porcentaje muy bajo si tenemos en cuenta que el total de la muestra son hogares en una clara situación de exclusión”, destaca Cáritas en su estudio. A la vista de estos datos, la organización considera “como una cuestión relevante brindar información clara, precisa y sencilla para facilitar que las familias que tengan derecho a ello puedan comenzar los trámites de solicitud”.
De las personas entrevistadas que no habían pedido el IMV, la mayor parte (39,4%) alegó que se debía a la falta de información sobre la medida, mientras que un 31,6% apuntó que no tenía derecho. Entre las personas excluidas del IMV, Cáritas recuerda que se encuentran las migrantes en situación administrativa irregular, así como los jóvenes emancipados sin hijos, una situación que la organización ha criticado por dejar a un amplio colectivo de personas sin este derecho.
“Deficiencias” en la tramitación
El ministro José Luis Escrivá afirmó la semana pasada que hablaría con colectivos sociales que trabajan con población en riesgo de pobreza para intentar mejorar el IMV, no solo para que llegue a las personas que estaba previsto, sino también para mejorar su tramitación y que sea más accesible. El estudio de Cáritas recoge algunas “deficiencias” del ingreso mínimo que en su opinión están complicado que llegue a las personas que lo necesitan.
En concreto, un 1,1% de las personas entrevistadas afirmó que había intentado tramitar el IMV telemáticamente, pero “no lo había conseguido”. El principal motivo que señalaron estos hogares era que “la plataforma no me da la cita (colapso, siempre ocupada, etc.)”, en un 43% de los casos, seguido de “la falta de requisitos previos (no tener DNI electrónico, firma digital, etc.)”, el 34%, y por la “falta de habilidades/conocimientos para manejarme en internet”, que seleccionó casi el 25%.
“La práctica imposibilidad de acceder por otro canal que no fuera el digital, la desinformación y la complejidad burocrática, así como las incompatibilidades entre prestaciones públicas están haciendo compleja en exceso la posibilidad de solicitar y, en última instancia, percibir este apoyo por parte de las familias”, concluye el informe de la organización.
Cáritas destaca además que la mayor parte de los hogares que habían solicitado el IMV, el 73%, se encontraban aún a la espera de respuesta y solo un 6,6% lo estaba cobrando, lo que se podría traducir en “unos 100.000 hogares”, según la encuesta. Esta “parálisis de las instituciones” incrementa “la sensación de angustia y preocupación de las familias”, añade la ONG.
El informe señala además otra prestación que no ha llegado apenas a las personas que piden ayuda a la ONG: el subsidio de desempleo de empleadas del hogar. El 73,8% de las trabajadoras del hogar y de cuidados que participaron en la encuesta respondieron que no había solicitado este subsidio extraordinario creado durante la pandemia, pero gran parte de ellas no lo hicieron porque no tenían derecho a ello (básicamente por no estar dadas de alta en la Seguridad Social), el 38%, y otras muchas por no tener información sobre la ayuda, el 34%. Del total de trabajadoras entrevistadas que acuden a Cáritas a pedir ayuda, solo estaba cobrando el subsidio el 1,2% y un 0,4% estaba a la espera de su resolución.