El Pacto de Toledo ha cerrado sus recomendaciones para la reforma de las pensiones. Ha costado mucho poder leer esta frase. Han hecho falta más de cuatro años de reuniones, muchas negociaciones, algunas que acariciaron el acuerdo sin alcanzarlo en el último momento, y finalmente, este viernes 23 de octubre, la comisión parlamentaria que sirve de guía sobre el futuro del sistema público de pensiones ha conseguido cumplir con su misión, según confirman en el seno del Pacto. Entre las recomendaciones, destacan la apuesta de nuevo por la subida anual de las pensiones en función al IPC, que ya se logró preacordar en 2018, el saneamiento de las cuentas de la Seguridad Social a través de la llamada “separación de fuentes”, que saque varios gastos de su contabilidad, y que el Estado apoye el sistema mediante transferencias directas en lugar de a través de préstamos, para no incrementar su deuda en caso de que sea necesario.
La comisión ha puesto fin a las negociaciones sobre el texto este viernes, con una veintena de recomendaciones, y ahora da paso al posicionamiento de los grupos parlamentarios, que remiten el documento a la Comisión del Pacto para que se debata públicamente y se vote, lo que ocurrirá el próximo martes. Los partidos pueden respaldar incorporar votos particulares si no están de acuerdo con parte o la totalidad de las recomendaciones. Por último, el texto se envía al Pleno del Congreso para su votación.
La de este viernes es una fecha para recordar en el Pacto de Toledo, la comisión parlamentaria creada en 1995 con el objetivo de que las pensiones salieran de la pugna política y que en los últimos años estaba alejada de esta meta, por la que los diferentes partidos intentan aparcar las peleas que resuenan cada semana en los Plenos de la Cámara para tratar de consensuar el futuro del sistema público de pensiones, pilar de protección social fundamental del Estado. Esta guía suele funcionar como base para que los gobiernos de turno legislen al respecto, tras negociar también con los sindicatos y la patronal, para que las pensiones cuenten con el respaldo político y social.
Esto es lo que pretende hacer el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez lo antes posible y, en concreto, el ministro José Luis Escrivá, que será el encargado de acometer la nueva reforma del sistema. El responsable de la Seguridad Social tiene la intención al menos poder aprobar el nuevo mecanismo de revalorización anual de las pensiones antes de final de año. Así, la subida de 2021 ya operaría según el nuevo mecanismo regulado –vinculado al IPC– y mediante 'parches' legislativos al sistema del 0,25% que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy, como ha ocurrido en los últimos años.
La recomendación 2 aborda esta cuestión: la Comisión defiende el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas y “su garantía por Ley”. El texto contempla que la revalorización anual de las pensiones “en base al IPC real” sea como el mecanismo que ha de servir para conservar el poder adquisitivo de las pensiones, según el texto deinitivo alcanzado este viernes al que ha tenido acceso elDiario.es. Así, se repite la fórmula que se preacordó en 2018 y que interpretaban de manera diferente algunos grupos parlamentarios en cuanto a si el IPC sería el único indicador que se tuviera en cuenta o podrían considerarse algunos más, como el crecimiento del PIB, por ejemplo.
Garantizar el sistema a medio y largo plazo
El documento recoge una veintena de recomendaciones en las que se abordan diferentes aspectos específicos del sistema de pensiones y también de manera más amplia de la Seguridad Social que lo sustenta, con la premisa de garantizar el futuro del sistema público de pensiones a medio y largo plazo. De hecho, el texto incluye una 'recomendación cero' en la que subrayan el rechazo del Pacto de Toledo a una “transformación radical” del sistema que rompa con sus principios, de solidaridad, suficiencia y equidad entre otros. Pese a esta defensa central del sistema público de pensiones, la comisión también apuesta por avanzar en los sistemas complementarios, especialmente en los planes de trabajo que se acuerdan entre las empresas y los trabajadores.
El ministro José Luis Escrivá ha insistido mucho en la necesidad de que el Pacto de Toledo cerrara sus recomendaciones para dar “certidumbre” a la ciudadanía sobre la sostenibilidad y el futuro de las pensiones públicas. Las recomendaciones abordan a través de varias medidas una de las principales inquietudes sobre el sistema: garantizar sus recursos, la sostenibilidad financiera que garantice el pago de las pensiones no solo hoy, sino en las próximas décadas. El Pacto de Toledo emplaza a “acabar con el déficit financiero de la Seguridad Social y con la política de préstamos del sistema en un plazo breve de tiempo que no podrá exceder del año 2023”.
