El Estado cubrirá con hasta 4.000 euros las reformas que necesiten los pisos cedidos por Sareb, la inmobiliaria estatal que se quedó con los activos tóxicos de la banca en 2012, a las Comunidades Autónomas. Así se desprende del proyecto de Real Decreto del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, que el Ministerio de Transportes y Agenda Urbana ha hecho público para recibir aportaciones hasta el 9 de julio.
El Estado también pagará entre 150 y 175 euros mensuales por vivienda a las Comunidades Autónomas para que estas hagan frente a los gastos de cesión. Hasta ahora, Sareb recibía compensaciones de entre 75 y 125 euros mensuales para cubrir los gastos de las comunidades de vecinos y el IBI, así que esta cuantía sube.
Sareb —más conocida como 'el banco malo'— ha firmado hasta la fecha convenios temporales con 13 comunidades autónomas y 29 ayuntamientos para ceder 3.048 viviendas para fines sociales (datos solicitados por Sareb a elDiario.es en marzo de este año, aunque la memoria de Sareb de 2020 habla de que la cifra asciende ya a 5.000). Estas viviendas se ceden en usufructo de forma temporal y sirven para que las Comunidades o Ayuntamientos puedan ofrecérselas a inquilinos vulnerables a precios reducidos.
Según recoge el texto del nuevo Plan, a partir de su aprobación podrán arrendarlas a un precio máximo de 350 euros al mes. Las viviendas cedidas por Sareb se destinarán, de forma prioritaria, a víctimas de violencia de género, personas que vayan a ser desahuciadas, personas sin hogar y otras “personas especialmente vulnerables”.
Como las viviendas no suelen estar en condiciones habitables, en los acuerdos que venían firmando los ayuntamientos y Sareb se establecía que las reformas fueran a medias (50% asumido por Sareb y 50% la administración concreta).
A principios de 2020, la entidad llegó a un acuerdo con el Gobierno para aumentar el número de viviendas cedidas en 10.000 (5.000 a medio plazo y 5.000 a largo). En ese acuerdo se establecía que “el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana asumirá parcialmente los gastos de la cesión y de los trabajos de rehabilitación y acondicionamiento necesarios”. El nuevo Plan Estatal de Vivienda cuantifica esos gastos.
Pese a que el parque de vivienda de Sareb —que tiene un valor de 18.787 millones de euros, según su última memoria— se sostiene con dinero público, porque el Estado es propietario del 45% y Europa obliga a que su deuda compute como pública, la entidad “cede” las viviendas y cobra por ello porque su obligación es terminar vendiéndolas para repagar toda la deuda que asumió. Los movimientos por la vivienda e incluso la nueva ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, han reclamado que ese parque de viviendas sea el “germen para crear un verdadero parque público de vivienda social”.