Primeros datos oficiales de pobreza tras el impacto de la pandemia. La población que vivía bajo el umbral de la pobreza el año pasado, con datos de ingresos de 2020, se elevó hasta el 21,7%. Más de una de cada cinco personas en España. Se trata del dato más alto de los últimos cinco años, desde 2016, con un aumento que –no obstante– no es tan pronunciado como el que se produjo en la pasada crisis financiera. La pobreza infantil aumentó al 28,9% desde el 27,4% anterior. El resto de indicadores, como la carencia material o la dificultad para llegar a fin de mes sí que se refieren a 2021 y destaca sobre todo un dato: el máximo en la serie histórica de pobreza energética el año pasado, con un 14,3% de la población en hogares que no pueden mantener una temperatura adecuada en casa.
Los datos provienen de la Estadística de Condiciones de Vida (ECV), que se publica este miércoles y que era muy esperada por las organizaciones y las especialistas que trabajan con población en pobreza. Los resultados se refieren a 2021, y dan información del año pasado sobre cuestiones como la carencia material y las dificultades para llegar a fin de mes, pero hace una fotografía sobre la pobreza de los hogares en España teniendo en cuenta las cifras de ingresos del año previo: 2020. Un año que supuso un shock por la pandemia y que las ONG querían analizar para ver cómo impactó en los ingresos de los más vulnerables.
Como muestra el siguiente gráfico, se observa el aumento pronunciado de la tasa de pobreza relativa (pobreza monetaria), que es la que tiene en cuenta los ingresos de 2020. Por otro lado, también refleja una subida, aunque más moderada, de la carencia material severa en 2021, que ya había aumentado mucho en la pasada estadística con resultados de 2020.
La pobreza que se mide en países ricos como España es una pobreza relativa, en comparación con la sociedad que nos rodera. Es decir, qué población vive con ingresos por debajo del 60% de la renta mediana. En 2021, el umbral de riesgo de pobreza en España bajó un 0,9% y se situó para los hogares de una persona (calculado con los datos de ingresos de 2020) en 9.535 euros anuales. En hogares compuestos por dos adultos y dos menores de 14 años, dicho umbral fue de 20.024 euros al año.
También se mide el riesgo de pobreza y exclusión social, la llamada tasa AROPE, que además de la pobreza monetaria mide otros indicadores de vulnerabilidad como la carencia material en cuestiones básicas (“una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días” y “mantener la vivienda con una temperatura adecuada”) y la intensidad en el empleo. Este indicador, que ha cambiado la metodología en el último año, también aumentó en 2021. Siguiendo la nueva definición, “se situó en el 27,8% de la población residente en España en 2021, frente al 27,0% registrado el año anterior”, explica el INE.
De nuevo, y en la tasa AROPE de manera más visible, el riesgo de pobreza y exclusión aumentó en esta crisis, pero mucho menos que en la pasada. La gestión de la pandemia ha sido muy diferente respecto a la recesión de mediados de los 2000, con medidas como los ERTE y las ayudas de paro a los autónomos que han sostenido las rentas de muchos hogares y facilitado la recuperación del empleo pospandemia.
En concreto para paliar la pobreza, el Gobierno aprobó el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una renta mínima estatal para hogares de muy escasos recursos, que se pudo pedir desde junio de 2020 y que a finales de ese año llegaba a unos 160.000 hogares. Ahora, su número ronda los 425.000 hogares y algo más del millón de personas beneficiarias.
La pobreza energética en máximos históricos
Entre las cifras de carencia material severa destacan en especial los resultados sobre pobreza energética del año pasado, en el que los precios energéticos empezaron a dispararse. Estos han seguido en auge este año, con escaladas récord que han dejado disparada la inflación. Este junio, esta alcanza un nuevo máximo desde el 85 con el IPC interanual en el 10,2%.
Solo con el contexto de subidas del año pasado, la pobreza energética alcanzó máximos de la serie histórica. Un 14,3% de la población respondió que vivía en hogares en los que no se podían permitir mantener una temperatura adecuada en casa. En esta ocasión, el dato está muy por encima del registrado en la pasada crisis, de gran impacto en la economía de los hogares españoles.
La pobreza energética aumentó sobre todo en los hogares más pobres. El 10% con menos ingresos es el que más aumentó su incapacidad para mantener una temperatura adecuada en casa. También destacan como colectivos más afectados los hogares monoparentales, generalmente compuestos por una mujer con niños a cargo, así como las personas en desempleo y la población extranjera, como desglosa el siguiente gráfico.
Organizaciones como Cruz Roja han advertido de que la medida específica del Gobierno para ayudar en los recibos a las familias más necesitadas, el bono social eléctrico, no está llegando a las personas con derecho a ello. Un 63% de los atendidos por Cruz Roja no están beneficiándose de estos descuentos pero tienen derecho a él, según un reciente estudio de la organización.
Más retrasos en el pago de vivienda
La fotografía fija de la carencia material severa de la población en España el año pasado, ya de recuperación tras lo peor de la pandemia y en el que se volvió a los niveles de empleo previos desde el verano, es la siguiente.
Un tercio de la población vive en hogares que no pueden afrontar un gasto imprevisto. Este porcentaje, aunque se redujo ligeramente respecto a 2020, es muy elevado en España y las organizaciones especializadas en pobreza advierten de que evidencia una gran vulnerabilidad.
Se trata de una enorme cantidad de personas que están a un paso de la pobreza en muchos casos y que están muy expuestas a situaciones inesperadas o extremas, como la gran inflación actual. En los que la rotura de una nevera, del coche o cualquier gasto inesperado que tengan que atender supone un roto en las economías familiares muy difícil de solventar. En el primer paquete de medidas por la crisis inflacionista, el Gobierno ciñó los apoyos a los beneficiarios del IMV, pero en el decreto de prórroga ha extendido los apoyos con un cheque de 200 euros y un incremento también de las pensiones no contributivas, entre otras iniciativas.
Destaca, además del gran incremento de pobreza energética, que también aumentó en 2021 pese a la recuperación el porcentaje de personas que ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad...) en los últimos 12 meses, que se situó en el 12,6%.
La desigualdad aumentó
Cuando se atiende a grupos de población, de nuevo, destacan las familias monoparentales por su gran empeoramiento. También las personas de origen extranjero y las desempleadas. Aquellas que ya estaban en una situación de más precariedad económica empeoraron más su situación en 2021 respecto a las que tienen más recursos.
Esa brecha entre los que más y menos ingresos tienen se saldó con un aumento de la desigualdad, después de años de descensos. “El ratio S80/S20”, usado para medir desigualdades y que compara los ingresos del 20% de la población de mayores ingresos con la del 20% de la población con menores ingresos, fue de 6,2 frente al 8,8 del año anterior.
Otro indicador para analizar la desigualdad de ingresos es el Índice de Gini, que también empeora. Este toma el valor cero en caso de equidad perfecta y el valor 100 en caso de máxima desigualdad. “Teniendo en cuenta los ingresos de 2020 el índice de Gini subió nueve décimas en 2021 y situó su valor en 33,0”, informa el INE.
Conviene destacar también las diferencias territoriales, con el sur de España mucho más afectado por las dificultades económicas de sus ciudadanos. Por ejemplo, en Canarias la mitad de la población (49,8%) afirma que no puede hacer frente a gastos imprevistos, respecto a menos del 20% en esta situación en Euskadi (18,4%).