Para ello, el documento propone la “separación de fuentes”, por la que numerosos gastos que se suelen denominar “impropios” saldrían de las cuentas de la Seguridad Social, alimentada sobre todo mediante las cotizaciones sociales que pagan empresas y trabajadores. Se trata por ejemplo de las ayudas a la contratación a las empresas, las prestaciones relacionadas con el nacimiento y cuidado de los hijos y los gastos de funcionamiento de la Seguridad Social, entre muchos otros. En total, el ministro Escrivá calcula que estos gastos impropios ascienden a 23.000 millones de euros. Sobre la separación de fuentes ya existía bastante consenso desde hace años, pero al no emitirse las recomendaciones del Pacto de Toledo aún no se había avanzado más en ella. El Gobierno pretende acometer el traspaso de una gran parte de estos gastos en los Presupuestos Generales de 2021.
La comisión considera además que la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones “exige que, de manera gradual”, se avance a la cotización de los trabajadores autónomos según sus ingresos reales, otro de los planes del Ejecutivo que ha comenzado a negociar con los colectivos de autónomos, El texto definitivo ha añadido el apunte de que este cambio se produzca “en el marco del diálogo social”, una reclamación del PP, según fuentes del Pacto.
Las recomendaciones abordan también la situación del Fondo de Reserva, la llamada 'hucha de las pensiones', vaciada en un 90% durante el mandato de Rajoy ante el gran déficit que enfrentaban las cuentas de la Social. El Pacto destaca que, una vez se recupere el equilibrio de las cuentas de la Seguridad Social, “debe retomarse la regla según la cual los excedentes de las cotizaciones, sin límite alguno, han de incorporarse al Fondo de Reserva” y aboga por “establecer un remanente mínimo del Fondo de Reserva”.
Elegir los años cotizados para la pensión
Sobre el mecanismo de cálculo de la pensión, la Comisión “considera adecuado” mantener en 15 años el periodo mínimo de cotización necesario para acceder a una pensión contributiva de la Seguridad Social y coincide en que la progresiva ampliación de 15 a 25 años del periodo de tiempo utilizado para el cálculo de la base reguladora de la pensión, que se acordó en la reforma de las pensiones de 2011 y que culminará en 2022.
Como novedad en cambio el Pacto de Toledo recomienda evaluar “la facultad de elección de los años más favorables en la determinación de la base reguladora de la pensión”. Es decir, que el trabajador pudiera elegir esos 25 años de manera que le sea más favorable para el cobro de su pensión. La comisión considera que “esta solución puede resultar interesante” en supuestos como el de personas que durante un largo periodo de tiempo han experimentado una reducción significativa de las bases de cotización, por ejemplo los trabajadores que se vieron afectados por la pasada crisis económica con situaciones de paro de largo duración. En concreto, el Pacto destaca “los casos de vidas laborales muy prolongadas” para los que emplaza a considerar la posibilidad de que el trabajador pueda descartar “algún año concreto del periodo de cálculo ordinario” o escoger “el específico tramo de la carrera de cotización” que sirva de base para el cálculo de su pensión.
Al igual que el ministro Escrivá, el Pacto de Toledo apuesta por que la edad efectiva a la que se jubila la población en España se acerque “tanto como sea posible” a la legal, que avanza hacia los 67 años en el año 2027. Las recetas de la Comisión coinciden con los planes del Gobierno: incentivar el retraso voluntario del retiro más allá de la edad legal de jubilación, aunque los parlamentarios precisan que se atienda a “las situaciones de vulnerabilidad que esta tendencia a la prolongación de la vida laboral puede generar en determinados colectivos”. Sobre las jubilaciones anticipadas, se realiza una llamada a revisar la equidad de los coeficientes reductores y a tener en cuenta los supuestos de “carreras de cotización prolongadas y el sector de actividad” en que se produzca la jubilación.
La comisión también sugiere evaluar “la progresiva ampliación del periodo cotizado necesario para alcanzar el cien por cien de la base reguladora” y recomienda que en todas estas medidas se tenga en cuenta las posibles consecuencias negativas que pueden tener los cambios para “la brecha de género” en las pensiones.
En cuanto a las bases máximas de cotización y la pensión máxima, el documento contempla que deben “guardar el necesario equilibrio entre aportaciones realizadas y prestaciones percibidas para garantizar la contributividad”, es decir, el principio por el que recibes más prestaciones si has aportado más, pero también advierte de que no se debe menoscabar “la dimensión solidaria del sistema”. Por ello, la Comisión considera que la relación entre ambas variables “debe establecerse legalmente de forma clara y estable”.