La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha hecho público un informe sobre España este jueves que se alinea con las posturas económicas menos progresistas del Gobierno de coalición. El informe alaba al actuación del Gobierno durante la pandemia con las ayudas y avales a empresas y trabajadores, incidiendo en la petición de que se mantengan en el futuro concentradas en sectores y trabajadores que más lo necesiten, pero entra en el terreno pantanoso a la hora de posicionarse a favor de aspectos de la reforma laboral del Gobierno del PP, proponiendo el retraso en la edad de jubilación o lanzando dudas contra la subida del salario mínimo. El informe fue presentado por la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, junto al secretario general de la organización, Ángel Gurría.
La OCDE ha incrementado dos décimas su previsión del crecimiento de la economía española hasta el 5,9% para 2021, mientas que para 2022 señala un aumento del PIB del 6,3%, frente al 4,8% previsto anteriormente, donde el plan de vacunación será clave para consolidad la recuperación, según Gurría.
El organismo internacional alaba las medidas de apoyo público durante la pandemia, equivalentes a aproximadamente el 20% del PIB (incluidos avales y medidas indirectas), ya que “mitigaron la incidencia negativa de la crisis” pero plantea dudas sobre el camino de la recuperación: “Si bien la demanda interna puede ser más fuerte de lo esperado, un posible aumento de las insolvencias una vez que se elimine el apoyo de las políticas, plantea un fuerte riesgo a la baja y puede aumentar los préstamos morosos”.
Desde el punto de vista fiscal, la OCDE propone “mantener una política fiscal expansionista hasta que la recuperación esté encarrilada, prolongando las medidas de apoyo pero también haciéndolas más focalizadas” e insiste en que “cuando la recuperación esté bien encarrilada”, el Gobierno debería “anunciar un plan plurianual de consolidación fiscal que incluya a todos los niveles de la administración” para reducir la deuda y el déficit.
A la hora de posicionarse sobre figuras fiscales, el organismo internacional se centra en “el margen de mejora de la fiscalidad ambiental con el objetivo de ahorrar energía e incrementar la recaudación tributaria”. La OCDE aboga incrementar la tributación de los combustibles “para reflejar mejor las emisiones de CO2, una vez la economía entre en una senda de recuperación clara”. “La tasa del impuesto que grava los combustibles en sectores no incluidos en el régimen de comercio de derechos de emisiones de la Unión Europea es baja en comparación con otros países”, añade sobre España.
Como en otras ocasiones, la OCDE pide al Gobierno “limitar el uso de los tipos reducidos de IVA” y una reducción de las exenciones fiscales para las empresas a medio plazo.
Despliegue lento del IMV
En cuanto a la ayuda del Ingreso Mínimo Vital (IMV), la OCDE le llama la atención al Gobierno por la tardanza en su desarrollo y llegada a las personas que más lo necesitaban: “el despliegue ha sido lento”.
Hay un llamamiento a mantener el plan de ayudas antes estas incertidumbres y un tirón de orejas por la tardanza en poner en marcha subvenciones directas. “Es preciso ejecutar sin demora las ayudas directas anunciadas recientemente, que están dirigidas a empresas que atraviesan dificultades financieras debido exclusivamente al COVID-19 pero que tienen muchas posibilidades de volver a ser rentables en el futuro”. Esta misma semana la patronal de la pequeña empresa, Cepyme, se quejaba de que los 11.000 millones de euros prometidos para el sector hostelero y turístico aún no habían llegado a los empresarios por los cuellos de botella para canalizar las subvenciones.
Además, anima a facilitar “la reestructuración rápida de empresas viables con problemas temporales puede evitar su liquidación injustificada, y debe facilitarse en el ámbito extrajudicial para evitar que los procedimientos se demoren”, un planteamiento cercano al del Gobierno con su intención de reforma de la Ley concursal.
Respecto a los fondos europeos, el organismo que dirige Ángel Gurría llama la atención por los posibles problemas a la hora de su puesta en marcha entre los diferentes niveles de la administración. “Una absorción rápida de los fondos también puede coadyuvar a la recuperación a corto plazo. Se ha establecido un sistema de gobernanza que incluye a los distintos niveles de la administración. Será necesario un esfuerzo constante para afrontar las dificultades que puedan surgir en su aplicación”, apunta el informe.
Defensa de la reforma laboral de Rajoy
La OCDE hace una defensa de uno de los puntos más controvertidos de la reforma laboral que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy y que el Ejecutivo de coalición se había comprometido a modificar. “También serán cruciales para respaldar la recuperación determinados elementos de la actual regulación del mercado de trabajo, como la prevalencia de los convenios colectivos de empresa, que permiten a las empresas adaptarse rápidamente a los cambios de la coyuntura”, señala el texto. La prevalencia del convenio del sector es una de las principales peticiones de los sindicatos a la hora de remodelar el marco laboral que dejó el PP.
