El responsable de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, acaba de dar el visto bueno a una multa histórica, que castiga a las aerolíneas de bajo coste por cobrar de más a los usuarios. Lo hace en un momento donde los consumidores se sienten desprotegidos en ámbitos como la vivienda, por la oferta de pisos turísticos sin licencia y de inmuebles por temporada que se saltan la ley.
Bustinduy asume que “la democracia” aún tiene que llegar a “las relaciones de consumo, atravesadas por profundísimas desigualdades de poder” y cree que el Estado tiene que tener “la capacidad de regular para impedir las lógicas de desinformación, de intoxicación y de bulos” que no son gratuitas sino “orquestadas” porque “responden a una voluntad y a un proyecto político determinado”. En el ámbito político, reconoce que el caso de Íñigo Errejón le causa una “vergüenza enorme” y, aunque no da credibilidad a las acusaciones de Víctor de Aldama, considera que “es incompatible estar en el Gobierno de España y que la posición no sea tolerancia cero con la corrupción, caiga quien caiga”.
El Ministerio impuso el viernes una multa de 179 millones a aerolíneas 'low cost' por prácticas abusivas. Es la primera sanción de este tipo que impone Consumo. Prácticas como cobrar por el equipaje de mano y que ahora tendrá que decidirse en la Audiencia Nacional ¿Cree que esta sanción va a ser efectiva?
La sanción es efectiva, firme y es histórica, porque es la más elevada impuesta hasta ahora. La capacidad sancionadora del Ministerio es nueva, es un logro del Gobierno de coalición en la legislatura anterior. Es una sanción importante porque envía un mensaje clarísimo a la sociedad y a todos los agentes económicos: ninguna empresa, por grande o poderosa que sea, está por encima de la ley y no puede haber modelos de negocio que estén basados en la vulneración de derechos de los consumidores o en prácticas abusivas. Hay un Ministerio de Consumo y un Gobierno que van a velar por los derechos de los consumidores e impedir que cale la idea de que las grandes multinacionales son quienes dictan las reglas de las relaciones de consumo. La sanción ahora es recurrible ante la Audiencia Nacional.
Las aerolíneas alegan que los que van a salir perjudicados son los viajeros porque van a trasladar el impacto de esa multa a los billetes. ¿No es un poco, digamos, chantajista, decir “si no te cobro por un lado, te voy a cobrar por otro”?
Hay grandes empresas que se han acostumbrado a ser quienes dictan las reglas en el mercado o a estar por encima de las regulaciones o de las leyes. Estas declaraciones, que se pueden entender como presiones o como amenazas, en realidad, no se corresponden con la realidad. Estas prácticas, por ejemplo, cobrar por el equipaje de mano en cabina, es algo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó hace diez años que no se podía hacer. Las compañías 'low cost' empezaron a hacer estas prácticas hace cuatro o cinco años y, desde entonces, el precio de los billetes lejos de abaratarse no ha parado de crecer. En España, el precio medio de los billetes de avión ha aumentado un 64% en los últimos dos años, más del doble que en otros países europeos.
Hasta esta sanción, había cierta percepción por parte de las empresas de que Consumo no iba a ser proactivo a la hora de imponer sanciones. ¿Cree que con esta sanción van a asumir que el Ministerio va en serio y va a actuar cuando ve irregularidades?
Así lo espero, porque esta misma contundencia y firmeza en la defensa del principio de los derechos de los consumidores y las consumidoras es la que vamos a aplicar en todos los demás ámbitos en los que estamos actuando. Esta misma semana es el Black Friday y hemos emitido una nueva circular informativa advirtiendo de que el Ministerio de Consumo está monitorizando los precios en las grandes plataformas de comercio electrónico. El año pasado impusimos, después del Black Friday, dos sanciones por prácticas de falsas rebajas generalizadas. Hay plataformas de comercio electrónico que suben artificialmente el precio de un producto antes de que vengan las rebajas para, a continuación, bajarlo al precio original y venderlo como una rebaja. Cualquier plataforma que incurra en estas prácticas ilegales y abusivas va a ser duramente sancionada.
¿Y cree que este tipo de contundencia y este aviso puede animar a empresas que lo estén haciendo bien a denunciar a aquellas competidoras que llevan a cabo prácticas irregulares?
Claro, es parte de las consecuencias positivas de que haya un regulador y una autoridad proactiva. Hemos intentado hacer pedagogía en este sentido en el ámbito del consumo sostenible, donde se están dando prácticas de 'greenwashing', de eco postureo, pero una serie de actores económicos se están comportando de una manera responsable y están adquiriendo buenas prácticas. Es fundamental que los actores económicos se corresponsabilicen y denuncien las prácticas abusivas o que vulneren los derechos de los consumidores. La democracia tiene que llegar a las relaciones de consumo, que están atravesadas por profundísimas desigualdades de poder.
