Mientras el clima político se enturbiaba en otras salas del Congreso de los Diputados, con las broncas en el Pleno y las diferencias en la Comisión de Reconstrucción por la crisis del coronavirus, los diferentes partidos políticos han estado avanzando con discreción en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, sobre el futuro del sistema público de pensiones. Este “oasis” de entendimiento y colaboración en la Cámara Baja, como muchas veces refieren los propios partidos políticos, pidió a la Mesa del Congreso continuar sus trabajos en julio, mes en el que han multiplicado sus encuentros para ultimar el repaso en profundidad del borrador de recomendaciones que estuvo a punto de ser aprobado el año pasado y que se acordó utilizar como base esta legislatura. La intención de la comisión era terminar la revisión del borrador esta semana para centrar sus esfuerzos en intentar llegar a un acuerdo a la vuelta de la actividad parlamentaria en septiembre.
En el Pacto de Toledo no gusta demasiado hablar de tiempos ni plazos, sobre todo por las reiteradas ocasiones en las que las previsiones de acuerdo no se han cumplido. Las recomendaciones sobre el futuro de las pensiones que tiene asignada como tarea esta comisión ya tenían que haberse actualizado, pero en los últimos años no ha habido consenso para ello. En la pasada legislatura se rozó el pacto entre los distintos grupos, pero al final PP y Unidas Podemos se desmarcaron en el último momento, marcado por el adelanto electoral convocado por Pedro Sánchez.
Aun así, fuentes de varios grupos parlamentarios confirman a elDiario.es el espíritu constructivo que han tenido “todos los grupos, incluido Vox”, en los trabajos de la comisión en estas semanas previas al parón de agosto, con la intención de concluir antes de las vacaciones el estudio en profundidad de las 21 recomendaciones del Pacto de Toledo para poder centrarse en septiembre en la búsqueda del consenso. Al frente de la comisión se estrenó esta legislatura la exministra socialista de Trabajo Magdalena Valerio, con una gran voluntad de que los grupos logren el pacto y una figura que favorece el entendimiento entre las partes, explican desde el Pacto de Toledo.
“Hemos habilitado el mes de julio para seguir trabajando, en el que hemos tenido jornadas muy intensas, muchas horas de trabajo y las cosas han ido avanzando relativamente bien”, afirma Meri Pita, portavoz de Unidas Podemos en el Pacto. Las jornadas de este mes han servido especialmente para los grupos políticos y los diputados que se han incorporado de nuevas al Pacto de Toledo, para explicar en detalle las recomendaciones plasmadas en el borrador del año pasado, así como para actualizar los datos en materia de pensiones para que los grupos tomen sus decisiones.
El PP pide aclarar qué nos pide Europa
“La idea es retomar la comisión en septiembre para trabajar ya en el texto definitivo y en los votos particulares”, explica Tomás Cabezón, portavoz del PP en el Pacto de Toledo, que destaca la voluntad del Partido Popular para alcanzar un consenso sobre pensiones, “como ha afirmado Pablo Casado”. En el PP explican que no tienen tantas “prisas” como otros grupos parlamentarios para sellar el acuerdo en el propio mes de septiembre, pero sí comparten la voluntad de trabajar para que el acuerdo salga adelante lo antes posible.
Eso sí, en el PP reclaman que haya todavía alguna comparecencia más antes de cerrar el documento, como la del ministro José Luis Escrivá, y que “el Gobierno nos dé información clara sobre lo que nos va a pedir Europa en materia de pensiones”, añade Tomás Cabezón. Si esta mirada a Europa era ya una petición del PP previa a esta crisis por la pandemia, se ha reforzado con el acuerdo europeo para la reconstrucción alcanzado en Bruselas, que se plasmó en un fondo de 140.000 millones de euros para España. Aunque las condiciones del fondo europeo no aluden a las pensiones ni a la reforma laboral, algunas voces –especialmente en la derecha– insisten en que ambas materias pueden verse afectadas por esta financiación que recibiremos de la UE.
Los partidos que forman parte del Gobierno, y en especial el PSOE, comparten el interés expresado por el ministro Escrivá para cerrar un acuerdo antes de concluir el año. El responsable de la cartera de Seguridad Social publicó en las últimas semanas un artículo en prensa en el que reclamaba este pacto “para modernizar y asegurar el futuro de un pilar central de nuestro Estado del Bienestar”, pero también como “un justo tributo a esta generación que tanto luchó por ponerlo en marcha”, en referencia a las víctimas de la COVID-19, que se ha cebado con la población más mayor. “Creo que la gente quiere certidumbres y no me gusta hablar de plazos, pero sería bueno alcanzar el acuerdo lo antes posible”, explica Mercè Perea, portavoz del PSOE en el Pacto de Toledo, que destaca que en este periodo de conversaciones entre los grupos “hay muy buena sintonía, sin grandes diferencias en lo esencial, con la voluntad de llegar a unas recomendaciones integradoras”.
Varios diputados coinciden en que puede “no ser tan complicado” cerrar un texto común sobre pensiones entre todos los grupos, con acuerdo en cuestiones clave como la revalorización anual de las pensiones en base al IPC y la apuesta por la separación de fuentes de la Seguridad Social que impida que se debiliten las cotizaciones sociales debido el pago de lo que se conoce como “gastos impropios”, como los administrativos o las bonificaciones a la contratación para las empresas. Del mismo modo, entre los diputados se da por hecho que habrá algunos votos particulares en las cuestiones más conflictivas, pero que no debiliten en exceso la unión en torno a un texto amplio de recomendaciones.
Una de las mayores dudas pasa por qué hará Vox, que se había opuesto a la creación de la comisión, en el pasado ha criticado mucho al Pacto de Toledo y en su último programa a las elecciones generales mantenía una apuesta por un sistema mixto de pensiones semiprivadas. Por el momento, varias fuentes indican que el portavoz del partido liderado por Santiago Abascal ha estado documentándose como el resto sobre el borrador de recomendaciones y con una actitud bastante constructiva, pero la trayectoria del partido de extrema derecha en la Cámara se suele inclinar por desmarcarse de los acuerdos, incluso en cuestiones de gran consenso, como la puesta en marcha del ingreso mínimo vital contra la pobreza.