Tras los momentos más duros de la pandemia por el coronavirus, se retoma poco a poco la normalidad (o la nueva normalidad) y los deberes pendientes. El Congreso de los Diputados reinicia este lunes el Pacto de Toledo, la comisión parlamentaria que negocia el futuro del sistema público de pensiones. Desde que se pararan los trabajos por la emergencia sanitaria, hoy es el primer encuentro de nuevo de la mesa y los portavoces de los distintos grupos políticos del Pacto de Toledo que afrontan un importante reto: cerrar antes de terminar el año un acuerdo para reformar el sistema de pensiones.
El Pacto de Toledo echó a andar a finales de febrero, poco antes de que se desatara la pandemia en España. En su primera reunión, más bien protocolaria, todos los grupos parlamentarios alcanzaron un punto común: negociar sobre el borrador que fracasó en el último momento la pasada legislatura. El texto estaba ya muy avanzado, con algunas recomendaciones cerradas entre los grupos, como la número dos sobre la revalorización anual de las pensiones, con el acuerdo de que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo y las subidas anuales se realicen “en base al IPC real”.
Todos los grupos políticos coincidieron en no “tirar por la borda” más de dos años de trabajo, como les pidió la nueva presidenta del Pacto de Toledo, la exministra de Trabajo Magdalena Valerio. En este curso político la comisión cuenta con importantes novedades: Unidas Podemos ahora forma parte del Gobierno y la extrema derecha de Vox está dentro del Parlamento (y como tercera fuerza política).
Que Unidas Podemos está ahora dentro del Ejecutivo de coalición era una cuestión señalada por varios partidos a eldiario.es, en off o públicamente, como “una oportunidad” de estar más cerca de un acuerdo, del que se desmarcó en el último momento en la pasada legislatura porque insistía en que hacía falta negociar más varios puntos.
Distintas formaciones advertían de que ahora Unidas Podemos tiene más motivaciones para intentar cerrar con rapidez las recomendaciones sobre el sistema de pensiones que diseña el Pacto de Toledo, ya que el Gobierno de coalición del que forma parte se ha comprometido a impulsarlo en su programa de actuación y el ministro responsable de la reforma de pensiones, José Luis Escrivá, era partidario de aprobar la nueva legislación este 2020.
Escrivá insiste en llegar al consenso este año
La pandemia inevitablemente ha alterado los planes del Gobierno y modificado la agenda del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que adelantó la aprobación del ingreso mínimo vital para las familias en pobreza, un proyecto que en un inicio estaba pensado más a largo plazo en esta legislatura. Aunque Escrivá no ha querido dar una fecha segura sobre si podrá aprobar la reforma de las pensiones este año como pretendía, sí ha confiado en que este 2020 se alcance el acuerdo político en la comisión del Pacto de Toledo.
Así lo afirmó la semana pasada en su comparecencia en el Senado, donde afirmó que espera que la comisión parlamentaria llegue pronto a un pacto sobre pensiones que sea la base del Gobierno para legislar. “En febrero me reuní con todos los grupos y percibí la posibilidad de llegar a un acuerdo muy rápido a partir del texto que ya está prácticamente acabado”, sostuvo el ministro.
“Tengo la esperanza de que esto se pueda hacer para el año que viene, que tengamos un marco estable de revalorización de las pensiones indefinido y que no tengamos que hacerlo año a año en los Presupuestos. Vamos a intentarlo”, respondió Escrivá a las preguntas sobre la revalorización anual de las pensiones.
En la actualidad la reforma de las pensiones del PP está vigente, que supone la subida anual de las pensiones del 0,25%. Esta norma se ha exceptuado en los últimos años para que las pensiones se incrementaran según las previsiones de inflación, incluso al final del mandato de Mariano Rajoy. Para el próximo ejercicio, si no da tiempo a plasmar en el BOE la reforma de las pensiones, el Gobierno tendría que volver a aprobar una norma que evitara la semicongelación de las prestaciones.
La sostenibilidad de la Seguridad Social
La reforma de las pensiones busca garantizar la sostenibilidad de la caja de las pensiones, la Seguridad Social, a corto, medio y largo plazo. Sobre este tema, José Luis Escrivá ha defendido la garantía de las pensiones y la necesidad de transmitir a la ciudadanía seguridad y confianza en el sistema público.
En opinión del ministro, gran parte del debate sobre la falta de solvencia de la Seguridad Social –con unos 19.000 millones de euros de déficit antes del coronavirus– es falso, ya que esta caja (que se alimenta sobre todo de las cotizaciones sociales que pagan las empresas y trabajadores) se puede alimentar también de impuestos a través de los Presupuestos Generales del Estado, al igual que ocurre con otros gastos sociales.
A día de hoy la Seguridad Social asume varios gastos que son denominados “impropios”, partidas no contributivas que se pagan con cotizaciones sociales, y desde hace años hay consenso político en que se pueden sacar de la Seguridad Social para que no siga mermando sus recursos. Por ejemplo, las bonificaciones a las empresas para impulsar la creación de empleo y los gastos de funcionamiento del Ministerio de Seguridad Social.
Así, el Pacto de Toledo comienza de nuevo este lunes las conversaciones con el reto de alcanzar un acuerdo en este sentido (lo que se denomina “la separación de fuentes”), además de muchos otros puntos, como el papel de los planes complementarios de pensiones, la igualdad entre hombres y mujeres, las bases máximas de cotización y el llamado factor de sostenibilidad de las pensiones.
Esta comisión fue creada en 1995 con la mirada puesta en el consenso, en los acuerdos entre las diferentes fuerzas parlamentarias, todas ellas, dejando a un lado las peleas políticas en la medida de lo posible. Habrá que ver si, tras la pandemia y pese al clima de desencuentro entre las derechas y el Gobierno, el Pacto de Toledo es de nuevo un ejemplo de la posibilidad de acuerdos en el terreno político.