La organización no gubernamental (ONG) Global Witness ha publicado un crítico informe sobre la actividad de Star Petroleum, petrolera dirigida y participada por empresarios españoles, en Sudán del Sur, territorio devastado por décadas de guerra civil que logró la independencia en 2011 y en el que esa empresa negocia desde hace años la explotación de dos bloques exploratorios, en el que sería el primer acuerdo de este tipo desde la creación del país.
El informe plantea “preguntas urgentes sobre si la compañía”, que, asegura, es “española” (aunque su residencia fiscal está en Luxemburgo), “cumple con los criterios que fija la legislación para los inversores” en ese país, el más joven del mundo: “Competencia técnica, suficiente experiencia, historial de cumplimiento de los estándares éticos y capacidad financiera”.
Global Witness resume sus críticas básicamente en cinco aspectos. Según la ONG, la compañía está “íntimamente ligada a un hombre de negocios condenado por un fraude millonario”, el empresario Javier Merino; no hay información pública sobre quiénes son sus accionistas, más allá de “sociedades registradas en paraísos fiscales o jurisdicciones desconocidas”; Star Petroleum “no produce petróleo en ningún lugar del mundo”; y el acuerdo con las autoridades locales “se está negociando a puerta cerrada, y aprovechando un vacío legal, lo que significa que Star Petroleum no ha competido con otras compañías” para obtener esa concesión.
Tras siete meses de investigación, la ONG ha concluido que “la identidad de los propietarios últimos de la compañía es opaca”, un aspecto “preocupante”, dado que “los ciudadanos de Sudán del Sur no saben quién se beneficiará de los acuerdos que firme su Gobierno” con ella. El informe, que recuerda que este tipo de estructuras societarias “pueden, en ocasiones, utilizarse para evadir impuestos” o “permitir a funcionarios públicos mantener participaciones secretas”, asegura que Star Petroleum, con oficinas centrales en Madrid, pertenece a cinco sociedades que desde 2007 “han estado registradas en jurisdicciones secretas” que califica de “paraísos fiscales”.
De Samoa a Luxemburgo e Islas Vírgenes
Hypersonic LTD, el mayor accionista (89%), “se registró en 2007 en Samoa”, aunque posteriormente, en 2009, fue trasladada a un territorio “desconocido” y sus propietarios últimos no son públicos. En conversación telefónica, Ignacio Lacasa, responsable de Legal & Compliance de Star Petroleum, explica a eldiario.es que Hypersonic está radicada en Malta, que formalmente (desde 2006) no está en la lista de paraísos fiscales de la Agencia Tributaria española, aunque no especifica a quiénes pertenece esta sociedad. Se trata de “un ciudadano español con residencia fiscal en España”, según ha asegurado la compañía a la ONG.
En una nota, la empresa ha explicado que la identificación de sus accionistas “es una cuestión de confidencialidad”, “irrelevante” para los ciudadanos.
Lacasa, que dice que la empresa está “finalizando el proceso de negociación” con las autoridades sudanesas, “compitiendo con compañías como Total o Exxon”, asegura que “ninguno de los socios” de Star Petroleum, unos cuarenta, reside en paraísos fiscales, y recalca que “al Estado español le interesa muchísimo que una de las principales reservas petrolíferas del mundo sea controlada por una empresa gestionada por españoles”. El directivo de Star Petroleum sí confirma que el principal ejecutivo de la empresa, el ciudadano español de origen iraní Farshad Zandi, es “beneficiario efectivo” de “parte” de la participación de esa sociedad maltesa.
Zandi se adjudicó en 2012 con otra de sus empresas, SP Mining, y en alianza con el financiero español Alberto Cortina, una megaconcesión minera en otro país africano limítrofe con Sudán, Chad, aunque la sociedad quedó disuelta el año pasado.
En cuanto al resto de las sociedades que participan en Star Petroleum, el informe señala que todas están en territorios opacos: “Lecche [propietaria de un 2% de las acciones] y Kunert Beteilligung [1%] fueron ambas registradas en Luxemburgo. Plattsburg (7%) fue registrada en las Islas Vírgenes británicas” y “Elector (1%) fue registrada en Chipre”.