La democracia tiene que llegar a las relaciones de consumo, que están atravesadas por profundísimas desigualdades de poder
Hay otros sectores donde los consumidores pueden verse desprotegidos, como el alquiler turístico, donde hay pisos que se anuncian sin licencia; o el de temporada. Ustedes ya están investigando a inmobiliarias que cobran por servicios por los que, legalmente, no pueden cobrar. ¿Qué más puede hacer su Ministerio en materia de vivienda?
La investigación que abrimos a una serie de grandes inmobiliarias incluía varios supuestos. Hay inmobiliarias que siguen cobrando honorarios a los inquilinos por formalizar un contrato, cuando es algo que está explícitamente prohibido. Pero incluimos otras series de prácticas abusivas, como el cobro de fianzas ilegales. También, la formalización de contratos de temporada sin justificar. Sabemos que este es uno de los principales agujeros para sortear la Ley de Vivienda: transferir una parte de los contratos al alquiler por temporada o de habitaciones, que es algo particularmente sangrante, que afecta de manera desproporcionada a la clase trabajadora y a las familias en situación más vulnerable.
También estamos trabajando en el ámbito de los pisos turísticos sin licencia, tanto en la publicidad en plataformas, como con la estructura de propiedad: cómo los grandes tenedores están acumulando a efectos de especulación, un porcentaje cada vez mayor del parque de vivienda. Vamos a actuar contra las grandes gestoras de pisos turísticos, que pueden acumular miles de pisos, muchos sin licencia.
Estamos viendo cómo la vivienda está actuando como una aspiradora de riqueza, que está consiguiendo que la mejora relativa que hemos visto en la distribución de la riqueza y de la redistribución de los salarios en España sea absorbida por un mercado regido por una lógica especulativa y rentista que está haciendo que vivir de alquiler en España se haya convertido en un factor de exclusión social y de pobreza. Hay que intervenir el mercado de la vivienda.
Las redes sociales están llenas de supuestos gurús del éxito que venden formas de vida para llegar a ser rico. ¿No se ha planteado el Ministerio estudiar si hay publicidad engañosa en los mensajes de estos supuestos influencers?
El Ministerio ha llevado a cabo una campaña que generó cierta polémica y tenía que ver con la publicidad encubierta en entornos digitales. Monitoreamos la actividad de varios influencers, creo recordar que 17. Nos dimos cuenta de que se estaba vulnerando la normativa haciendo publicidad de productos, actividades o servicios sin explicitarlo. Es particularmente grave cuando se dirige a un público infantil o juvenil. Nos dirigimos a estos influencers asumiendo que, probablemente, en muchos casos se debía a un desconocimiento de la normativa y pedimos que corrigieran estas prácticas. Ahora estamos monitorizando que es así y no dudaremos en sancionar.
Entiendo que la pregunta va más allá y entronca con el debate de cuál es el papel de las redes sociales en la conformación de la opinión pública. Es una materia compleja donde entran toda una serie de normativas sobre la esfera audiovisual. Hay una propuesta de regulación de la figura de los influencers por parte del Ministerio de Transformación Digital. Tenemos que ir a un modelo de mayor regulación pública, es una cuestión esencial para la democracia, que tengamos la capacidad de regular para impedir estas lógicas de desinformación, de intoxicación, de bulos, de campañas orquestadas que responden a una voluntad y a un proyecto político determinado. La respuesta tiene que ser una regulación defensiva de las instituciones democráticas.
Vivir de alquiler en España se ha convertido en un factor de exclusión social y de pobreza. Hay que intervenir el mercado de la vivienda.
El Tribunal Supremo anuló puntos clave de la norma del Gobierno que limitaba la publicidad de las casas de apuestas. ¿Se plantea el Ministerio hacer otra legislación al respecto?
Vamos a recuperar aquellos artículos que el Tribunal Supremo consideró que no tenían el rango normativo necesario. De hecho, esas enmiendas están ya redactadas y las incorporaremos al procedimiento normativo en el Congreso. La instrucción que he dado es que sea lo antes posible. Vamos a recuperar esos artículos que tenían que ver con la publicidad de estas actividades en redes sociales, con la utilización de personas famosas para esas campañas, con los bonos de bienvenida que todo el mundo sabe que están dirigidos especialmente al público más joven. Y vamos a incorporar figuras adicionales, como las 'loot boxes', que son muy similares a las actividades de juego y están incorporadas cada vez más a los videojuegos.
