Tras más de un año investigando el escándalo de las emisiones de vehículos manipulados, a raíz del caso Volkswagen, la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo aprobará este martes el informe de conclusiones. Un documento con el que se ha querido denunciar la inacción de los gobiernos europeos contra los fabricantes, ya que, a pesar de tener indicios desde 2008 de que se estaban sobrepasando los límites permitidos, no impusieron sanciones.
Tuvo que ser Estados Unidos quien destapara el fraude en septiembre de 2015, y desde entonces, Europa siempre ha ido por detrás. No ha sido, por ejemplo, hasta finales del año pasado cuando se han empezado a hacer pruebas en condiciones reales de circulación, más allá de los test de laboratorio, para saber cuál es la verdadera cantidad de partículas de oxígeno de nitrógenos que emiten los vehículos.
El borrador del informe atribuye el retraso a “decisiones políticas, tales como el interés de la Comisión Europea y los Estados miembros en evitar obstáculos a la industria, en los inicios de la crisis económica, en 2008”. Bruselas “no tiene instrumentos legales para buscar motores trucados, pero tenía la obligación de vigilar” si los gobiernos cumplían la directiva que los impide. Y no lo hizo. Sólo actuó el pasado mes de diciembre, cuando abrió procedimientos de infracción contra siete países –España entre ellos– por su pasividad. Aunque no les ha impuesto sanciones, a pesar de que existen pruebas de su mala praxis.
Para evitar que en el futuro se repitan escándalos similares, el Ejecutivo comunitario quiere adquirir nuevas competencias, para poder detectar por sí sola si se están trucando los motores y poder imponer multas a los fabricantes de hasta 30.000 euros por vehículo si se han incumplido las normas. Pero Alemania e Italia están retrasando la aprobación de la normativa, que pretende controlar una realidad que no sólo afecta a Volkswagen.
Estados Unidos destapó el mes pasado que también la italiana Fiat había manipulado el nivel de emisiones de sus coches. Y la justicia francesa ha abierto una investigación contra Renault, porque sospecha que ha trucado sus motores. Los fabricantes de automóviles pueden decidir actualmente en qué país realizan las pruebas de laboratorio para obtener la licencia de circulación. Una vez obtenido el permiso, tiene validez en los veintiocho Estados miembros.
Para evitar este hecho, los eurodiputados encargados de realizar el informe están discutiendo si esas autorizaciones deberían hacerlas una agencia europea independiente, al igual que ocurre en Estados Unidos. Pero no todos los grupos están a favor.