La “más frontal oposición”. Las patronales han comunicado su rechazo a la reforma de pensiones que les ha planteado este viernes el Gobierno, después de un acuerdo el jueves entre los socios de la coalición y con el respaldo de Bruselas. El paquete de cambios no incluye recortes y se centra en un gran refuerzo de los ingresos, sobre todo con la cotización de los salarios más altos, ahora exentos en parte. Los empresarios no solo han criticado las medidas, que tachan de “populistas”, sino que han incluido una amenaza: subir menos los salarios por el aumento de las cotizaciones, en un momento de gran golpe de la inflación a las familias.
Los empresarios se desmarcan así del lazo final de la reforma de pensiones, algo que se esperaba por el aumento de sus costes. En cambio, los sindicatos CCOO y UGT han valorado “positivamente” la propuesta del Gobierno de coalición y todo indica que recibirá el apoyo sindical. No obstante, las organizaciones de trabajadores intentarán sumar alguna otra mejora, han avisado.
“El sostenimiento del sistema se hace recaer en los trabajadores y las empresas del país mediante una subida generalizada de cotizaciones que mermará los salarios de todos los trabajadores e incrementará los costes laborales poniendo en peligro la creación de empleo”, dicen por su parte las organizaciones empresariales CEOE, Cepyme y ATA en un comunicado conjunto.
El aumento de las cotizaciones planteado por el Ejecutivo está centrado sobre todo en los salarios más elevados, que ahora a partir de los 4.500 brutos euros al mes no cotizan a la Seguridad Social, situando a España como uno de los estados de la UE donde menos aportan estas altas remuneraciones. En quienes ganan más de esta cantidad es donde se centra la recaudación de más ingresos para el sistema.
Además, se incrementa un poco el llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una cuota que aportan todos los trabajadores y empresas desde este año para llenar la hucha de las pensiones de cara a la jubilación del baby boom. El Gobierno plantea que pase de los 0,6 puntos porcentuales actuales a los 1,2 puntos porcentuales en 2029. Y que esta aportación se mantenga hasta 2050.
Ante más coste, “se absorberá” la subida salarial
Los empresarios critican de “voracidad recaudatoria” al Gobierno por el incremento de cotizaciones sociales. “A través de propuestas populistas como esta”, dicen, el Ejecutivo “socavará el esfuerzo de las empresas en las negociaciones salariales, ya que los trabajadores, con mayor carga por el lado de sus cotizaciones, verán absorbidos parte de los incrementos en su retribución”.
Así, las organizaciones patronales están a avisando de la repercusión de este incremento del coste laboral en la negociación salarial, algo que no tendría por qué ser necesariamente así, y culpan de ello al Gobierno.
La negociación sobre salarios se prevé que se retome a nivel estatal el próximo lunes después de un 2022 sin voluntad de ningún gran pacto de alza salarial, lo que se ha traducido en una gran devaluación de los salarios y el poder adquisitivo de los trabajadores y sus familias. Según el Banco de España, los beneficios empresariales subieron siete veces más que los sueldos.
Las patronales además apuntan que la reforma planteada “pone en serio riesgo a las pequeñas empresas y autónomos, que son la mayoría del tejido productivo del país, con menor músculo financiero y con costes crecientes”.
Por último, también critican al Gobierno por la falta de diálogo en el Pacto de Toledo, aunque el Ministerio de José Luis Escrivá lleva meses negociando con los sindicatos, Unidas Podemos y varios socios de investidura, como ERC y EH Bildu, con los que espera sacar la mayoría suficiente para aprobar la norma. Ante el visto bueno de Bruselas al paquete de medidas presentado por el ministro, importante para el cuarto desembolso de los fondos europeos, los empresarios hablan de “cesión de soberanía sin precedentes” de España ante la UE.