La patronal de la construcción es una de las dos organizaciones empresariales que participan en la entidad pública que debe pronunciarse sobre las prohibiciones de contratar con la Administración que ha propuesto la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para empresas sancionadas por formar cárteles como ACS, Sacyr, OHL, Elecnor o Comsa.
Constituida en 1977, la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) “es la organización empresarial cúpula del sector de la construcción en España, agrupando a la gran mayoría de las organizaciones empresariales de este sector”, tal y como explica en su web.
La patronal, que desde el mes pasado preside Pedro Fernández Alén, hasta entonces secretario general de Cepyme y sustituto del histórico Juan Lazcano, es una de las dos organizaciones empresariales propuestas por CEOE para formar parte del Pleno de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.
Este es el órgano adscrito a la Dirección General de Patrimonio del Ministerio de Hacienda al que la CNMC ha remitido las sucesivas resoluciones en las que ha activado el procedimiento para prohibir contratar con la Administración a empresas sancionadas por conductas anticompetitivas.
Esta posibilidad se introdujo en la reforma de la Ley de Contratos públicos de 2017. La primera vez que Competencia lo hizo fue hace ahora algo más de dos años, al desmantelar el conocido como 'cártel del AVE', formado por gigantes como ACS, OHL, Sacyr y otras como Indra o Abengoa. Hasta ahora, las empresas han esquivado el veto porque la resolución está recurrida por vía contencioso-administrativa en la Audiencia Nacional y las sanciones no son firmes.
De momento la CNMC ha pedido vetar a cerca de cien empresas activando ese procedimiento. Entre ellas hay muchas pymes, pero también grandes compañías como Duro Felguera (recientemente rescatada por el fondo estatal de empresas afectadas por la pandemia), la farmacéutica suiza Novartis o el fabricante catalán de áridos Sorigué.
La que más propuestas de vetos acumula es ACS, a través de sus filiales Cobra, Electren, SEMI, MASA, MAESSA y CYMI. A raíz del cártel del AVE, la mayor constructora del país se convirtió en líder en sanciones por amañar contratos en España.
En manos de Hacienda
La decisión final sobre un eventual veto a esas empresas corresponderá a quien en ese momento sea ministro o ministra de Hacienda, previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Pública sobre la duración y el alcance de la prohibición de contratar para cada una de las infractoras.
En el pleno de este órgano colegiado dependiente de Hacienda se sientan representantes de otros quince ministerios y de la Abogacía del Estado; y, desde la citada reforma de la Ley de Contratos, también están representadas, con voz pero sin voto, la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación y un representante de la CNMC.
Como representantes del sector privado están la secretaría general de la CNC y la presidencia de la Asociación Nacional de Fabricantes de Bienes de Equipo (SERCOBE).
A esta última patronal pertenecen empresas a las que la CNMC ha pedido vetar como contratistas de la Administración, como la ingeniería Elecnor o la asturiana Imasa, y, entre otras, la Asociación de Fabricantes de Sistemas de Conducción de Cables y Elementos Asociados (Asicoc) o la Agrupación de Empresas Fabricantes de Bienes de Equipo Eléctricos (AFBEL), a las que a su vez pertenece la multinacional francesa Schneider Electric, a la que Competencia propuso vetar por formar un cártel para repartirse contratos de la Agencia Española de Meteorología (Aemet).
Conflicto de interés
Algunas fuentes creen que esas organizaciones se van a encontrar un “evidente” conflicto de interés cuando les toque pronunciase sobre el veto propuesto por la CNMC, que fuentes de la patronal de la construcción niegan que exista. Argumentan que la CNC “no tiene empresas asociadas”, sino diferentes asociaciones, por tratarse de una confederación.
“Nosotros velamos por el cumplimiento de la normativa en materia de prohibiciones de contratar” y por la aplicación “proporcionada” de las cuestiones relativas a la prescripción y la caducidad de esos vetos, razonan esas fuentes, que entienden que no habría razón para inhibirse llegado el caso y recuerdan que los informes de la junta de contratación tienen carácter consultivo y están en minoría: en ella hay “un representante de cada ministerio y tres de Hacienda; en total, más de veinte personas, en un órgano de carácter colegiado”.