Los datos recogidos por la Organización Internacional del trabajo dibujan un escenario desalentador sobre el número de personas que sufren trabajo forzoso. En España hay 25.000 personas que se encuentran bajo esta situación –según datos del Ministerio del Interior– y, tras la entrada en vigor el pasado jueves del Protocolo relativo al Convenio de Trabajo Forzoso, la OIT exige a España –y a los 187 estados miembros de la organización– la adopción de políticas y planes de acción encaminados a erradicar este tipo de trabajo que supone una “violación de los derechos humanos”, según establece el protocolo.
La OIT estima que el trabajo forzoso –aquel que desempeña un individuo bajo amenaza y para el cual no se ofrece voluntariamente– afecta a más de 24 millones de personas en el mundo, de las cuáles 16 millones pertenecen al sector privado, 5 millones son víctimas de explotación sexual forzosa –de las cuales el 99% son mujeres y niñas– y los 4 millones de personas restantes trabajan de manera forzosa para el Estado.
El Gobierno de Rajoy suscribió el protocolo de la OIT en 2017, sin embargo su entrada en vigor con carácter vinculante no se ha hecho efectiva hasta el pasado jueves. Mediante este convenio, España se comprometió a prevenir el trabajo forzoso y a proteger a los afectados con una serie de cambios legislativos que incluían un Plan Nacional de prevención y lucha. Por ahora, la ministra Valerio ha incluido este tema en la Mesa de diálogo social de empleo y relaciones laborales del Ministerio de Trabajo.
La eliminación del trabajo forzoso requiere “acciones urgentes en torno a la prevención, protección, acceso a la justicia y reparación de las víctimas”, advierte la OIT. Entre las medidas de prevención que establece el organismo figura la promoción de la libertad sindical y negociación colectiva para “permitir que los trabajadores en situación de riesgo estén representados”, información clara sobre sus derechos, además de medidas que garanticen por “contrato escrito” las condiciones de empleo.
En relación a la protección de las víctimas, con el objetivo de “eliminar abusos y prácticas fraudulentas por parte de los empleadores y agencias de empleo”, el organismo propone eliminar el cobro de comisiones de contratación, crear mecanismos de reclamación accesibles y la imposición de sanciones si se producen abusos.
La organización se detiene en la “asistencia inmediata, la recuperación y readaptación” de las víctimas de trabajo forzoso y exige a los Estados miembros que proporcione “atención médica, psicológica, social y económica” con vistas a la reinserción tanto educativa como laboral. Además, pone el foco en los migrantes sometidos a este tipo de trabajo y demanda la “concesión de un permiso de residencia temporal o permanente y acceso al mercado de trabajo”.
La última fase hace referencia al control de la aplicación de la legislación nacional y señala a la Inspección de Trabajo como una herramienta básica para la prevención y protección de los afectados por trabajo forzoso,
Los 187 estados miembros que reúne este organismo están obligados a asegurarse de que el trabajo forzoso “sea objeto de sanciones penales impuestas por ley realmente eficaces y aplicadas estrictamente”. Además, insta a los países a que establezcan mecanismos de acceso a la justicia para las víctimas de este tipo de trabajo con el objetivo de que tengan acceso a indemnizaciones por “daños personales y materiales”, según recoge el escrito.
“La persistencia de las diversas formas de esclavitud laboral es un fracaso moral de nuestra sociedad que no se puede tolerar y sobre el que debemos actuar. Nos parece una buena noticia que el trabajo forzoso se haya incluido como uno de los temas del diálogo social en la Mesa de empleo y relaciones laborales” destaca Joaquín Nieto, director de la OIT en España.