En las últimas semanas, desgraciadamente, hemos sido más conscientes que nunca del cambio climático. Ha anunciado un Plan de protección social ante el cambio climático para reforzar la capacidad de acción del Estado frente a desastres como el causado por la DANA. ¿En qué consiste? ¿Qué se puede esperar de él? ¿Qué cambios habrá que llevar a cabo después de lo que ha pasado?
El plan que hemos anunciado tiene que ver con una premisa de la que somos conscientes, pero en la que no se ha avanzado todo lo necesario en el ámbito de las políticas públicas. Las poblaciones y las zonas más afectadas por los efectos de la crisis climática suelen ser las más vulnerables desde un punto de vista socioeconómico. En el caso de la DANA, hemos visto cómo la mitad de las víctimas eran mayores de 70 años, cuando representan un 15% de la población de esa zona. Este plan lo que busca es tener una radiografía detallada de la intersección entre vulnerabilidad socioeconómica y climática para poder desarrollar los mecanismos, no solo de atención para paliar los efectos, sino también la prevención. Es algo que sucede también con las olas de calor. Además, con cada uno de los impactos de esa crisis, esa vulnerabilidad se aumenta. El objetivo es desarrollar medidas para que, cuando vuelva a suceder, tengamos una red de protección social más ágil y con más capacidad de respuesta.
¿Qué le parecen las críticas de las derechas a la Agenda 2030? ¿Por qué la han convertido en un enemigo?
Porque en un mundo en el que se hicieran realidad los Objetivos de Desarrollo Sostenible se erradicaría el hambre, la pobreza, se atajaría la crisis climática y se defenderían los derechos humanos. Sería un mundo en el que el proyecto político de la ultraderecha no tendría cabida. Cada una de esas crisis económicas, ambientales, geopolíticas, sociales, las intentan aprovechar manipulando ese malestar.
Hay una parte importante que es desactivar y responder a los bulos. Si hay alguien que está afectado por el cambio climático es nuestro sector primario. No es la Agenda 2030 la que está afectando la viabilidad de la agricultura en España, sino que el 73% del territorio está amenazado por la desertificación.
Es una cuestión esencial para la democracia que tengamos la capacidad de regular para impedir lógicas de desinformación, de intoxicación, de bulos, campañas orquestadas que responden a un proyecto político determinado
También está en marcha la futura Estrategia Nacional de pobreza. ¿En qué fase está?
Confío en que la podamos tener en las próximas semanas. Es una estrategia compleja porque la pobreza es una realidad que hay que abordar desde distintas perspectivas, en coordinación con muchos ministerios. Pero la pobreza es el principal problema que tiene este país. Es absolutamente inaceptable que en la cuarta economía de la zona euro convivamos con niveles estructurales de pobreza por encima del 20% de la población. No puede ser, pese a lo que se ha hecho en los últimos años por el Gobierno de coalición. Hay estudios que dicen que el escudo social durante la pandemia impidió que un millón de personas cayera en la pobreza. Este Gobierno ha aumentado un 54% el salario mínimo interprofesional, ha hecho una reforma laboral que ha llevado la precariedad laboral y la brecha salarial de género a mínimos históricos. Solo en este año se han aumentado las pensiones un 5% y las prestaciones no contributivas, un 7%. El ingreso mínimo vital en este último año ha duplicado su tasa de cobertura de 300.000 a más de 600.000 familias.
Bruselas abrió expediente a España por no retribuir el permiso parental de ocho semanas. ¿Cuándo va a aprobar el Gobierno esta remuneración y para cuántas semanas? ¿Y cuándo se legislará el aumento a 20 semanas del permiso de maternidad y paternidad?
Si por mí hubiera sido, habrían visto la luz ya hace meses. No lo he conseguido todavía, entre otras cosas porque en 2024 no pudo haber Presupuestos Generales del Estado. Creo que una de las mejores noticias de estas últimas semanas es que la aprobación de la reforma fiscal no solo da viabilidad y estabilidad a la Legislatura, sino que también genera margen fiscal suficiente para que los presupuestos sean lo más ambiciosos y redistributivos posibles. Ambas medidas tienen que ver la luz, son esenciales para mejorar las condiciones de conciliación de las familias en España.
Hablando de la reforma fiscal. ¿Esta es la reforma fiscal hubiera hecho Sumar?