Además, aunque no aporta estudios consistentes sobre los supuestos obstáculos que puede producir la subida del salario mínimo, la OCDE señala que “es preciso evaluar las repercusiones que las rápidas y acusadas subidas del salario mínimo han tenido en el empleo, especialmente en el caso de los jóvenes y los trabajadores menos cualificados”, una posición que defendió el Banco de España y que lo llegó a enfrentar con una parte del Gobierno. El pasado enero el Ejecutivo ya creó una comisión en este sentido ante el reto de elaborar en tres meses un dictamen que permita diseñar la senda de incremento del SMI hasta el 60% del salario medio entre este año y 2023. Entonces, tanto la vicepresidenta Calviño como la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lograron imponerse a los socios de Gobierno de Unidas Podemos para retrasar a la recuperación económica una subida salarial que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, había limitado al 0,9%.
En el terreno laboral, la OCDE también incide en reducir la temporalidad de los contratos ya que “incrementa la desigualdad y la pobreza laboral” mediante la simplificación del abanico de modalidades contractuales de manera que se deje solo los contratos temporales para empleos estaciones o de formación. Además, insiste en que “los incentivos a la contratación han de dirigirse a los grupos más vulnerables y estar limitados en el tiempo” y reforzar los programas de formación para hacer los puestos de trabajo más estables.
Respecto a las pensiones, la OCDE se inclina por medidas que retrasen la jubilación para garantizar la sostenibilidad financiera a largo plazo del sistema de pensiones además de seguir potenciando a “proveedores de planes de pensiones y opciones de inversión disponibles a través de las empresas”. Entre otras medidas, proponen que “la edad de jubilación podría vincularse a la esperanza de vida. La edad efectiva de jubilación puede seguir retrasándose desincentivando la jubilación anticipada e introduciendo nuevos incentivos para prolongar la vida laboral, por ejemplo incrementando el número de períodos de cotización requeridos para cobrar la pensión íntegra”.
En este sentido las propuestas del organismo internacional se alinean con el primer bloque de la reforma de pensiones que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha puesto en la mesa de negociación con los agentes sociales: modificar la jubilación anticipada voluntaria (con más penalizaciones en los casos de retiro más temprano y de pensiones más altas y menos en la mayoría de casos) y para aumentar el 'premio' por retrasar el retiro más allá de la edad legal de jubilación.
Sobre la polémica de la ampliación del periodo que se tiene en cuenta para calcular la pensión de los 25 a los 35 años según recogía un documento que se envió a Bruselas., la OCDE no entra pero sí hace una proyección en la que calcula que se reduciría el gasto en pensiones en 2050: un 13,6% del PIB frente al 14,2% de las proyecciones actuales sin cambios. Respecto al compromiso de subir cada año las pensiones según el IPC, la OCDE no se posiciona.
Cotizaciones de los autónomos sobre la base real
La OCDE también respalda la propuesta de Escrivá, que se ha quedado encallada de momento, de elevar las cotizaciones de los autónomos. El organismo internacional apunta que “los porcentajes de cotización a la pensión de los autónomos siguen siendo bajos, en comparación con los de los trabajadores por cuenta ajena, lo que reduce su derecho a unas prestaciones adecuadas. Se les permite cotizar a tanto alzado y pueden elegir su base de cotización a partir de un umbral mínimo del 42% del salario medio, independientemente de ingresos reales... En consecuencia, en el caso de carrera completa, la pensión futura teórica de los autónomos es el 42% de la pensión de los asalariados con ingresos similares (figura 1.18, panel D) (OCDE, 2019[45]), lo que podría aumentar la pobreza en la vejez. Los tipos de cotización entre los autónomos y los asalariados deberían armonizarse, por ejemplo, garantizando que los primeros coticen sobre la base real y no sobre la base de cotización base de cotización de su elección”.
En el terreno de la digitalización, la OCDE propone ampliar la digitalización de las Administraciones Públicas, “reducir las excesivas cargas regulatorias para desarrollar la infraestructura de comunicaciones, así como las diferencias normativas entre autonomías”, reforzar la capacidad de los centros tecnológicos y más programas públicos de formación en el empleo, dirigidos a trabajadores mayores y con baja cualificación, centrados en fines específicos, como la mejora de las competencias sobre las tecnologías de la información y la comunicación.