El juez Santiago Pedraz ha procesado a 14 personas, entre ellas los líderes de Ausbanc y Manos Limpias, Luis Pineda y Miguel Bernad, así como a la abogada Virginia López Negrete, por la supuesta trama de extorsión a cambio de retirar acusaciones, incluida la de la infanta Cristina en el caso Nóos. En un auto de transformación en procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento y previo a la apertura de juicio), les imputa delitos de estafa, extorsión, amenazas, administración desleal, fraude en las subvenciones y pertenencia a organización criminal.
Entre las supuestas extorsiones que se investigan en el caso, el juez incluye la “estrategia” de Pineda para “intentar negociar la retirada de la acusación de la infanta” en el caso Nóos por parte de Manos Limpias, a cambio de un acuerdo que les beneficie económicamente, en concreto “entre 2 y 3 millones de euros”. Una de las procesadas en la causa es López Negrete, la abogada que representó a Manos Limpias en el juicio de Nóos y que sentó en el banquillo a la infanta, ya que esta acusación fue la única que presentó cargos contra ella.
Pedraz asegura que Pineda lideró una organización criminal para sustraer dinero utilizando la “cobertura de defensa de los consumidores” que le daba Ausbanc y se dedicaba a coaccionar a entidades bancarias y empresas con amenazas de acusaciones judiciales de Manos Limpias o de hacer mala publicidad de ellas.
Así, usó y también financió al pseudosindicato liderado por Miguel Bernad “para reforzar dicha coacción” y lanzar amenazas de querellas contra las entidades coaccionadas o promesas de retirada de esas acusaciones, como ocurrió con el caso Nóos.
Contaba para ello “con el apoyo y el beneplácito” de Bernad, dice el juez, a quien “en cierto modo, controlaba y manejaba”.
En el primer nivel de la organización, el juez sitúa a Pineda (el único en prisión por este caso), a Bernad y a López Negrete y en el segundo a tres altos cargos de Ausbanc y sus empresas que actuaban bajo la directa supervisión de Pineda: Alfonso Solé, Ángel Garay y Francisco Javier Castro.
En un tercero el juez incluye a otros cargos de Ausbanc también supeditados a Pineda (María Teresa Cuadrado, María Manuela Mateo, María Isabel Medrano, Hermenegildo García y José Marín) y en el cuarto nivel a cargos menores de Ausbanc que conocían las prácticas (Rosa Isabel Aparicio, Luis María Suárez Jordana y Ramón Perfecto Rodríguez).
El magistrado acuerda asimismo el sobreseimiento provisional respecto a uno de los hasta ahora investigados, el abogado José María Gómez de León, que durante un tiempo ejerció la acusación en nombre de Manos Limpias en el caso de los ERE irregulares.
El juez destaca en su auto al menos ocho casos para retratar la connivencia entre Ausbanc y Manos Limpias. Aparte del relativo a la infanta en Nóos, menciona el “caso Sevilla”, el “caso Sabadell”, el “caso Facua”, coacciones a Volkswagen, al banco Santander y a Endesa.
En el “caso Sevilla”, concluye que Pineda cobró “una importante cantidad” por retirar la acusación de Manos Limpias contra el presidente de Unicaja, Braulio Medel.
Respecto a la asociación de consumidores Facua, Pineda usó a Manos Limpias para lograr imputar al líder de esta organización, Rubén Sánchez, en el caso de las facturas falsas de UGT. También utilizó a Manos Limpias en el procedimiento contra Volkswagen por las emisiones de CO2.
En el caso del Santander, detalla que Pineda “empleó su influencia y peso en Manos Limpias para que por parte del sindicato no se continuasen las acciones que se tenían previstas en relación a la denuncia por el presunto asesinato de Emilio Botín, y así aprovechar la petición de financiación vía convenio publicitario con el banco”.