Evidentemente, no. Nos habría gustado una reforma fiscal mucho más ambiciosa, más parecida al Libro Blanco de la fiscalidad que se puso sobre la mesa hace unos años. España sigue teniendo un diferencial respecto a la media de la zona euro de ingresos públicos sobre PIB de casi cuatro puntos. Además, España tiene un diferencial de un punto del PIB en protección social a la infancia, estamos hablando de 17.000 millones de euros con la última revisión del PIB. España tiene un sistema de dependencia absolutamente infrafinanciado. Ahí está el problema y tenemos aquí a la derecha diciendo que vivimos en un infierno fiscal. Es falso. Nos habría gustado avanzar más en esa dirección y que hubieran salido el IVA de los pisos turísticos, aumentar la fiscalidad sobre las Socimis o los impuestos verdes. Vamos a tardar un poco más en sacarlos, pero lo vamos a hacer, sin duda. En esta legislatura, con esta mayoría parlamentaria tan compleja, haber conseguido sacar adelante el 15% mínimo de impuestos para empresas multinacionales y aumentar el IRPF para las rentas de más de 300.000 euros son medidas que van en la dirección correcta.
La base social que nos apoyó en las elecciones del 23 de julio quiere avances concretos, quieren más derechos y más redistribución, quiere la intervención del mercado
Estos días se cumplirá un año desde que Sumar entró al Gobierno. ¿Qué balance hace?
Mi balance es positivo, aunque, con toda sinceridad, es una legislatura difícil. La mayoría parlamentaria está fragmentada, aunque España sigue siendo una excepción a las lógicas geopolíticas que conducen a un mundo cada vez más desigual y más injusto. Nos gustaría avanzar más rápido y con mayor decisión. Este año el problema que hemos tenido es que no ha habido presupuestos, que es donde deben consagrarse las ampliaciones de derechos. Creo que se allana el camino para unos presupuestos generales para el año 2025 que avancen en la ampliación de derechos sociales, que supongan mayor redistribución de la riqueza y que abran el horizonte para seguir mejorando la condición de las clases trabajadoras.
¿Cree que a Sumar le está faltando iniciativa política?
Somos conscientes de que la base social y el electorado que nos apoyó en las elecciones del 23 de julio son exigentes y quieren avances concretos, quieren más derechos y más redistribución, quiere la intervención del mercado y un papel más activo ante los precios de la vivienda. En la medida en la que seamos capaces tenemos que conseguir unos presupuestos ambiciosos que avancen en esa dirección. Habrá un acercamiento con la base social de la izquierda cuando consigamos avances concretos. No se debe a una falta de voluntad o de ambición, la composición del Congreso hace que las condiciones sean difíciles. No tenemos un contexto de equilibrios políticos, pero vamos a por todas las prioridades que nos hemos marcado: la reducción de la jornada laboral, la remuneración de los permisos, luchar contra la pobreza infantil, intervenir el mercado de la vivienda y desarrollar el sistema de la dependencia en España. En todos estos frentes vamos avanzando.
Como socio de Gobierno, ¿Cuál es la posición de Sumar con respecto a las declaraciones de Víctor de Aldama que implican a cargos del Ejecutivo y del PSOE?
La credibilidad del señor Aldama es nula, tanto por su trayectoria como por su condición actual, credibilidad cero. Ahora bien, ante una acusación de tal envergadura y magnitud, que tiene implicaciones en una materia tan sensible como la corrupción, siempre decimos lo mismo: hay que esclarecerlo todo y vamos a ser absolutamente implacables. Es incompatible estar en el Gobierno de España y que la posición no sea tolerancia cero con la corrupción, caiga quien caiga, cueste lo que cueste. Por otro lado, con el momento político en el que está España, teniendo en cuenta el tipo de estrategias, políticas, mediáticas, judiciales que está siguiendo la derecha contra un gobierno legítimamente elegido en unas elecciones, nos conviene ser cautos y prudentes.
Usted compartió militancia con el señor Errejón tanto en Sumar como en Podemos. ¿Cómo vivió su dimisión y lo que vino después? ¿Qué cree que se hizo mal para que haya pasado desapercibido hasta ahora?
Lo primero es expresar un mensaje de rechazo absoluto por las agresiones y los comportamientos machistas que salieron a la luz. Mi sensación y la de muchísima gente fue de conmoción y, por qué no decirlo, también una vergüenza enorme. Pedimos perdón, tanto a las mujeres que sufrieron las agresiones, como a toda la gente que se sintiera decepcionada. Ahora bien, los efectos políticos fueron inmediatos y contundentes. Además, se generó un compromiso, que es lo único positivo que puede salir de una situación así, de desarrollar mecanismos y dispositivos para asegurarnos de que no vuelva a suceder jamás. Los partidos políticos son como la sociedad, tienen las mismas dinámicas. Tenemos que ser capaces de generar espacios seguros para la militancia y el trabajo político donde se erradique la violencia contra las mujeres como un paso más para eliminar la violencia contra las mujeres de la sociedad.
Entrevista completa en vídeo:
Vídeo: Javier Cáceres