Global Witness considera igualmente “preocupante” que el empresario Javier Merino, marido de la exmodelo Mar Flores y fundador y exadministrador único de la compañía durante dos mandatos, “haya sido condenado por un delito de información privilegiada [por la venta de unas acciones de Cartera Hotelera] inmediatamente antes de su segundo nombramiento”, en 2010, algo que siembra dudas sobre la conducta ética de la compañía.
A principios de este año el Tribunal Supremo confirmó una sanción de 1,5 millones por ese delito. Merino recurrió al Constitucional, que ha suspendido la pena de un año de cárcel que se le había impuesto. Este lunes (fecha de publicación del informe) recibió el alta hospitalaria tras recuperarse de una malaria (contraída, precisamente, en un viaje a Sudán).
Merino “permanece como accionista, con una participación de alrededor del 3%”, señala la petrolera en su respuesta a la ONG.
Merino, subraya Star Petroleum, no fue condenado por su actividad en la compañía, pero Global Witness considera que “el alto riesgo de corrupción en Sudán del Sur, junto con los servicios de Merino en sus órganos de dirección después de ser condenado y su actual interés financiero en la compañía son preocupantes” y “deberían ser justificados por la compañía”.
En su investigación, Global Witness, que acusa a Star Petroleum de ser un inversor “especulativo”, algo que la empresa también niega, se interesó por otro exdirectivo de la compañía, Joaquín de Arespacochaga, hijo del fallecido Juan de Arespacochaga –que fue alcalde de Madrid en la Transición y senador con Alianza Popular–, y al que vincula con una de las sociedades luxemburguesas que participan en Star Petroleum, Kunert Beteiligung.
En junio de 2013, Arespacochaga, también fundador de la compañía, fue detenido por su presunta relación con una trama que obtuvo ilícitamente 21 millones de euros de subvenciones públicas para fomentar el empleo en la bahía de Cádiz. “Arespacochaga no tiene ninguna relación, directa o indirecta, con Star Petroleum”, argumenta la empresa, que sí reconoce que mantiene una participación “muy pequeña” en su capital, de en torno al 0,5%.
Inexperiencia
Otra preocupación de la ONG es la inexperiencia de Star Petroleum en el sector, ya que “no tiene activos en operación en ningún lugar del mundo”. La compañía es propietaria de dos bloques en Irán sin actividad “como consecuencia del embargo de la ONU” a ese país. La respuesta de Star Petroleum es que uno de sus principales directivos es un antiguo “vicepresidente ejecutivo” de Repsol, al que no identifica, que cuenta con 35 años de experiencia en el sector.
Global Witness realiza desde 1993 campañas “para cambiar el sistema exponiendo las redes económicas tras las zonas de conflicto, la corrupción y la destrucción medioambiental”, y en el pasado ha denunciado el comercio de diamantes en Zimbabue o los manejos de la dictadura de Obiang en Guinea Ecuatorial.
Sudán del Sur, un país rico en petróleo pero al borde de la hambruna cuyos ciudadanos, recuerda el informe, “están entre los más pobres del mundo”, está inmerso desde diciembre pasado en un nuevo conflicto militar que ha propiciado una crisis humanitaria y el desplazamiento de 1,7 millones de personas. “Para Gobiernos de todo el mundo, los contratos negociados en tiempos de crisis a menudo han resultado menos favorables” para esos países y, “a largo plazo, han redundado en menos beneficios para la población por la explotación de sus recursos”, recuerda Global Witness.
En su informe, la ONG indica que los acuerdos que Star Petroleum negocia para explotar dos bloques exploratorios, E1 y E2, son “económicamente importantes” para el país, el que mayor dependencia del petróleo tiene del crudo (representa el 75% de su presupuesto público), porque podrían proporcionarle “una fuente vital de desarrollo para sus ciudadanos”. “Es esencial que cualquier compañía que obtenga contratos” en ese país “esté cualificada para el trabajo y esté comprometida con la inversión a largo plazo”, dice la ONG, que considera “crucial” que este acuerdo “se someta al escrutinio de los legisladores nacionales, los ciudadanos y los donantes internacionales”.